Fue en medio de una recuperación territorial efectuada contra el empresario agrícola Jorge Luchsinger en Vilcún, en la región de La Araucanía, que cayó abatido el joven mapuche Matías Catrileo, de por entonces 23 años de edad. Extendiendo la historia de impunidad que acompaña las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mapuche por parte de agentes del Estado chileno, su asesino, el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez, fue sometido a una condena mínima que finalmente cumplió en libertad. Hoy, a 17 años de su asesinato, la situación de hostigamiento y militarización del Wallmapu se yergue bajo un gobierno progresista y de izquierda, que solo ha continuado y profundizado las políticas represivas contra las comunidades, las mismas por las que se levantó y murió Catrileo un 3 de enero de 2008.

Diecisiete años se cumplen del asesinato de Matrías Catrileo Quezada a manos de Carabineros de Chile. El estudiante de la Universidad de la Frontera y militante de la Coordinadora Arauco Malleco murió luego de recibir tres impactos de bala efectuados por Walter Ramírez con una ametralladora UZI, mientras reprimía una acción de recuperación y control territorial mapuche en un fundo usurpado por la familia latifundista Luchsinger.

Fue durante el primer gobierno de Michelle Bachellet – ahora Comisionada de Derechos Humanos de la ONU- que Carabineros cobró la vida de Matías, misma administración que se proyectó como conciliadora entre el Estado y el pueblo Mapuche y que cerró, en su primera versión, cargando con la muerte de tres comuneros: el ya mencionado Catrileo, Johnny Cariqueo y Jaime Mendoza Collío.

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Y es que la misma familia de Catrileo Quezada responsabilizó a Michelle Bachellet del asesinato del joven estudiante de agronomía de 23 años de edad, cuestión expresada en diversas instancias públicas de la mandataria y militante del Partido Socialista. Por ejemplo, durante la apertura del Museo de la Memoria, en enero de 2010, Catalina Catrillanca escaló una torre de iluminación para interpelar a Bachelet por la muerte de su hermano.

Militarización, violencia y muerte: Algunas muestras de la relación entre el progresismo de izquierda y el pueblo mapuche

Cuatro años más tarde de este hecho, pasando por la primera administración de Sebastián Píñera, en 2014, y de la mano de la coalición política denominada Nueva Mayoría, ex Concertación, el progresismo llegaba nuevamente a La Moneda de la mano de Bachelet 2.0.

Fue durante este periodo que se registraron al menos dos muertes de comuneros mapuche que integraban una comunidad en proceso de resistencia y recuperación territorial, hablamos de José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil y Víctor Manuel Mendoza Collío, primo de Jaime Mendoza Collio, asesinado durante el primer gobierno de Bachelet.

Si bien las muertes de Víctor Mendoza y José Quintrique no registran la participación de agentes del Estado, dan cuenta de la falta de políticas públicas dirigidas a la restitución de tierras. Para lo que sí se dirigieron recursos públicos fue para la militarización de territorio mapuche durante el gobierno de Bachelet 2.0.

Por ejemplo, a lo largo de su mandato, se crearon nuevas comisarías en La Araucanía, una de ellas creada en el Liceo Técnico Profesional de Pailahueque, donde estudió Camilo Catrillanca. Otra acción de corte represivo y de control del territorio mapuche fue la creación de la Zona de Control Público, que implicó mayor dotación de funcionarios, la implementación de sistemas geo referenciados, drones y otros elementos de vigilancia, o la Unidad de Inteligencia Operativa Especial, que luego terminó siendo parte del escandaloso montaje de Carabineros denominada Operación Huracán. 

Impunidad

El caso de Matías Catrileo Quezada reviste uno de los hechos de mayor impunidad en cuanto a la violación de DDHH de integrantes del pueblo Mapuche y la responsabilidad del Estado en sus decesos.

En el caso concreto de Catrileo, el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza, quien disparó en tres oportunidades una subametralladora UZI, cuestión demostrada durante la investigación en su contra, fue condenado a una pena de 3 años y un día en «libertad vigilada». Lo anterior le permitió al policía continuar al interior de la institución durante cinco años más.

Durante la investigación contra Ramírez Inostroza también se descartó la tesis del supuesto enfrentamiento, utilizado hasta el cansancio por el Estado y sus policías para avalar el uso de armamento de guerra para repeler recuperaciones territoriales. 

Siguiendo con la lógica represiva, el gobierno de Michelle Bachelet, por medio de su subsecretario del Interior Felipe Harboe, se cuadró con Carabineros, justificando su actuar incluso previo a la realización de la investigación que terminó por condenar, aunque a una pena irrisoria, al cabo segundo Walter Ramírez Inostroza.

La actualidad y un estado de excepción que se recrudece en territorio Mapuche

Tras el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó un nuevo mandato de Sebastián Piñera, quien, un año antes de culminar su segunda gestión, instauró un estado de excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía. La decisión del mandatario del pacto de centro derecha, Chile Vamos, contribuyó a la tensión entre las comunidades y el Estado chileno, además de sumar un nuevo asesinato de un comunero mapuche a manos de un agente del Estado: Yordan Llempi Machacan.

En lugar de frenar el estado de excepción instaurado por la derecha, el gobierno progresista de Gabriel Boric solo ha profundizado la militarización del territorio Mapuche, extendiendo dicha medida hasta nuestros días, es decir, por tres años luego de su instauración por parte de Piñera.

Paradójicamente, el gobierno con la impronta más progresista, ecologista y feminista de los que han asomado culminada la dictadura cívico militar, es el que ha contribuido y profundizado el maltrato hacia las comunidades mapuche, permitiendo el agravio contra su cultura y siendo parte de los acuerdos que, junto al gran empresariado extractivista, pretenden intervenir sus territorios. 

Y es que el despojo contra el que luchó Matías Catrileo Quezada sigue latente en territorio mapuche, donde sus comunidades, sus niños y niñas, continúan viviendo bajo control militar, atestados de tanquetas, drones y cientos de efectivos policiales militarizados.

Su muerte y la muerte de los demás comuneros asesinados en democracia reafirma la deuda histórica del Estado chileno y todas sus instituciones para con el pueblo mapuche, que, pese a la arremetida militar y empresarial, continúa resistiendo, tal como lo hizo Matías Catrileo, aunque en ello pueda írseles la vida, como a Matías.