La actual Constitución establece en el Capítulo III, artículo 19, incisos 10 y 11 la esencia y el camino que tendrá la educación en nuestro país y que deja de manifiesto un proyecto político claro. La educación, así como la salud (art. 19, n° 9) o la seguridad social (art. 19, n°18) quedan enmarcadas al juego del Mercado y de la libertad de elección, asegurando el acceso, dejándolo de entender como un derecho social. Es decir, como dice Carlos Ruiz, el proyecto de la Dictadura intentó "imponer una racionalidad económica a la educación [asegurando un] disciplinamiento de las categorías sociales más activas" (1).

Por Alonso Aravena Gallegos*

Inicio con lo anterior debido a que las últimas decisiones que se han tomado en educación no son antojadizas ni mucho menos improvisadas. Acá lo que opera es una lógica mercantilista de la educación y, por ende, de la sociedad en general. La educación, a merced del Mercado establece una relación, como diría Friedman, entre consumidor (familias y estudiantes) y un prestador de servicio (en este caso, las instituciones escolares), alienando la relación social que existe en el proceso educativo y que lo transforma en un bien de consumo.

En relación a lo anterior, y que ejemplifica el entender la educación como un bien de consumo, hemos visto circular por redes sociales una serie de descargos de apoderados criticando el por qué no se les paga a ellas y ellos el sueldo de un docente, ya que son las familias las que están realizando esa labor educativa. Por supuesto que no es un sentir general, pero demuestra en quienes lo manifiestan un malestar significativo de la población. Se evidencia en lo anterior los valores del Mercado en la vida cotidiana. Más allá de lo que pueda producirnos como docentes observar, leer y escuchar esa información, el llamado es a generar análisis desde la perspectiva crítica y que conlleve a transformaciones concretas, sin dejar de integrar el componente ideológico de la educación que subyace en cada decisión que se toma, por más que el sector de la derecha tergiverse este concepto y le entregue un valor negativo auto-imbuyéndose una suerte de objetividad irrefutable. Lo anterior se refiere a que la educación es parte de una decisión política, parafraseando lo que plantea Fernando Atria al decir que la Constitución, más que ser sólo el texto en sí, responde a una decisión política y, por ende, estará regida por intereses políticos (2), quedando entonces la educación delimitada por una visión de realidad.

Desde el intento de no suspender las clases por parte del gobierno, el que horas más tarde tuvo que revertir dicha decisión, hasta los dichos de Jaime Mañalich y las decisiones que ha tomado Raúl Figueroa, se evidencia esta idea de la educación como un engranaje más del Mercado. El Ministro de Educación al plantear que no hay riesgos de que niñas, niños y adolescentes vuelvan a clases por la emergencia sanitaria que vivimos, además de ser un argumento poco confiable, pese al bajo porcentaje de contagiados en este rango etario, deja fuera completamente a las comunidades educativas que conforman el entorno del proceso educativo. Lo anterior en el sentido de que el prestador de servicio, en lógica de mercado, no es considerado: llámese docentes, personal de aseo, administrativos, y aún más lógico, la propia familia del estudiante.

El intento de nueva normalidad y ahora de regreso seguro propuesto por el gobierno, además de resignificar conceptos germinados al alero del Estallido Social, desdeñan precisamente ese proceso e instalan una agenda política centrada en la emergencia, lo que termina siendo otro componente más de estructuración del movimiento social, que lejos de estar extinto, sigue presente, activo, aludiendo a un elemento que ya podemos decir que generó este proceso de movilización, a saber, la generación de un nuevo sentido común, que establece una ciudadanía consciente y alerta, asumiendo el rol fiscalizador que por años se le fue negada o que no asumía por el modelo de sociedad que aún persiste.

A esto se suma que el 27 de abril se esgrimía como fecha de regreso a clases. Fue esa misma población activa, consciente y alerta que pudo frenar el proceso, en conjunto con una serie de llamados emanados desde el mundo académico, político y social.

La respuesta del gobierno posteriormente fue de gradualidad en el regreso y medidas de seguridad al menos cuestionables, que se sumaban al llamado en marzo a las clases a distancia. En relación a lo anterior, en el espacio de noticias de Canal 13 se mostraba el martes 21 de abril cómo sería ese regreso a clases siguiendo las recomendaciones del gobierno. El resultado es, a lo menos, llamativo. Quienes ejercemos la docencia sabemos de la imposibilidad de aquello.  Respecto a la educación a distancia, y siguiendo la lógica que ha tenido el proceso educativo en los últimos 30 años, el rol docente queda subsumido a entregar contenidos para cumplir con el currículum, entendiendo a este último como una piedra que no puede metamorfosear.

El desafío está en situarnos en la coyuntura abierta, la Rebelión Popular de octubre y que se suma a lo que devela hoy la crisis sanitaria actual, valernos de lo que visibiliza y generar propuestas de transformaciones. Debemos repensar la educación en términos estructurales (3), enfatizando la idea de asumir que la institución escolar no constituye hoy el monopolio de la misma: la tecnología, en particular las redes sociales, desbordan esas normas y límites. En ese sentido, debe existir una institución-escuela, pero desde la perspectiva social, comunitaria y humanista, en la medida en que sitúe a las y los estudiantes en el centro del proceso. Eso significa también disputar la tecnología y las redes sociales al Mercado, ya que hoy, tanto la educación como las tecnologías de información se comprenden desde la óptica del consumo.

En las últimas semanas, una serie de columnas de opinión de profesoras/es y académicas/os, que además de ser importante en la medida que va construyendo una voz pública desde el sector de profesoras y profesores por años desdeñada, han develado el carácter deshumanizador de estas medidas, la falta de infraestructura y medios en los sectores populares, el olvido adultocentrista que significa compartir con otras y otros en el proceso formativo, el trabajo doméstico y la violencia de género que afecta el proceso educacional y en general la vida de miles de mujeres, y que sigue presente en nuestra sociedad y las críticas del mundo social hacia las decisiones políticas en materia educativa. Sin embargo, el gobierno, así como en las decisiones de salud, sigue ensimismado y obnubilado con la idea de ser un referente en la región latinoamericana (e incluso mundial).

Por último, las acciones gubernamentales no hacen más que visibilizar la lógica neoliberal inmersa en la vida social y, por ende, en la educación. Debemos pensar en ese cambio de paradigma educativo, que vaya de la mano con la trasformación social y que podemos vivenciar en el proceso del plebiscito por una Nueva Constitución y más importante aún, por la generación de una sociedad que demanda participación y disputa la discusión política. Como diría István Mészáros, "es necesario romper con la lógica del capital si queremos considerar la posibilidad de crear una alternativa educacional significativamente diferente" (4).

Referencias

Ruiz, Carlos (2010), De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile, Santiago, LOM, p. 97
Atria, Fernando (2017), La Constitución tramposa, Santiago, LOM, 4ta edición, p. 26
Apple, Michael (2018), ¿Puede la educación cambiar la sociedad?, Santiago, LOM, p. 30.
Mészáros, István (2008), La educación más allá del capital, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 23

*Profesor de Historia, UdeC. Diplomado en Historia Reciente, IDEA – USACH