La infamia de pretender responsabilizar a la ciudadanía por el aumento exponencial de los contagios del coronavirus es una sucia maniobra que busca eludir las responsabilidades directas e inmediatas que tiene el gobierno en el desastroso manejo de esta pandemia, con mayor razón la tienen el presidente Piñera y su ministro de Salud Jaime Mañalich.
Pero esta infamia alcanza ribetes alarmantes cuando se pretende culpar a personal de la salud por encontrarse ellos mismos contagiados. Esto es más que un absurdo, es una desfachatez inaudita. La desvergüenza ahora corre por cuenta de un individuo de nombre Carlos Capurro, Director del Hospital Guillermo Grant Benavente, el Hospital Regional de Concepción, quien ha tenido el descaro de responsabilizar y culpar a los trabajadores y trabajadoras del recinto hospitalario por los brotes de contagio que se han producido en este centro hospitalario afectando al propio personal. De todas las aberraciones que han cometido las autoridades durante el curso de esta epidemia, esta insolencia del señor Capurro, emitida en declaraciones a medios de prensa, es de las más abominables pues, entre otras cosas, este ingeniero civil intenta eludir su propia responsabilidad y encubrir su pésima gestión administrativa en general del centro hospitalario y durante esta pandemia en particular.
Esta estupidez solo tiene un parangón en la estupidez cometida por la directora del hospital público Claudio Vicuña, de San Antonio, Liliana Echeverría, quien en el mes de abril sancionó a una médico del recinto por haberse contagiado de coronavirus mientras atendía pacientes afectados de COVID-19 en el propio centro hospitalario.
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Sin embargo, Capurro la supera porque si hay personas que durante estos tres meses de pandemia han hecho lo imposible por hacer las cosas bien son precisamente los trabajadores y trabajadoras de la salud de todos los estamentos sanitarios. Es demasiada la estupidez y el desparpajo, responsabilizar a estas personas por haberse contagiado en el cumplimiento de sus labores. No se contagiaron durante unas vacaciones en cualquier confín del planeta y llegaron de vuelta con el virus a cuesta; no se contagiaron en fiestas clandestinas ni en recorridos por algún centro comercial, ni yendo a los cultos evangélicos que pregona el nefasto Seremi de Salud del Bío Bío; ni siquiera se contagiaron en las obligatorias e interminables filas que deben hacer miles de personas para conseguir abastecerse de productos básicos o solucionar obligatorios trámites burocráticos. Los contagiados del hospital HGGB se contagiaron en el ejercicio de sus funciones laborales, durante sus jornadas de trabajo, en sus lugares de trabajo, y es demasiado sucio pretender cargarlos de culpa por haber contraído la enfermedad que combaten.
Más inaceptable resulta la actitud de este director pues, en específico durante la pandemia y a causa de ésta, el personal de este centro hospitalario ha estado sometido a un permanente agobio y recargo de labores (al igual que todos los centros públicos del país), cuestión que se genera por la limitación de equipamientos y escasez de insumos que en el caso del HGGB el señor Capurro ha sido incapaz de corregir y solucionar, por las limitaciones de personal en todos los sectores médicos, y por la recarga de pacientes críticos que se reciben desde Santiago producto de las erráticas decisiones que adopta el ministro Mañalich y el minsal. No conforme con eso, el director Capurro en sus declaraciones, se da el gusto de emitir amenazas y anunciar sanciones a los trabajadores y trabajadoras que sean sorprendidos, según su apreciación, vulnerando reglas de distanciamiento durante su permanencia en el lugar de trabajo, con lo que evidencia su absoluta falta de sensibilidad social y su completa ignorancia de lo que significa el trabajo sanitario y médico en un centro de salud. Lo cierto es que si estas desatinadas declaraciones y amenazas no fueron respondidas con una movilización o con un paro de actividades, se debe únicamente al compromiso de las trabajadoras y trabajadores con la grave situación sanitaria del país y con la salud de los pacientes de los recintos hospitalarios públicos.
Si la cantidad de víctimas fatales no se ha disparado exponencialmente en estos meses desde el comienzo de la epidemia en el país, ha sido esencialmente por el esfuerzo, el trabajo, el compromiso y el sacrificio de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esta es una gran verdad que la ciudadanía chilena reconoce, aún a pesar del amañamiento de las cifras totales de fallecidos en que incurre el ministro Mañalich y su equipo manipulador de crisis. El peligroso aumento de los contagiados no es atribuible en modo alguno al personal de la salud ni a la población en general sino a la intransigente inoperancia del gobierno.
La sobrecarga de trabajo y de funciones del HGGB la está provocando su director, Carlos Capurro, y el señor Mañalich, quien ha preferido derivar enfermos hacia este hospital y a otros recintos de provincia en lugar de distribuirlos en los centros hospitalarios de las entidades uniformadas y policiales en Santiago y en los recintos y clínicas privadas de la capital. Por negocio o por desdén de clase, el ministro prefiere mantener intocables los recintos de sus amigos y joder a las provincias.
Este director sigue la senda de las autoridades de la salud y funcionarios superiores, como Seremis, que han sido una vergüenza en el manejo de la pandemia a nivel nacional, regional y local, fracasando estrepitosamente en evitar la propagación de contagios y de las muertes. Fracaso que este gobierno hace ingentes esfuerzos por disimular, disfrazar, de ocultar a la apreciación de la ciudadanía. En ese afán el gobierno y la alianza gobernante han demostrado no tener límites éticos ni morales, cuestión que ya teníamos asumida, pero constatar que aún en pandemia sanitaria y humanitaria no abandonen sus métodos infames resulta intolerable y abrumador.
Una expresión burda y grosera de esta infamia es la implementación de una campaña mediática, a través de spot publicitarios, difundida profusamente por los medios empresariales de comunicación, que responsabiliza a la población por la propagación del virus por ciudades y pueblos. Nada nuevo, sólo que esta campaña raya en la demencia y sólo sirve para que el señor Piñera siga mal gastando los recursos del Estado para tratar de salvar su decadente imagen.
No logrará salvar la imagen propia ni de su inoperante gobierno con campañas como ésta o cómo aquellas destinadas a utilizar con fines políticos la distribución de alimentos. Las mentadas cajas de alimentos han sido una forma de campaña electorera, mezquina y sucia, que utiliza la pandemia y se aprovecha de las necesidades básicas de la población para hacer publicidad política y campaña electorera encubierta. Las cajas de ayuda se han convertido no solo en un gran negocio de "cajitas felices" para los grandes empresarios del retaill del rubro alimentario, sino también en un masivo acto de cohecho, abierto y descarado. Así lo dejan de manifiesto los miserables instructivos que han sido impartidos desde el gobierno hacia los funcionarios dedicados a la distribución de estas cajas en los barrios y comunas populares; instructivo que detalla hasta la minucia el cómo sacar mejor provecho político y mediático del acto caritativo de Piñera y del gobierno. Sólo les falta poner el letrero de "donado por mi" y "Vote X" para que el ilícito fuera completo, porque lo que no menciona el instructivo es que esas cajitas se compran con dineros del Estado, con fondos del fisco, con plata de todos los chilenos. Pero más allá del pagador real de estas cajitas, lo repugnante es el hecho deleznable de tratar de sacar provecho de todo, de la pandemia, de la necesidad, de la miseria, de la crisis que ellos mismos han provocado. Estos gobernantes son un asco de autoridades en todo el sentido repulsivo de la palabra.
A decir verdad, esta utilización y desvergüenza no solo la ejercen los personeros instalados en la Moneda, sino que hacen uso y abuso de ella una gran parte de los componentes de la alianza política gobernante. El inescrupuloso alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, ha rebasado todas las barreras de la decencia, del decoro, de la prudencia, de la vergüenza, haciendo un abuso a límites intolerables de cualquier cosa relacionada con la pandemia en que él y su fracción política crean que pueden sacar alguna ventaja. Se genera la duda, con este personaje, de si efectivamente estará haciendo cuarentena preventiva o si sólo es una variante práctica, una innovación escénica para sacarle más provecho a la situación de pandemia; de otra manera resulta difícil entender que el patético alcalde se halla internado en una residencia sanitaria para hacer la cuarentena preventiva (aunque desde allí sigue ocupado de aparecer en los medios), lo que representa una verdadera burla para las cientos de personas que tienen la real necesidad de obtener un cupo en estos espacios (financiados por el fisco), pues padecen realmente la enfermedad en alguna de sus formas primarias, y viven en reales condiciones de hacinamiento, y que tienen reales limitaciones de espacio físico en sus lugares de vivienda; en cambio el señor Lavín no puede argüir ninguna de estas situaciones y las que invente son fácilmente desenmascaradas por la realidad de sus dominios, solo lo mueve la míserable motivación de hacer un uso político hasta de las alcantarillas. Por si queda alguna duda, Lavín "obtuvo" el cupo en un par de horas, en cambio hay cientos de personas que se pasan días sin obtener siquiera una respuesta, otros cientos obtienen respuesta pero se pasan días esperando un cupo que nunca llega, otros se mueren esperando y los más ni siquiera se enteran de estos recintos, que dependen de una pléyade de ineptos Seremis. Una burla. La impudicia se queda corta para definir comportamientos como el de este individuo, sólo comparable con el propio presidente Piñera que haciendo uso de su cargo, por las prerrogativas del mismo, puede encubrir o intentar justificar los abusos en que incurre casi de manera natural.
La perversa lógica gobernante de responsabilizar a la población por el incremento exponencial de la pandemia es de las acciones más innobles, más canallas, que puede tener un gobierno respecto de los habitantes de un país. Es repulsivo constatar que nos ha tocado la desgracia de padecer la presencia y conducción de estos gobernantes para enfrentar esta crisis sanitaria. Ha sido una desgracia que el estallido social de octubre pasado no alcanzara para que el país se deshiciera de ellos antes del arribo del virus.