Despidos Masivos en la Municipalidad de Santa Juana
Un nuevo desastre vive la comuna de Santa Juana, pero esta vez no es por incendios ni inundaciones que debió enfrentar todos estos años, ahora perpetrado por el propio alcalde recién asumido, Angel Castro Medina, con una oleada de despidos masivos en el departamento de salud municipal y otras reparticiones municipales, que afecta de manera desproporcionada a mujeres jefas de hogar y a trabajadores con varios años de servicio.
Por Robustiano Hidalgo
Cabe recordar, que en una columna del 28 de octubre en el Diario Concepción el edil recién electo declaraba que su prioridad era fortalecer la salud comunal: "Mi plan de trabajo es participativo, se definió como primer punto mejorar la salud".
Esta situación totalmente contradictoria a lo declarado, que vulnera la confianza ciudadana, derechos laborales y humanos fundamentales, merece una reflexión y una denuncia pública contundente.
Santa Juana es una comuna con profundas carencias estructurales. Su carácter de «comuna dormitorio», donde gran parte de sus habitantes depende de oportunidades laborales fuera de su territorio, ya supone un desafío para las familias. En este contexto, el municipio no solo representa un espacio clave para el desarrollo comunitario, sino también una de las pocas fuentes de empleo más estables dentro de la comuna. Por ello, los despidos realizados por la recién entrante administración municipal tienen un impacto devastador, no solo en los afectados directamente, sino también en el tejido social de Santa Juana.
Entre los desvinculados, se encuentran trabajadoras que, además de ser jefas de hogar, dependían de estos ingresos para mantener a sus familias y familiares que no tienen ingresos. También figuran funcionarios que habían dedicado varios años de servicio a la comunidad y trabajadores de programas sociales que continúan vigentes en el presupuesto municipal, lo que evidencia una carencia de argumentos administrativos para justificar estas desvinculaciones. ¿Por qué despedir personal cuyos contratos están contemplados en el presupuesto aprobado? La respuesta parece encontrarse en el ámbito de la discriminación política.
Es un secreto a voces que estas desvinculaciones responden a represalias políticas dentro municipio. Los funcionarios afectados habrían sido identificados como afines a la ex alcaldesa, una práctica que no solo es antiética, sino también contraria al principio de imparcialidad que debe regir en toda administración pública. El Estado, a través de sus municipios, no puede ni debe ser utilizado como botín de guerra política.
Lo que ocurre en Santa Juana es una forma de violencia institucional que perpetúa la precariedad y agudiza las desigualdades sociales. Las mujeres jefas de hogar despedidas enfrentarán enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral, especialmente en una comuna con pocas oportunidades. Además, las familias perderán una fuente de estabilidad, y los programas municipales podrían ver afectada su calidad y continuidad, en perjuicio directo de los vecinos y vecinas de Santa Juana.
Esta situación amerita la intervención de organismos fiscalizadores como la Contraloría General de la República y del propio Ministerio del Trabajo, para determinar si se han vulnerado derechos laborales o principios de probidad administrativa. Asimismo, es fundamental que las organizaciones sociales y las comunidades locales alcen la voz y exijan justicia. La estabilidad laboral no puede depender del color político de quien gobierne; debe estar garantizada por el profesionalismo y el respeto a los derechos fundamentales.
En tiempos de cambios políticos, el rol de los liderazgos locales debería centrarse en construir comunidades más cohesionadas, inclusivas y con visión de desarrollo. Lamentablemente, lo que vemos en Santa Juana es el efecto contrario: una división que hiere el tejido social y vulnera derechos. No podemos permitir que estas prácticas se normalicen ni queden impunes. La justicia laboral y la dignidad de las personas deben prevalecer sobre cualquier interés político o partidista.
Que este caso sea un llamado de atención para todas las comunas del país: la democracia también se mide en la capacidad de respetar las diferencias y gobernar con equidad, sin revanchismos ni exclusiones. Las mujeres, los trabajadores y la comunidad de Santa Juana merecen una administración que los respete y valore. Es hora de decir basta a los abusos y exigir un futuro más justo para todas y todos.
