Este jueves, diversas agrupaciones de campesinos y trabajadores desplazados durante la dictadura se reunieron con la subsecretaria de derechos humanos, Haydee Oberreuter, luego de sostener encuentros con autoridades locales. Al encuentro asistió la comunidad de Mundo Nuevo, en Curanilahue, así como seis agrupaciones de trabajadores desplazados del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Cofomap), en la región de Los Ríos, que representan a más de 3500 personas. 

Robinson Silva Hidalgo

El desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad, pero el Estado de Chile nunca ha investigado ni propiciado políticas de verdad, justicia y reparación en torno a estos hechos. Se estima que muchas otras comunidades del centro y sur del país también sufrieron la expulsión de sus trabajos y viviendas por parte de militares golpistas y sus colaboradores civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que, " se entenderá por desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y que no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida", según puntualizan las agrupaciones en una carta dirigida a la subsecretaría de Derechos Humanos.

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El abogado de las agrupaciones del Cofomap, Vladimir Riesco señala: "nos interesa dejar en claro al ministerio es plantear la exigencia de las organizaciones, tiene que implementarse una política de verdad histórica y reparación y garantías de no repetición a través de la dictación de una ley que debe ser promovida por el ejecutivo".

Riesco continúa argumentando que se debe: "dar cuerpo a una comisión de verdad histórica y reparación que permita declarar por un lado la existencia de desplazamiento forzado, pero que además se establezcan los mecanismos para el reconocimiento de cada una de las familias que fueron víctimas y se establezcan diversas políticas de reparación", agregó

La subsecretaria Oberreuter manifestó tras la reunión, que, "me parece notable el que se mantengan unidos, que tengas memoria, el que reivindiquen los temas, el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad, que ha permanecido en silencio, es tiempo de que se les escuche y es tiempo de que el Estado se haga cargo de las debidas reparaciones".

Héctor Cea, el representante de la agrupación de Enco, comuna de Los Lagos, agregó que "salió todo excelente, quedó todo documentado, agradecemos el apoyo de todos y estamos muy emocionados". En la reunión participaron activamente miembros de las agrupaciones, explicando a la autoridad el significado del proceso represivo vivido por sus familias y comunidades.

Sebastián Paredes, del sindicato de trabajadores independientes Nueva Esperanza del fundo Mundo Nuevo, la emblemática localidad de Curanilahue, comentó que se busca "garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de este crimen". Acerca de la reunión acotó que, "se recepcionaron las demandas de buena forma por parte de la subsecretaria y de su equipo y se acordó avanzar en el desarrollo de una mesa de trabajo interministerial que propenda a un proyecto de ley de reparación".

Edgardo Contreras, de la agrupación Raíces de Toledo nos dice que «nuestra representante., la señora Lidia Figueroa viajó desde Puerto Montt y nos comentó que fue una reunión muy positiva, lo más importante para nosotros es que tengamos una mesa de trabajo para tener justicia, verdad y reparación, porque el daño hecho a las familias fue tremendo».

En la reunión se sostuvieron múltiples iniciativas para visibilizar el conflicto, pero además se generaron compromisos para levantar un proyecto de ley sobre esta materia en el breve plazo.