[resumen.cl] Una reciente publicación de Interferencia y La Red ha dado a conocer la información que circula al interior de la institución policial, donde funcionarios de la PDI dan a conocer su descontento tras las negligencias en el megaoperativo efectuado en Temucuicui, señalando que el director general debiera renunciar, «o ser al menos acusado constitucionalmente«.

Héctor Espinosa, director general de la PDI, ha jugado un papel político destacado en el gobierno de Sebastián Piñera, siendo literalmente ha más gobiernista que los propios comandantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Mientras el comandante y jefe del Ejército pone en entredicho a Piñera con respecto a la guerra interna, el jefe de la PDI lanza gruesos y violentos adjetivos descalificando a la inmensa mayoría de las y los chilenos que se manifestaban en las calles después del 18 de octubre de 2019.

Y es que la PDI ha jugado un papel central en la represión y persecución del movimiento social surgido tras el Estallido iniciado en octubre, donde Espinosa se ha encargado de involucrar a toda su institución y convertirla en una policía política, de un régimen en descomposición y enorme descredito social.

Sin embargo, el director general cruzó todos los límites y líneas rojas en este sentido tras la bestial intervención en la comunidad mapuche de Temucuicui en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, ocurrida en 7 de enero pasado, hecho tras el cual los tribunales y órganos independientes del Estado, como la Defensoría de la Niñez, han hecho públicos llamados a la PDI a respetar el marco legal y en la práctica no violar los derechos humanos de niñas y niños.

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La acción de la PDI en Temucuicui, desde el primer día, dio claras señales que era insostenible hasta para el propio gobierno, como quedó claro en las declaraciones del ministro de Interior contradiciendo al jefe de la policía.

Hoy ha quedado claro que la descabellada acción, que terminó siendo no solo un fracaso para la PDI, sino que además una vergüenza y un ridículo público, tiene muchas aristas oscuras, las cuales han comenzado a ser denunciadas por los propios funcionarios de la PDI.

Acorde a la información entregada por los medios Interferencia y La Red, actualmente existe un enorme malestar al interior de la PDI en contra de su director nacional y ya han comenzado a salir una serie de denuncias al respecto.

Una de ellas es una carta que circula al interior de las y los funcionarios, referida precisamente a los hechos de Temucuicui.

En esta, señalan los medios, se da a conocer que "han sido tres días decepcionantes, un detective asesinado, dos graves, muchos heridos, cascos destruidos, chalecos antibalas perforados y un director general que nos ha mentido. La sangre de nuestro compañero no nos dará la fuerza necesaria para levantarnos, pues su muerte técnicamente fue por el impacto de un proyectil, pero estuvo acompañado de negligencias graves, que deben ser investigadas por un órgano externo a la Policía de Investigaciones, pues sus conclusiones podrían llevar a algunos de sus miembros a la separación de filas, sanciones penales, civiles, administrativas y un director junto a su alto mando, que por amor a la PDI debería renunciar o ser al menos acusado constitucionalmente".

Estos mismos medios habrían recibido la denuncia de Esteban Infante, un excarabinero y estudiante de derecho que formó la ONG Equánime, señalando que 40 funcionarios de la PDI le han solicitado su intervención, pues acusan, en palabras de Infante, haber recibido una "orden maldita".

Hoy, gracias a las denuncias de los propios funcionarios de las PDI, sabemos que este mega operativo, que trasladó funcionarios de todo el país -un 10% de toda la dotación institucional para incautar unas matas de marihuana-  costó solo en viáticos a los funcionarios 121 millones de pesos. Los medios indican que «esto empezó en diciembre a petición del fiscal Enrique Vásquez. Nos pareció raro, si Carabineros tiene el control en eso mayormente nosotros no nos metemos, pero ofrecieron cuatro días de viáticos al 100%. Nada malo para salir de la rutina«,  55 mil y 240 mil pesos según el rango y los años de servicio. Esto por cada día de los 3 ó 4 en los que debían estar en el operativo.

Como denuncian los propios funcionarios de la PDI a Interferencia, se movilizó incluso a policías de escritorio. Es decir, funcionarios que no cuentan con ningún entrenamiento como para ser lanzados a un operativo rural en el que no conocen el territorio.

Pero peor aún, fueron llevados sin planes ni instrucciones claras: «Llegamos de todas las ERTA (Equipos de Reacción Táctica) de Chile a un gimnasio en Angol en donde el fiscal nos instruyó allanamientos masivos, pero nuestro mando nos dejó solos y concurrimos al lugar sin conocer, sin planificación".