Denuncias de corrupción en el Municipio de Hualpén: El escandaloso silencio de muchos
A las 23:00 horas de este lunes 27 de febrero de 2012, dos jóvenes fueron detenidos en Hualpén por porte ilegal de arma de fuego, este jueves 1 de marzo de 2012, detienen en Chillán a un narcotraficante de Hualpén con 40 millones en drogas, según la policía de investigaciones (PDI) ligado al conocido narcotraficante de la comuna, El Martillo, todo esto solo en los últimos 4 días.
El tema del narcotráfico en Hualpén, sin duda, está fuera de control desde hace bastante tiempo y trae como secuela una serie de hechos violentos, como las quitadas de droga, conocidas como "mexicanas", o los distintos hechos en que se ven envueltos sicarios armados, conocidos como "soldados". Solo el año 2011 se registraron dos episodios violentos a las afueras de escuelas básicas de la comuna donde alumnos fueron atacados por pistoleros, también infantes, a plena luz del día, síntomas que evidencian que algo negativo sucede en esta comuna.
Hualpén fue durante la dictadura un ejemplo de organización y resistencia de los pobladores contra el criminal modelo económico y social que se pretendía imponer a través de los militares, la violenta desindustrialización generó enorme cesantía. Crecieron y se desarrollaron las bolsas de cesantes, los comedores populares, rápidamente surgieron las ollas comunes y la protesta organizada de la población, que la policía jamás pudo contener y que obligó al despliegue constante de la infantería de marina (cosacos) en el sector. Fueron años de lucha, de barricadas, los años de la coordinación de las Organizaciones Populares de Hualpencillo (OPH).
La estrategia contraisurgente, que buscaba imponer la salida pactada a la dictadura, necesitó de la desmovilización de las organizaciones populares, por lo que las poblaciones más emblemáticas de la lucha antidictatorial pasaron a ser centro de tráfico de la pasta base de cocaína (PBC), Hualpencillo no fue la excepción.
El posible vínculo entre el narcotráfico con el poder político o los aparatos policiales y judiciales en la comuna de Hualpén es un rumor que ronda en toda la Región de Concepción desde hace muchos años. Rumores que se acrecentaron y llegaron hasta la esfera pública con la detención del narcotraficante Reinedio González, conocido como "El Martillo" en marzo de 2009, donde la propia PDI habló de una supuesta última llamada del narcotraficante al alcalde de la comuna cuestión que después la intitución desmitió.
Este verano se produjo la formalización de cargos y la prisión preventiva del alcalde de Hualpén en la cárcel El Manzano de Concepción, tras un largo proceso investigativo, en lo que constituyó la teleserie del verano en nuestra región y copó los diversos medios informativos locales. Los delitos por los cuales Marcelo Rivera fue encarcelado solo tienen que ver con cuestiones de tipo económico: fraude al fisco, lavado de activos y cohecho, al menos por el momento.
Además del alcalde Rivera, están formalizados el concejal Miguel Rivera, hijo del jefe comunal; el jefe de Comunicaciones del municipio, Eduard Jara; el secretario municipal, Nelson Cuevas; el director de Obras, Gastón Sanhueza; el jefe del departamento de Personal, Mario Gutiérrez; el director del departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Patricio Garrido; y el director del Serplac, Miguel Peña.
Resulta vergonzoso el papel que han jugado los partidos de la Concertación y la izquierda, con respecto a la administración Rivera, incluso hoy cuando está recluido tras las rejas. No solo por haber mantenido un silencio comprometedor a pesar que se siguen destapando las denuncias y acusaciones contra quienes dirigían la municipalidad hualpenina, si no además por avalar el modelo de gestión autoritaria y antidemocrática que generó, persiguiendo a dirigentes sociales y sindicales independientes.
La gestión autoritaria de Rivera en Hualpén y la persecución de los trabajadores
Desde su llegada al Municipio, Rivera impuso en Hualpén un modelo de gestión clientelar y autoritaria, sus críticos señalan que se ganó a los dirigentes sociales con cupos de trabajo para ellos o sus familiares, mientras aquellos que mantenían independencia con respecto a su gestión no solo eran acosados, sino incluso desconocidos por la autoridad comunal a pesar de su condición de dirigentes sociales y gremiales. El trato grosero hacia funcionarios y vecinos, llegó incluso a las agresiones físicas contra los propios concejales.
Desde su llegada Rivera enfrentó a los trabajadores dependientes de la administración municipal: al comunal del colegio de profesores,se le sumaron de los consultorios (Afusam), y la propia asociación de funcionarios municipales, sus dirigentes fueron constantemente acosados y existen una serie de denuncias en diversos tribunales, por estos hechos. Logró su objetivo de imponer dirigentes serviciales al municipio, al menos en los dos últimos casos. Recién estas semanas y con Rivera en prisión un sector de funcionarios municipales acaba de fundar una asociación independiente nuevamente.
Rivera se dotó de un equipo de seguridad comunal y de soplonaje en cada una de las instalaciones bajo administración municipal, que incluyó conocidos ex agentes de la dictadura en la comuna, hasta familiares de conocidos narcotraficantes como el propio Martillo. El clima de persecución y amedrentamiento llegó a niveles sin parangón en otros servicios públicos, cuestión que se evidenciaba en las masivas jornadas de movilización del sector público durante el gobierno de Bachelet en las cuales Hualpén estaba absolutamente ausente.
¿Quiénes están detrás de Rivera?
El ascenso político de Rivera fuer permitido por la clase política que lo rodeaba. Controlaba el municipio de Hualpén a sus anchas, con un consejo municipal mucho más que complaciente. Recordemos que en alguna oportunidad Rivera se dio el gusto de golpear al concejal socialista Chamorro, quien hoy participa activamente de las velatones en apoyo al alcalde, al menos por ahora. El papel del resto de los consejales, no ha sido muy distinto, negándose a cumplir el papel para el cual fueron elegidos: fiscalizar, generando por el contrario un cerco de protección a una gestión municipal, constantemente denunciada ante la contraloría y otras instancias públicas. La única excepción, el concejal de derecha, quien también ha sido objeto de agresiones físicas, por lo cual goza de protección policial.
Rivera había logrado instalar un diputado y que se aprestaba a tomar el municipio de Talcahuano, para paso siguiente, disputar una senaturía por la región, se convertía así en una verdadera amenaza para muchos, especialmente para la dañada imagen política del país, cada día más peligrosamente parecida a la colombiana.
Hoy, las investigaciones apuntan contra tan solo una parte de su «círculo de colaboradores» o «palos blancos», la renuncia provocada del fiscal Cruz dio tiempo para poner a resguardo a muchos y demostró que quienes estaban por sobre Rivera en este entramado, movían sus piezas para protegerse.
Escándalos de corrupción de este tipo, en países verdaderamente democráticos han llevado a la disolución de partidos políticos, recordemos que Rivera controlaba el PPD en nuestra región y era parte de la dirección nacional del mismo, hoy impone desde la cárcel sin ningún procedimiento democrático a su "estrecha colaboradora" la concejal Fabiola Lagos como candidata a alcaldesa de Hualpén.
La misma denuncia del fiscal Cruz, contra el fiscal regional Contardo permanece impune, Cruz de hecho renunció a su cargo en la fiscalía de Talcahuano, presisamente por el proceder de la fiscalía regional en el caso Rivera. Recordemos además que Contardo ya había hecho noticia cuando solo era fiscal de Concepción, por el famoso baile de las «odaliscas» y que terminó, contra toda lógica, con un dirigente gremial despedido por, supuestamente, filtrar las imágenes del escándalo, cuestión desmentida por el periodista que realizó la nota y que en un sinsentido terminó con Contardo sorprendentemente ascendido a Fiscal Regional.
Es un hecho que quienes dieron piso político al nombramiento de Contardo como fiscal regional tienen alguna relación con Rivera. Es necesario que las investigaciones no solo se limiten a limpiar el Municipio de Hualpén, que sin duda es necesario, además se debe llegar a quienes están detrás de todo la trama, en los diversos poderes del Estado, que significó durante varios gobiernos, asignaciones de fondos al municipio de Hualpén sin que existiera, adrede, fiscalización sobre ellos.
Recordemos que el cuestionado seremi de educación, el mismo de los sobresueldos en el municipio de Concepción, se negó a fiscalizar el municipio de Hualpén, cuando dirigentes gremiales denunciaron irregularidades. Esta misma secretaría de Estado, envió a un supervisor del propio partido de Rivera (PPD), cuando la comunidad y el colegio de profesores exigía reanudar las clases tras el terremoto en la comuna, denunciando un aprovechamiento del municipio, que busca fondos especiales, cuando la realidad es que los establecimientos de la comuna estaban en buenas condiciones.
Recordemos que Rivera, tras el terremoto fue junto a la ex alcaldesa de Concepción (JVR), los principales promotores de la militarización de la zona, instauración de estado de sitio y toque de queda, tras llamados histéricos que reproducía en directo Radio Bío Bío. Hoy diversas fuentes señalan que jamás fue saqueado el municipio de Hualpén y la pérdida de 80 millones tras el terremoto, sobre los cuales Rivera ha dado difusas versiones, es una de las aristas sobre las cuales se desarrolló la investigación en su contra.
Sin duda, el caso de Hualpén es escandaloso, pero, diversas cuestiones que hoy se denuncian en esta comuna no son ajenas a otros municipios vecinos. Por lo que se debe investigar a estas familias que mueven la política local e insiden sobre la dersignación de cargos en diversas esferas, y cuyos miembros han protagonizado una serie de escándalos de los cuales solo algunos se han hecho públicos aún así, a pesar de ello estas mismas familias: Sabag, Ortíz, Van Rysselberghe continúan sumando nominaciones como candidatos en las elecciones que se nos avecinan.
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