El presidente de Ecuador, el banquero Opus Dei, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país andino, en medio un juicio político que éste llevaba en su contra por el delito de peculado (malversación de fondos públicos), proceso que tenía la posibilidad real haberlo destituido de su cargo.

Por Joaquín Pérez

Ante su inminente derrota en el legislativo, Lasso utilizó un mecanismo constitucional extremo, que los medios ecuatorianos denominaron "la muerte cruzada", ya que si bien el presidente disuelve la Asamblea Nacional, está obligado a convocar elecciones generales, tanto parlamentarias como presidenciales, en un plazo máximo de 90 días. Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

Mientras tanto Lasso gobernara en base a decretos, con el control de la Corte Constitucional.

Sectores de izquierda son mayoría en Ecuador, pero están divididos, entre los seguidores del exmandatario Rafael Correa (Revolución Ciudadana) y el Movimiento Indigenista (Pachakutik), lo que ha permitido a la derecha neoliberal gobernar. No obstante, esta vez estaban los votos para destituir a Lasso.

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En su cuenta de Twitter, Correa señaló que la acción de Lasso es ilegal, pues no existe el "estado de conmoción interna" al que apela el actual presidente de Ecuador, sin embargo, valoró de forma positiva el hecho, porque permite en sus palabras al pueblo ecuatoriano deshacerse de Lasso.

Llama la atención el papel de la OEA o cancillerías como la chilena, que ante la disolución del parlamento en Perú por parte de Pedro Castillo, no dudaron en tildar el hecho como un «golpe de Estado», ahora se valide el mismo mecanismo en Ecuador, sin generar ningún tipo de cuestionamientos a la medida.

En tanto, las Fuerzas Armadas salieron a respaldar la medida.