Denunciamos responsabilidad del Estado frente a vulneraciones que afectan a NNA más vulnerables del país

Por ABOFEM

Durante los últimos días, la Defensoría de la Niñez interpuso una querella en contra de la directora de una de las residencias colaboradoras del Servicio Nacional de la Niñez (SENAME) en la comuna de Hualpén, región de Bío- Bío. En ella se presentan denuncias por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil que comprometerían la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes que formaban parte de este centro.

Como Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) no podemos guardar silencio frente a estas graves acusaciones sobre delitos que atentan contra la infancia y su desarrollo de manera gravísima. El hecho de que estas violaciones de derechos hayan ocurrido al interior de un organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores, da cuenta de la desprotección en que se encuentra la niñez más vulnerable del país.

La Convención sobre los Derechos del Niño es enfática en señalar expresamente que los Estados parte son responsables de velar por el interés superior del Niño; asegurar su debida protección y propiciar los cuidados que sean necesarios para su bienestar en todas las esferas de su vida, asegurando de esta forma, que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y protección cumplan a cabalidad con la normativa establecida.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados mantienen "una posición reforzada de garante respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su custodia en centros o instituciones de acogimiento".

Sobre la base de lo anterior, casos como el denunciado anteriormente evidencian que el Estado de Chile ha fallado una vez más en su rol de garante respecto a los NNA que se encuentran bajo su protección, a través de la falta de políticas públicas que velen por el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos. Sus acciones, lejos de entregar una debida protección, tienden a perpetuar un sistema de concesiones a privados, amparado bajo el rol del Estado subsidiario que aplica lógicas económicas allí donde debe resguardar la vida digna.

Por consiguiente, queremos hacer público el llamado a los y las operadoras de justicia, para que se investiguen estos graves hechos de manera diligente, evitando caer en la revictimización de quienes fueron víctimas de tan graves vulneraciones. Además, exigimos que se otorgue un proceso de reparación efectivo a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que fueron víctimas de vulneraciones en sus derechos fundamentales relacionados a su indemnidad sexual por parte de estos hogares de acogida.

A su vez, enfatizamos en que se debe poner fin a la delegación de las funciones que recaen sobre este tipo de órganos estatales, y en la necesidad urgente de impulsar prácticas de fiscalización y capacitación al interior de estos centros. Como feministas, consideramos que la aplicación de una política neoliberal debe tener un límite y la infancia es el ejemplo más claro. En consecuencia, es urgente cambiar el eje de funcionamiento de dichas políticas públicas y avanzar hacia una protección integral y multidisciplinaria en la infancia, con perspectiva de género y un rol protector de los Derechos Humanos.

Por todo lo anterior, instamos también a los órganos co-legisladores, a concentrar sus esfuerzos en velar por la protección de las garantías esenciales de los NNA, realizando modificaciones profundas a las políticas de protección de la niñez.

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