Por Karen Retamal Ibacache*
"Somos del débil el protector" probablemente es el himno que muchas y muchos escucharon de niños en sus años de formación en establecimientos educacionales. Por ese entonces, no era extraño el que se celebrara el Día del Carabinero sin mayor cuestionamiento. Éramos niños, niñas y adolescentes a los cuales nos formaban con determinados conceptos acerca de lo que significaban aquellas personas que tendrían como misión el cuidarnos, el proteger a la ciudadanía.
Paradójicamente, el día 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
En este sentido, si bien Carabineros cuenta con un manual de procedimientos policiales con niños, niñas y adolescentes, en el cual se menciona e incorporan normas generales y obligatorias, comprometidas por el Estado y expresadas en los principios estructurales de la Convención de los Derechos del Niño para orientar sus procedimientos, el panorama actual dista mucho del ideal propuesto.
"A mi casa los pacos han ido varias veces. Me preguntan si mi papá tiene armas y ahí a uno lo amenazan: le ponen en la cabeza una cuestión, un revólver que andan trayendo. Yo me quedo callado y trato de no llorar porque si uno está con miedo y ellos se dan cuenta, más lo asustan a uno". Este es el testimonio de un niño de la comunidad autónoma de Temucuicui, Ercilla, en la denominada «Zona Roja» de La Araucanía.
Y es que desde 2011 a la fecha, la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos en La Araucanía han interpuesto distintas acciones judiciales en favor de niños, niñas y adolescentes indígenas que han sido afectados por situaciones de vulneración a los derechos humanos, entre los cuales se cuenta con apremios ilegítimos, amedrentamiento y persecución constante a la población infantil y adolescente por parte de Carabineros.
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Junto a esto, tan solo por el periodo que comprende el inicio del Estallido Social a la fecha, la Defensoría de la Niñez ha reportado 818 casos de NNA víctimas de violencia estatal y violaciones a los DD.HH., entre ellas, tortura, apremios ilegítimos, desnudamientos, pérdida de globo ocular por impacto de perdigón, heridas por bala y heridas por perdigones.
El análisis y enumeración de casos demuestra que la situación de la niñez y adolescencia en Chile se ha visto agravada en el último período producto del trato policial y de los mecanismos judiciales a que se encuentra expuesta. Los NNA se han visto enfrentados a amedrentamientos, violencia, y criminalización cuando, por ejemplo, han salido a las calles a manifestarse por sus derechos.
Registro de vestimentas donde ocurren desnudamientos, como lo fue el caso de los niños mapuche en la comunidad de Ercilla en 2018, quienes con 12 y 14 años fueron controlados arbitrariamente y obligados a sacarse sus ropas; los múltiples casos de niños de la comunidad de Lo Hermida en la comuna de Peñalolén, quienes han vivido severos traumas psicológicos y físicos al enfrentarse constantemente a la inhalación de gases lacrimógenos y escenas de violencia de parte de Fuerzas Especiales, es una situación que también se replica con los niños del pueblo mapuche.
Asimismo, claro es el registro de las últimas postales que ha dejado la prensa en relación a un joven de 16 años arrojado al río Mapocho por un efectivo de Fuerzas Especiales y otros dos jóvenes de 14 y 17 años de edad, residentes de un hogar de Sename en Talcahuano que fueron baleados por efectivos de Carabineros, las cuales dejan en entredicho las acciones de las policías con la infancia y adolescencia de nuestro país, así como también ponen sobre la mesa las vulneraciones constantes y re victimizantes que viven las niñas, niños y adolescentes en Chile.
Ante este escenario, los casos de NNA vulnerados por agentes del Estado, como las policías, se conforman como sistemáticos en un país donde las autoridades parecen responder con desidia y escasos ánimos de visibilización y rectificación, donde llama profundamente la atención la indiferencia con la cual se abordan las secuelas psíquicas de aquellos seres violentados por organismos que deberían ser sus "protectores".
Los hechos actuales y que se han recopilado en un Mapa de Violencia Policial, Movimientos Sociales e Hitos Institucionales, muestran con cifras concretas casos en los cuales se evidencia lo alejada que está la gestión estatal de ser un garante de derechos para las y los habitantes de menor rango etario en nuestro país.
*Psicóloga de la Universidad Mayor. Postítulo en psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes desde la perspectiva constructivista
Esta columna forma parte del Informe Anual 2019/2020 sobre el Mapa de Violencia Policial, Movimientos Sociales e Hitos Institucionales elaborado por el área de investigaciones del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), al cual puedes acceder haciendo clic acá.