La reciente decisión del Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de aplicar un irregular beneficio tributario a un consorcio económico acusado, procesado y condenado por delitos de fraude al Fisco y corrupción, viene a ratificar, una vez más, el imperio absoluto de la desigualdad que rige en nuestro país.

El SII se burla de los chilenos y reduce al ridículo el concepto de justicia y equidad al otorgar, por el sólo arbitrio de la potestad legal del cargo, un perdonazo disfrazado a los dueños del Grupo Penta. Rebajar en 1.400 millones de pesos los impuestos de estos empresarios con el argumento de considerar como gastos operacionales de empresa a los abogados para su defensa legal ante los delitos tributarios de soborno, cohecho y lavado de dinero que pesaban sobre ellos. Es decir, el Estado chileno le paga los abogados para su defensa a delincuentes que han defraudado al Estado chileno. Esto es una burla inadmisible, es impunidad, pero impunidad rentada por el fisco.

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El SII aparece premiando a delincuentes de cuello y corbata, pagándoles los abogados con el dinero de todos los chilenos que esos mismos empresarios estaban esquilmando. ¡Y vaya abogados onerosos! Mil cuatrocientos millones de pesos. Si los delincuentes del Grupo Penta no tenían cómo financiar su defensa, ésta debía ser asumida por abogados de la Defensoría Penal Pública, de modo que pretender hacernos creer que se está pagando esa astronómica cifra por una defensa jurídica es una verdadera ofensa que el señor Director del SII no tiene empacho en hacernos.

Los empresarios beneficiados con este premio, los dueños del Grupo Penta, operadores de una verdadera fábrica de corrupción, son aquellos delincuentes que habían sido condenados a recibir clases de ética, filosofía y asuntos legales que, según consta, de nada sirvieron porque continúan fieles a su práctica de esquilmar al Fisco pues no dudan en "solicitar" esta rebaja de impuestos a sabiendas que no es más que otra forma de fraude.

Ante la ola de repudio que provocó en la población esta infame actitud del SII y lo que ella representa, los parlamentarios decidieron que el Director del organismo fiscalizador se presente ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a explicar la situación, pero al mismo tiempo deciden que esa sesión será vista y tratada en secreto. Los beneficiados de los fraudes se protegen a sí mismos pues no olvidemos que uno de los ítems de los fraudes de Penta era el financiamiento de campañas políticas. Para los poderosos lo terrible de la corrupción no es la corrupción, sino que se conozcan los vergonzosos detalles.

"Se ajusta a la normativa legal", se ha justificado tratando de explicar esta inmoralidad el Director del SII; es decir, la ley mandada a hacer ad-hoc por los delincuentes de cuello y corbata, faculta a la clase política para otorgar perdonazos, rebajas de sanciones, aplicar multas irrisorias, realizar sesiones secretas, en suma, ocultar la verdad. Otra de las características de este modelo ha sido la mercantilización de la política y, por lo visto, sigue rindiendo frutos. No por casualidad, el año 2015 a poco de conocerse del Caso Penta y sus derivaciones, la clase política a través del gobierno de turno, se encargó de hacer una verdadera purga administrativa causando el despido de los funcionarios del SII y de otras reparticiones que denunciaron los delitos, y posteriormente se ocuparon de exonerar a los Fiscales que se habían empeñado en investigar a los poderosos.

Esta burla tributaria se suma a otra serie de hechos que muestran esta aberrante realidad social y jurídica en que la ley y la administración favorece siempre a los que detentan el poder. A comienzos de octubre, Julio Ponce Lerou, fue beneficiado por la Corte Suprema con la rebaja de la multa de 62 millones de dólares que se le había aplicado por los delitos de fraude en el Caso Cascadas a la irrisoria cifra de 3,3 millones de dólares. A fines de septiembre la Fiscalía Regional del Bío Bío desistió de seguir investigando la arista Asipes del fraude del caso Ley de Pesca. A ellos se suman otras decenas de casos en que los infractores de la ley no reciben ningún castigo, o son sancionados con penas simbólicas que solo disfrazan la impunidad de que se privilegian.(El Caso Chispas, el Caso LAN, el Caso Inverlink, el Caso PENTA, el Caso MOP-Gate, el Caso EFE, el Caso CAVAL, el Caso Coimas, el Caso Consejo Nacional de Acreditación de Universidades, el Caso SQM, el Caso Corpesca, el Caso Publicam, entre otros, se suman a los recurrentes casos de Colusión de los Pollos, del Confort, de las Farmacias, de los Pañales, son sólo algunos ejemplos).

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Realidad muy distinta es la que viven aquellas personas que son acusadas por el Estado de infracciones, faltas o delitos pero que son castigados con particular rigor legal, perseguidos con implacable celo por las Fiscalías y sancionados con intransigente dureza por tribunales y Cortes, siempre adictos a proteger y favorecer a los poderosos. El propio SII persigue con inusual diligencia a aquellos comerciantes o pequeños empresarios que incurren en faltas o delitos que parecen un desliz en comparación con los delitos de los grandes empresarios.

Las Fiscalías, por su parte, se ensañan con encomiable fervor jurídico persiguiendo a las personas detenidas por su participación en las protestas sociales, exigiendo las penas del infierno para quienes rompen un semáforo o levantan una barricada. Pero esas mismas Fiscalías hacen vista gorda, se muestran complacientes, se tornan benignas y comprensivas al máximo con los delincuentes de cuello y corbata. Esta desigualdad de criterios es continuada enseguida por los Tribunales, tanto de Garantía como de Juicio y de Corte, pues condenan con particular rigor al luchador social, aplicando abusivamente la prisión preventiva que es usada como condena de castigo por tribunales serviles al poder. Esos mismos tribunales ante los delincuentes de cuello y corbata también se muestran benignos y comprensivos; con espanto propio les aplican restricciones de salida del país o alguna otra sanción ridícula como asistir a clases de ética.

La igualdad ante la ley contenida en el artículo 19, números 2 y 3, de la actual Constitución es una premisa vacía de contenido y de veracidad. En los hechos, detrás del artículo 19 existe un conjunto de leyes que crean condiciones de privilegio para los detentores del poder y la riqueza; cuando no existen, recurren a subterfugios y artimañas para interpretar la ley a favor de esos sectores privilegiados, como ocurre en este caso con el SII y los empresarios dueños de PENTA, o con SQM y los otros.

No se trata solo de la estructural desigualdad económica que se expresa en astronómicas diferencias de ingresos, de calidad de vida, de condiciones de vida, de acceso a los servicios y bienes, de segregación salarial, de garantías legales, sino de un sistema jurídico-social articulado en torno a criterios de segregación en desmedro de las mayorías y favoreciendo con ventajas de todo tipo a los pocos habitantes de la burbuja del poder. Estas inequidades son algunas de las cuestiones que deben ser zanjadas de manera clara y rotunda en la Nueva Constitución. Es un imperativo ético y social terminar con esta desigualdad aberrante, con los privilegios, y con las condiciones que hacen ello posible.

No basta que la Constitución, actual o futura, consagre la igualdad ante la ley, sino que tiene que complementarse con un cuerpo de leyes que garanticen la concreción y validación de tal principio. No basta con decir que el Estado prohíbe y condena la corrupción política y administrativa, la malversación de recursos públicos y toda forma de defraudación al Fisco, sino que tienen que instrumentarse las leyes y normas que garanticen la efectiva persecución y castigo de los infractores.

No basta con señalar que se rechaza la desigualdad y segregación social si al mismo tiempo no se instrumenta una reforma tributaria que aplique impuestos según los ingresos, de acuerdo a criterios de desarrollo nacional, y que impida la evasión y la elusión tributaria. Estas reformas deben imposibilitar que funcionarios como el Director del SII aplique perdonazos a su antojo o al antojo de sus jefes.

Pero no basta con tener normas y leyes adecuadas sino se reforma sustancialmente el Código Civil de modo que sancione de manera veraz y eficaz los delitos económicos y la corrupción, los delitos contra el Estado (fraudes, desfalcos, estafas, malversaciones, cohecho), los delitos contra el Fisco (evasión y elusión tributaria), los delitos económicos contra la población (colusión, usura), los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra las culturas y pueblos originarios, los delitos de prevaricación, los delitos contra el país.  Además de corregir otra serie de condicionantes en la función de los tribunales que impidan los arbitrios y desatinos que hoy ocurren.

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