Advertisement

Desde 2012, el Estado entregó $65.962.813.363 al empresariado forestal a través de subsidios CORFO y rebajas tributarias

[resumen.cl]  El financiamiento estatal al empresariado forestal se encuentra en los orígenes de este rubro en el país, y son hechos simbólicos de esta política la promulgación del Decreto 701 en 1974, seguidamente la privatización de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, así como la entrega a particulares y empresas de terrenos que anteriormente habían sido asignados a campesinos/as a través de la Ley de Reforma Agraria, siendo estas superficies algunas de las cuales fueron luego plantadas con monocultivos forestales subvencionados por el Decreto mencionado, dispuesto para la forestación y manejo.

Este soporte económico ha persistido y, en su devenir, ha tenido diversos cambios que obedecen a los contextos económicos y políticos del país. Se puede constatar que en esta última década el empresariado forestal, concentrado en ARAUCO, CMPC Y MASISA, ha recibido $65.962.813.363 a través de subsidios de apoyo a la Innovación de CORFO y exenciones tributarias por medio de la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Con la información provista por el sitio Data Innovación, Resumen pudo elaborar la síntesis que se presenta a continuación.

empresariado forestal

Financiamiento de empresas de ARAUCO. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

empresariado forestal

Financiamiento de empresas de CMPC. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

empresariado forestal

Financiamiento de MASISA. Elaboración propia con datos de datainnovacion.cl

Cabe señalar en el ítem donde se debe declarar el "objetivo" del proyecto, casi la totalidad de estos declaran tener su "Información no pública". De hecho, sólo se puede acceder a tales antecedentes en los tres proyectos de MASISA, uno de ARAUCO y otro de CMPC que, por lo demás, son los de menor monto de dinero involucrado. En el caso de Maderas Arauco S.A. el proyecto se titula "Sistematización de las capacidades para innovar en paneles arauco", es del 2013 e implicó la entrega de $38.000.000. En el caso de CMPC, el proyecto lleva por nombre "CMSONIC. Servicio de gestión de residuos de economía circular para la industria de la construcción", es de 2020 con un financiamiento de $30.000.000.

Llama la atención que varios de los proyectos podrían tener propósitos genómicos que representan severos riesgos para la el ecosistema y la vida humana, por ejemplo: "Desarrollo clonal de pinos y eucaliptus para las plantaciones de Forestal Arauco, Forestal Cholguan y Forestal Los Lagos" financiado con $12.026.083.328 el pasado 2016; o "Desarrollo e implementación de silvicultura clonal de precisión sustentable, para las plantaciones de las empresas forestales del Grupo Arauco", financiado con $4.244.678.144 el años 2015. El conocimiento del genoma de especies arbóreas más utilizadas, como Pinus radiata, Eucalyptus glóbulus y Eucalyptus nitens, constituye un paso fundamental para la industria forestal y papelera, pues sus avances le permitirían concretar planes de crecimiento, al modificar genéticamente los ejemplares que serán plantados, adecuándolos a condiciones propias de las zonas con características adversas al crecimiento de estas especies y, por otra parte, mostrar resiliencia ante la escasez hídrica y la degradación ambiental que sufren los lugares que seguirán siendo forestados con monocultivos.

Decreto 701

El traspaso de recursos fiscales al empresariado forestal tiene larga data y el lo que se puede observar desde el año 2012 parece ser la continuidad de una práctica que tuvo al Decreto 701 como uno de los instrumentos más relevantes y representativos en este sentido.

Este Decreto promulgado en 1974, inicialmente estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Según constató la Dirección de Presupuestos (DIPRES) entre 1974 y 1997, 822.248 hectáreas fueron bonificadas en cuanto a su plantación y fueron entregados 89.999 bonos que financiaron actividades propias de la administración y manejo forestal. En este periodo los destinatarios de tales recursos fueron grandes propietarios, sin embargo en 1998 se introdujo una reorientación de la entrega de estos fondos hacia pequeños propietarios, estableciéndose para éstos una bonificación del 90% de los gastos de forestación para las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75% a las restantes, inaugurando una nueva fuente de insumos madereros para las empresas, sin cargar con los riesgos de incendios y plagas propios de un monocultivo.

Luego de la entrada en vigor de esta nueva normativa (siendo retroactiva desde 1996) el negocio no concluyó en la compra de la cosecha a estos pequeños propietarios, sino que se amplió al de la operación en las diversas faenas bonificadas a los pequeños propietarios. Esta nueva actividad se originó en la incapacidad de estos de solventar los gastos que tales trabajos implicaban, mientras no recibieran la bonificación entregada luego de la realización de estas labores. De este modo, las empresas comenzaron a ofrecer sus servicios a cambio de la entrega íntegra de la bonificación y gran parte de la venta de la plantación a punto de cosechar. En el caso de una de las empresas pioneras en este negocio, ligada a Forestal Mininco (CMPC), cobraba la bonificación más el 90% del precio de venta para la cosecha, además de controlar indirectamente el precio de compra de la madera.

En el transcurso de los 15 años en que estuvo vigente esta nueva normativa sufrió modificaciones que apuntaron a facilitar el acceso a la bonificación de pequeños propietarios, y a incluir nuevas faenas en la lista de reembolsos. Algunos de estos cambios fueron:

-La acreditación por parte de CONAF de consultoras privadas para la clasificación de suelos de aptitud forestal y sujetos a la bonificación.

-El 2011 se crea la figura del «mediano propietario» y se establecen nuevos tipos de bonificaciones. Para los pequeños, se asigna un 90% (desde entonces, la totalidad de su forestación estará sujeta a ésta); para los medianos, un 75%; para los grandes, un 50%.

El 2010, el Decreto 701 se prorrogó por dos años más, concluyendo su vigencia el último día de 2012, por lo cual Sebastían Piñera, en octubre del mismo año envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para «modificarlo y extenderlo» sin haberse aprobado durante su mandato. En el discurso del 21 de mayo de 2014, Bachelet anunció una nueva prórroga del Decreto, sin que su tramitación haya tenido resultados favorables en el contexto del escándalo público luego de ser divulgada la colusión de empresas para aumentar el precio del papel higiénico.

Las prórrogas del Decreto 701 promovidas por Piñera y Bachelet se buscaron a sabiendas del tipo de repercusiones que su implementación había tenido, pues la DIPRES había emitido informe mencionado anteriormente el año 2006. En él se consignan errores en la tabla de costos de las faenas de forestación y manejo, provocando el pago excesivo a grandes propietarios, pues las faenas sujetas a bonificación tenían menores costos para éstos que para los pequeños, sin que tal diferencia se expresara en los valores establecidos, también se informó de la duplicación de procedimientos induciendo pagos por acciones ya bonificadas. Junto con estas situaciones, también se indicó que la evaluación general del programa de bonificación, a través de la medición del «VAN (Valor Actual Neto) social», fue negativa por la no constatación de beneficios sociales y de externalidades positivas, y que al contrario se constataron externalidades negativas, como la sustitución de bosque nativo que, entre 1980 y 1997, fue de 88.011 hectáreas avaluadas en 17.468 millones de pesos.

En la evaluación también se constató una «flexibilización de los criterios para calificar un suelo en condiciones de degradación, lo que implicó a partir del 2001 la ampliación de la superficie susceptible de bonificarse para todo tipo de propietarios. Esto en la práctica significa que, excepto los suelos de riego, todos los suelos de Chile son susceptibles de recibir la bonificación... favoreciendo en mayor medida los objetivos productivos que los ambientales...», consignó la Dirección de Presupuestos.

¿Qué financia el Estado de Chile?

Hasta su privatización, Celulosa Constitución y Celulosa Arauco eran propiedad de CORFO y ahora constituyen los inicios del grupo Angelini en el rubro forestal y papelero. Paradójicamente, desde el 2012 en adelante, a través de la propia CORFO y de la Ley de incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo, el Estado ha provisto a sus empresas de $45.113.878.936. Esta entrega de recursos se concreta a partir de la premisa que los intereses y beneficios ARAUCO son también los de la comunidad.

Desde hace décadas, las alteraciones ambientales de la expansión de monocultivos forestales se evidencian en todo el territorio de la zona centro y sur del país. Una de éstas es la escasez hídrica en que quedan los terrenos sometidos a estas plantaciones industriales de árboles, los cuales -por ser de rápido crecimiento- extraen grandes cantidades de agua para su desarrollo, provocando una progresiva disminución en los cursos de agua, en las napas subterráneas y en la humedad del ambiente. Otra alteración la representa la combustibilidad adquirida por las zonas forestadas, si se tiene en cuenta que, además de su sequedad, los pinos son especies altamente resinosas que presentan compuestos inflamables como la trementina, mientras que los eucaliptos presentan aceites inflamables como los terpenos. Por otra parte, la operación de plantas de celulosa ha provocado una contaminación en los cuerpos de agua dulce, la costa afecta a sus residuos y el ambiente en general por la emisión de gases y sustancias tóxicas a las cuales las poblaciones aledañas están expuestas permanentemente.

En el contexto de cambio climático global por causas antropogénicas, por el cual ya está en marcha una progresiva reducción de las precipitaciones a lo largo de la sección sur de la Cordillera de los Andes y donde además se proyecta una intensiva degradación ambiental y pérdida de biodiversidad por la persistencia en la extracción de recursos y producción de desechos, la industria forestal en Chile potencia la catástrofe que sufren de manera más gravosa las comunidades más empobrecidas. En este sentido bien vale preguntar, qué es lo que está financiando el Estado de Chile en última instancia, para qué y por qué lo hace.

Imagen principal: Alejandro Feres / Equis Lab - www.equislab.org

.

Estas leyendo

Desde 2012, el Estado entregó $65.962.813.363 al empresariado forestal a través de subsidios CORFO y rebajas tributarias