[resumen.cl] En 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el «Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas» o del Detenidos Desaparecido, figura que forma parte de la historia reciente más dolorosa de nuestro país, no sólo por la maquinaria de muerte de la dictadura, sino también con casos ocurridos tras el retorno a la democracia.

La dictadura que instaló el actual régimen social y económico que nos rige, se valió de las más cuentas formas de terrorismo de Estado para llevar a cabo su objetivo: la tortura, la muerte, los abusos sexuales y desaparición forzosa. En este último punto, los datos oficiales señalan que 1210 personas permanecen bajo esta figura, 54 de ellas siendo niñas, niños o adolescentes. Sin embargo, el memorial a las detenidas y los detenidos desaparecidos de Santiago llegó a tener cerca de 4 mil nombres.

No obstante, la postdictadura aún tiene heridas a partir del régimen militar instalado durante la década de los setenta y ochenta.

El trauma social, herencia viva de la dictadura, se refleja y forma parte de la memoria histórica del país, donde el Estado promovió esta práctica de manera recurrente.

Lamentablemente, la democracia que heredó este régimen no terminó con este crimen, pues existen algunos casos de detenidos desaparecidos:

José Gerardo Huenante Huenante

La madrugada del 3 de septiembre de 2005, el joven de 16 años de origen mapuche José Huenante, se encontraba en la avenida Vicuña Mackenna de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando fue detenido por Carabineros 5ª Comisaría de esa ciudad y subido al radiopatrullas N°1375, un Nissan V16, según señalan en la investigación judicial numerosos testigos. Ésa fue la última vez que fue visto y hasta el día de hoy se desconoce lo que ocurrió con el menor de edad y su paradero. El niño tenía un origen de clase pobre, con una escolaridad de Quinto Básico, motivo que en buena medida podría explicar la indiferencia de gran parte de la sociedad chilena de entonces y actual ante un hecho tanta gravedad.

En términos judiciales, el fiscal del Ministerio Público de Puerto Montt, Sergio Coronado, logró que el Juzgado de Garantía dictara orden de detención contra los tres funcionarios de  Carabineros que iban en el radiopatrullas: el sargento 2º Juan Ricardo Altamirano Figueroa, el cabo 1º Patricio Alejandro Mena Hernández, y el cabo 2º César Antonio Vidal Cárdenas como responsables del secuestro y desaparición del menor, considerando versiones contradictorias de los policías y 16 declaraciones que no calzan, adulteración del libro de detenidos –esa noche marcaron dos detenidos pero luego enmendaron el número y escribieron uno–; y la justificación de kilometrajes recorridos esa noche por el radiopatrullas que no cuadra.

Sin embargo, y pese a una querella criminal interpuesta en 2009 por el abogado Luis Correa Bluas contra de todos quienes resulten responsables, los principales sospechosos no fueron encarcelados y, aunque inicialmente se les dio de baja de Carabineros, fueron reintegrados a las filas de la policía uniformada en diciembre de 2010.

«Todos sabemos que fue el actuar de Carabineros el que provocó la detención, secuestro y desaparición de nuestro hijo, hermano, sobrino José Huenante. A pesar de ello la Fiscalía Militar refuta drásticamente las únicas pruebas que arrojó la investigación y sin seguir investigando, descarta la participación de Carabineros, decretando de esta forma la impunidad sobre nuestro José», aseguró la familia en una declaración pública en 2015.

De acuerdo a un informe de la Universidad Diego Portales (UDP), su caso corresponde a la primera desaparición forzosa desde el fin oficial de la dictadura militar-empresarial y inicio de la transición a la democracia, sin embargo, desde el Estado se ha desestimado esta calificación. La Fiscalía Militar cerró la causa de secuestro por falta de antecedentes. Paralelamente, el Ministerio Público lleva una investigación a raíz de las querellas presentadas por la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

José Antonio Vergara Espinoza

El 13 de septiembre de 2015, José Vergara fue detenido en su casa ubicada en la población La Tortuga en la comuna de Alto Hospicio luego de que familiares solicitaran ayuda a Carabineros para contener una crisis provocada por la esquizofrenia que padecía el joven de 22 años, como habían hecho en ocasiones anteriores, sin embargo, José fue subido al vehículo policial y su familia nunca más volvió a saber de él hasta el día de hoy.

Inicialmente los cuatro policías que realizaron la operación  -Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Abraham Caro Pérez y Manuel Carvajal Fabres- negaron que José Vergara se encontraba en el domicilio, llegando incluso falsear las comunicaciones radiales con la central de comunicaciones.

La investigación que en primera instancia estuvo a cargo de la justicia militar (que procesó a los involucrados sólo por detención ilegal y falsificación), hoy es llevada adelante por el Ministerio Público, que indicó los carabineros implicados confesaron que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio eriazo camino a Caleta Buena, evidenciando con este caso una práctica denominada como «machetazo» o «dos corto», procedimiento por el que se saltan los conductos regulares del procedimiento de Carabineros y abandonan a los detenidos.

«Mientras no se conozca su paradero, vivo o muerto, esta es una desaparición forzada de persona, que constituye una violación de derechos humanos y que hace responsable al Estado de Chile», aseguró el entonces abogado querellante del caso, Enzo Morales.

Morales además sostuvo en 2016 que en el caso de su defendido existe discriminación y prejuicio por su orígen de clase y por su condición de esquizofrénico: «Algunas personas se referían a él como un joven enfermo que no valía la pena buscarlo. Además, su papá es albañil, José tiene tres hermanas y 12 sobrinos. Todas personas comunes y corrientes y trabajadoras: en ese sentido, ellos son permanentemente discriminados por el gobierno regional y en particular por la Intendenta Claudia Rojas, que nunca los ha escuchado. Si fuera un hijo de una persona con influencia política o de buen status económico, estarían buscando con mayor esmero».

El 24 de mayo de este 2019, familiares de José Vergara interpusieron una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que califican como «fallidos» los procesos judiciales en la investigación en contra de los cuatro carabineros dados de baja.

La medida, indican, fue detonada por el último juicio oral anulado, el que llegó hasta una segunda instancia, que dejó sin las sanciones correspondientes a los cuatro uniformados involucrados en la desaparición.

En palabras del abogado que representa a los familiares en esta acción, Matías Ramírez, aseguró que se procede porque «el Estado chileno ha planteado que José Vergara fue liberado, eso al menos fue lo planteado por los tribunales de justicia. Sin embargo, haciendo una lectura detenida de la sentencia, no indica el lugar no indica la hora y actualmente se desconoce el paradero de José Vergara», además, en declaraciones recogidas por radio Biobio, «no sólo vulnera el derecho a la identidad de las personas, sino que también a la legitimidad del sistema de detención en Chile».

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A estos dos casos hay sumar también a Ramón Pacheco Giacomozzi, joven desaparecido de Talcahuano en 2008, caso cuyos antecedentes apuntan a una eventual participación de carabineros. Particularmente, su familia apunta al cabo segundo Mauricio Daniel Delgado Guzmán, funcionario de la Tenencia de Carabineros de Hualqui, quien subió a Ramón Pacheco al vehículo policial donde se le vio por última vez. El caso está abierto y se encuentra siendo investigado por los tribunales penquistas.