[resumen.cl] Un documento que no contenía ninguna respuesta a las demandas estipuladas por el Colegio de Profesores fue lo que recibieron ayer los dirigentes de la organización gremial. Durante los próximos días el profesorado se reunirá para definir los lineamientos de una nueva movilización nacional.

Todo apunta a que vendrán paralizaciones en el sistema educativo chileno.

Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesores explicó las principales demandas del movimiento docente, petitorio que se le hizo llegar al Ejecutivo: "El colegio de Profesores construyó un petitorio con temas que tienen que ver fundamentalmente con condiciones de trabajo, más que con aumento salarial. Por condiciones de trabajo nosotros entendemos el conjunto estructural que afecta nuestro desempeño para que se pueda desarrollar en forma óptima. Uno de esos elementos centrales tiene que ver con poner fin a los dobles contratos. Hoy en día los profesores tienen una titularidad de 30 horas y 14 horas que te las quitan, te las aumentan, te las reducen: juegan los empleadores con esas 14 horas, año a año, lo que genera una inestabilidad permanente para los profesores y profesoras".

El dirigente identifica esta característica como una muestra de la flexibilidad laboral que sufren los y las docentes del sector municipal, por ello la demanda señala que debe ponerse fin a los dobles contratos y avanzar así en la estabilidad laboral.

A esta sentida demanda se suman los procesos de explotación y agobio laboral, específicamente, a la triple evaluación a la que se ven sujetos alrededor de 100 mil profesores del sector municipal "Tenemos 3 sistemas de evaluación que son simultáneos y los tres pueden tener como consecuencia el despido. Vale decir que no tienen una lógica formativa de la labor docente [...] hay un modelo que te aplica tu sostenedor, un modelo que te aplica el modelo antiguo de evaluación y hay un sistema nuevo, que te da la carrera docente, que también está sujeto a modificaciones salariales y despido".

González explica que el profesorado siempre ha estado de acuerdo con los procesos evaluativos, pero no en la lógica de estas evaluaciones que buscan sancionar y castigar, sino en evaluaciones que levanten información que permita mejorar la labor docente a partir de procesos de retroalimentación. Ante la imposibilidad de impedir las evaluaciones -que por cierto deben ser preparadas sin ningún tiempo especial dedicado a ellas, en plenos procesos de clases – solicitan al menos unirlas en un solo sistema.

Se añade a lo anterior, el pago de las bonificaciones por su calidad de especialistas a las educadoras diferenciales, a quienes de manera arbitraria no se les reconoce en su salario su mención. Al respecto, el dirigente esgrime "hoy en día son más de 26 mil profesores y profesoras de educación diferencial, que son las que trabajan con estudiantes que tienen Necesidades Educativas Especiales en el aula - comprensión lectora, estudiantes que tienen ceguera, etc., y que están llevando a cabo en primera línea las políticas de la inclusión - a ellas se les niega arbitrariamente el pago de una bonificación [...] tienen los mismos derechos, tienen los mismos estudios cursados en la Universidad, tienen todos los requisitos y el Ministerio de Educación se niega a hacer este reconocimiento que es un bono que tenemos todos los profes que cumplimos estos requisitos y que es el pago por la mención"

A estas 3 demandas centrales se incluye el pago de la deuda histórica. Esta deuda se produjo por el desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, que estableció un reajuste de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos. Luego del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, el reajuste acordado fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron este beneficio dañando no sólo sus ingresos mensuales, sino además, sus futuras pensiones.

La respuesta del gobierno

Un documento que no se refiere a ninguna de las demandas planteadas por los docentes fue lo que recibieron los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores durante la jornada de ayer. El escrito, que parece más bien una provocación, será analizado las próximas semanas por la organización que aglutina a las y los docentes del sector municipal del país.

Eduardo González plantea al respecto "hay una entrega de un documento formal, pero en estricto rigor, no hay respuesta" fustiga. Añade que suponían que el gobierno respondería, en el contexto de una negociación, a los puntos señalados en el petitorio. Sin embargo, se encontraron con un documento que no señala nada en torno a sus solicitudes.

"Lo que se viene son movilizaciones, eso no está en discusión" señala. Frente a una respuesta tan insatisfactoria, que es interpretada como un quiebre en la mesa con el gobierno, la organización convocará a una consulta nacional docente para el próximo miércoles 22. 2 días después realizarán una asamblea nacional donde se discutirá como se implementará lo que emane de la consulta y se definirá el carácter de la movilización.

La crisis con los servicios locales de educación (SLE)

El documento entregado por el Colegio de Profesores al MINEDUC también aborda lo que denominan como una verdadera crisis en la educación pública, con el traspaso de establecimientos municipales a los servicios locales de educación.

González indica que el Ministerio tiene absolutamente abandonado el proceso. Muestra de ello son la desorganización del sistema y su jibarización, ya que ni siquiera los concursos de la dirección de los Servicios Locales han sido convocados. El caótico proceso ha provocado el mal funcionamiento de estos Servicios, - Barrancas, Huasco, Puerto Cordillera y Costa Araucanía -, todos los cuales han contado con movilizaciones de trabajadores. «El MINEDUC no responde a las demandas, no genera los concursos para que los cargos sean asumidos responsablemente y eso ha generado una situación muy crítica que evidentemente va a jugar a favor de los procesos de privatización de la educación." esgrime.

Finalmente, el dirigente aclara la postura de los docentes respecto del proceso de traspaso: "si bien es cierto nosotros no estamos de acuerdo con la Nueva Educación Pública que se aprobara en el parlamento, donde no hay un plan de reconstruir la educación pública, porque se establece el mismo sistema de financiamiento para la educación privada que para la pública, sin embargo hoy estamos en una discusión de implementación. Esta implementación parece ser que la derecha también la quiere frenar, para generar lo que ellos históricamente han planteado, es decir, un sistema mayoritariamente privado con escuelas particulares subvencionadas, escuelas que se mantienen en algunos municipios y escuelas que están en los Servicios Locales de Educación. Es decir, una fragmentación absoluta y radical del sistema escolar en Chile.»