Por Alejandro Baeza, poblador de Concepción.

La reciente "consulta ciudadana" que organizó el municipio de Concepción, en el contexto de la histórica demanda de un sector organizado de dirigentes sociales de Barrio Norte para la conformación de su territorio en una comuna en sí misma, descentralizada del municipio penquista (proceso resistido por administración UDI anterior de Jacqueline van Rysselberghe, y por la actual administración DC de Álvaro Ortíz a pesar de su compromiso previo con el proyecto durante la campaña, en la misma medida que el Partido Comunista, en una vuelta de chaqueta a la que nos tiene acostumbrado la desprestigiada clase política) conllevó una serie de elementos que hacen que pueda ser considerada -por lo bajo-, como el título de esta publicación plantea: un proceso ilegítimo. Esto puede explicarse en varios puntos:

i) En primer lugar se trata sólo de una consulta no vinculante, la campaña ha sobrecalificado la actividad como si se tratara de un plebiscito donde la comunidad decidía la creación de la nueva comuna o no. Hay que dejar en claro que ninguna comuna en Chile se ha creado a través de una consulta, pues esto no aparece en ningún punto de La ley orgánica constitucional de Municipalidades. De hecho no se aplicó en la creación de las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz en los noventa, comunas nacidas de Concepción, ni en la reciente Hualpén escindida de Talcahuano.

ii) La actividad fue una imposición por parte de la municipalidad. No fue una iniciativa del "Pro-comuna", ni de los pobladores de Barrio Norte o de Concepción; y como fue presentado en el punto anterior, no se encuentra presente en el ordenamiento jurídico que regula la creación de comunas en Chile. Por lo tanto, esta consulta fue un juego planteado por la parte más poderosa en la balanza y que a la otra parte, se vio obligada a aceptar.

iii) La "consulta" fue desarrollada unilateralmente, hubo participación de solamente un bando en la imposición y ejecución de la idea, en la planificación y en el desarrollo de la actividad. Los integrantes del Pro-Comuna quedaron fuera de este proceso.

iv) Extrañamente la consulta se aplicó a gente a toda la comuna, en lugar de los directamente involucrados, los habitantes de Barrio Norte y quienes estarían dentro de los límites de la comuna de Andalién. ¿Qué tenemos que ver quienes no seremos pobladores de la nueva comuna? ¿Qué sabe alguien de "Agua de la Gloria" de los problemas del consultorio Santa Sabina?.De hecho esta acción no hace más que generar dudas y sospechas

Estos cuatro puntos generan que la consulta carezca de toda legitimidad de origen. Sin embargo, también se puede establecer que además el proceso carecería de legitimidad de ejercicio (en términos de ciencia política) debido a los siguientes puntos:

v) La pregunta es claramente tendenciosa y direccionadora "está de acuerdo con dividir Concepción" plantea poca rigurosidad, que avergonzaría a cualquier metodólogo. Sea honesto, ¿hace falta ser experto para darse cuenta que hay una intención de direccionar?. Esto hace recordar al referéndum Austriaco en 1938, consultando si deseaban unirse a la Alemania Nazi. "El papel es inocente, la gente es libre de votar" podrá decir alguno naturalizado cinismo.

vi) En términos generales la votación no se basó en ninguna campaña y propuesta oficial, más que nada fue una "tincada" respecto a la comuna, sin información concreta, pues el informe de la SUBDERE (único organismo con voz autorizada en esta materia) aún no es público, por lo tanto, de hacerse una consulta ¿Qué sentido tiene hacerla en este momento? ¿En base a qué información se está votando? ¡En base a ninguna! Los principales argumentos que me ha tocado escuchar de quienes estaban contra la creación de la comuna eran del tipo "subirán las contribuciones", subirán los impuestos (como si existieran impuestos municipales), que se cerrarían consultorios, que dejarían de atender adultos mayores, etc. Todo esto hace sospechar una intencionada y bien planificada acción de posicionar esas ideas, no es coincidencia que siendo mentiras, sean tan mayoritarias.

vii) Irregularidades respecto al "padrón" (si es le puede llamar así en este caso), al no ser el SERVEL quien estuvo a cargo del proceso fue todo muy engorroso, gente que estaba inscrita en Concepción no pudo votar (lo digo con mucha propiedad, pues precisamente mi madre fue uno de esos casos).

viii) Finalmente, los serios casos de irregularidades denunciados, tanto por personas en redes sociales, por ejemplo el video de vocales induciendo el voto, o las denuncias hechas en la radio por personas como el ex delegado municipal Sergio Muñoz (y que pude corroborar por mis propios ojos) de que la urnas sólo estaban sujetas por una amarra plástica, considerando que pasaron 4 noches solas (¡una simple consulta realizada en 4 días! ¡hasta para elegir presidente nos demoramos menos!), la entrega a los votantes del periódico municipal "El Penquista", que en su páginas centrales hace referencia a la consulta e induce sutilmente el voto negativo (como si la idea hubiese nacido de un grupo pequeño), las denuncias de acarreo de votos con grupos de personas bajándose en furgones a votar en patota. En fin, una votación más cercana a aquellas del siglo XIX.

Pese a todo, la consulta se realizó de todas formas, con un total aproximado -según la municipalidad- de alrededor de 20 mil votos en un universo de potenciales 198 mil votantes (es decir, alrededor del 10%). Esto es poco representativo aquí y donde sea. Sin hablar de los 64 millones de pesos desfalcados en un proceso que se podría definir como fracasado. (y con polémica de por medio también)

En definitiva -y según la actual legislación- para la creación de una comuna no se necesita consulta, ninguna comuna creada el país lo ha hecho, la SUBDERE debe ver lo más conveniente para la población, que no tenía la información para votar en un proceso ilegítimo. Sin duda estos resultados (ilegitimos, reitero) serán usados como excusa para no llevar a cabo el proyecto, pero recordemos que la gente también se oponía mayoritariamente, hace unos años atrás, a la aprobación de la Ley de divorcio o a la derogación de la pena de muerte, sin embargo a la luz de la historia, fueron decisiones correctas pensadas en lo que era necesario por sobre intereses políticos cortoplacistas.