Actualmente la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío mantiene paralizadas gran parte de sus funciones en las seis regiones donde opera el organismo estatal, desde el 'uble hasta Aysén y aseguraron que de no reincorporar a las y los funcionarios despedidos radicalizarán sus movilizaciones.

Por Juan Contreras Jara

Desde este lunes, las y los funcionarios pertenecientes a la Corporación de Asistencia Juridicial (CAJ) Biobío se encuentran en paro debido al despido de nueve profesionales del organismo, haciendo hincapié en que ni siquiera fueron previamente notificados y solo al momento de llegar a trabajar se enteraron de que habían sido desvinculados.

Las desvinculaciones sucedieron el pasado viernes y los dardos de las y los funcionarios en paro apuntan al director de la CAJ Biobío, Gonzalo Contreras, como responsable de los despidos, catalogándolos como arbitrarios. Según la dirección del organismo estatal la situación se debería a una reestructuración, pero desde las y los trabajadores acusan no haber sido informados sobre la medida ni tampoco si esta implicará el despido de más personas.

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En conversación con Resumen, Marcelo Inostroza, presidente de la Federación de Trabajadores/as de los siete gremios que componen las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial en Chile, repudió los despidos, argumentando que, «lo que avalarían esto sería un informe que se encargó hace tres años a una consultora y que según el director general, recomendaría este tipo de decisiones. De este fundamento la dirección tuvo conocimiento hace años y entre gallos y medianoche, a dos meses de que asuma el próximo Gobierno, este señor implementa esta modificación».

Cualquier restructuración, fustigó Inostroza, se debe tomar «con los trabajadores y al menos con los equipos directivos», en cambio los y las trabajadoras desvinculadas se enteraron de su situación al no poder ingresar a sus casillas de correos electrónicos, lo que el dirigente catalogó como «una falta de respeto inconcebible, nadie sabía».

Cabe destacar que según informó el dirigente, los despidos se efectuaron contra trabajadores de amplia trayectoria en el servicio y que estaban a la cabeza del departamento jurídico, lo que para las y los funcionarios del CAJ Biobío representa un nuevo episodio de hostigamiento en su contra porque la dirección de la entidad estatal ya había generado conflictos con ellos desde 2018 en adelante, luego de un sumario interno propiciado por el director Gonzalo Contreras durante su primer año a cargo.

Las repercusiones para las y los usuarios de la corporación ante los despidos

Las exigencias de las y los funcionarios de la CAJ Biobío son claras y tienen que ver con la inmediata reincorporación de los profesionales desvinculados. Apuntan no solo a la urgencia laboral que implica dejar a personas sin trabajo y sin previo aviso, sino que también en las repercusiones negativas que tendría la situación para las y los usuarios.

En este sentido, Marcelo Inostroza detalló que, «se vería afectada la gestión, porque estamos hablando de quienes lideran la asistencia judicial en las seis regiones, o sea el director jurídico es el que coordina a las distintas unidades. Las otras personas desvinculadas son gente que mantiene coordinación en aspectos técnicos que ya ha generado desencuentros en torno a la gestión inmediata que tenemos que realizar. Por ejemplo, esta semana tenemos que enviar una serie de informes al ministerio,  que tienen que ver con el proceso de atención durante 2021 y que incide en las políticas públicas en materia de justicia y no hay quien los haga».

Otro detalle a considerar, mencionan desde la CAJ Biobío, es el argumento de «necesidades de la empresa» para validar los despidos. En este sentido Inostroza acotó que, «esta causal ha sido puesta en tela de juicio cuando se trata de un servicio público, porque el servicio nuestro es permanente y los tribunales han tenido una opinión unánime en este sentido.»

A las desvinculaciones hay que agregarle la precariedad financiera de la entidad estatal, que no ha podido aún regresar a la presencialidad de sus actividades debido a que, «los inmuebles no dan cumplimiento a las normas mínimas sanitarias para poder asegurar la atención de la gente en términos sanitarios adecuados».

Con los despidos, enfatizó el dirigente, esta crisis financiera se profundizará porque los 9 despidos podrían costarle a la institución cerca de 300 millones de pesos si es que existen demandas de por medio, declaró Inostroza, apuntando a que en 2021 la dirección general tuvo que pagar cerca de $200 millones en indemnizaciones por despidos que fueron calificados como arbitrarios por los tribunales.

Pese a que las y los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial realizarán turnos éticos aseguraron que de no ser atendidos en su exigencia, radicalizarán sus movilizaciones y el paro que rige actualmente a la entidad desde el 'uble hasta Aysén podría tomar otros ribetes.  «El presupuesto de la corporación son $12 mil millones al año, o sea, hablamos de casi un 5% de presupuesto que se utiliza en despedir gente cuando las necesidades que tenemos son apremiantes. Esto no tiene nombre».