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EDITORIAL | Lo que faltaba: las tablas de la ley

Que el Gobierno y los dueños de este sistema y modelo de dominación no quieren entender nada de lo que ocurre en la realidad social del país es una verdad indesmentible. Una muestra más de esta verdad irrefutable, aunque patética, es el reciente anuncio del presidente Piñera de un decálogo de la nueva constitución chilena que debiera aprobarse en el proceso en ciernes. Autoungido cual Moisés, el mandatario hace una demostración clara pero absurda de la absoluta falta de capacidad moral y de voluntad política para aceptar los cambios que el pueblo chileno está exigiendo.

El mandatario, una vez más, no ve lo que está causando. "No lo vimos venir", fue la gran excusa que usaron a coro el Gobierno, la derecha, la clase política, el gran empresariado y sus medios de comunicación para tratar de justificar la injustificable ceguera social que no les permite visualizar siquiera el daño y destrucción que provocan con su modelo de desarrollo y su sistema de dominación. La desigualdad, la segregación, el racismo, el abuso, la explotación, la destrucción del ambiente, las colusiones empresariales, la corrupción, el absolutismo y otros flagelos, son para los poderosos tan naturales, tan propios de su esencia, que no ven lo que causan.

Los 30 pesos de las tarifas del metro fueron sólo el fósforo que encendió la llama de la justa indignación y se provocó el Estallido Social ante tanta basura acumulada. En esta movilización nacional confluyen todas las demandas acumuladas en decenas de reivindicaciones que se desparramaban por todo el tejido social y por todo lo largo y ancho del territorio; y todas ellas redundan en una sola. Con el Estallido cobra fuerza estructural y definitoria la exigencia de cambios profundos y protagonismo absoluto en la realización de esos cambios. Por consiguiente: la necesidad de una nueva constitución que cambie completamente las reglas del juego y el marco jurídico que permitieron, fomentaron y propiciaron este continuo de atropellos y vejámenes de todo orden.

El protagonismo social de la población movilizada exigiendo cambios y nueva constitución ha intentado ser burlado, baypaseado, esquilmado, por la alianza del coro del poder. Las amarras, ataduras, restricciones, limitaciones que han pretendido imponerle al proceso constitucional necesario para la concreción del camino hacia los cambios han sido de tal naturaleza y dimensiones que sino ha devenido aún en otro estallido es sólo por la convicción y certeza de que el pueblo arrasará en el plebiscito de entrada con la opción del "Apruebo" y "Convención Constitucional"; éste es el factor que ha servido de barrera de contención social, pero es sólo una barrera. Hasta ahora, solamente las limitaciones sanitarias obligadas por la presencia del coronavirus y la buena voluntad ciudadana de la población movilizada han contenido la indignación popular.

Pero la derecha deliberadamente está llevando la situación a límites intolerables. Conscientes de su inminente derrota, instalaron el gabinete del odio y del "rechazo" y se lanzaron en una feroz ofensiva para tratar de neutralizar las demandas sociales de cambios profundos. De una parte, intentan diversas maniobras leguleyas para impedir la realización del plebiscito de entrada establecido para el 25 de octubre próximo. Una de las cartas que ha puesto en juego la clase gobernante es utilizar los efectos de la pandemia como uno de las causales que motiven la no realización del referéndum. Si no pueden concretar esta maniobra, pueden intentar entrabar la participación popular, incentivando o forzando el abstencionismo por la vía de la propagación del coronavirus como agente limitador.

De otra, incrementan el arsenal y el despliegue represivo generando condiciones para atacar cada movilización popular con inusual virulencia. Mientras más querellas y denuncias judiciales se realizan contra el actuar brutal y descontrolado de las desquiciadas fuerzas represivas, particularmente las llamadas Fuerzas Especiales de Carabineros, mayor es el incremento de la violencia y el aumento de casos de graves violaciones a los derechos humanos de las personas en que incurren estas entidades policiales, alentadas e incentivadas por los delirantes integrantes del gabinete ministerial del señor Piñera. Prueba de ello ha sido el inusual despliegue y acostumbrada violencia con que fueron reprimidas las manifestaciones sociales conmemorativas de los caídos producto del golpe militar de 1973. Una vez más se ratifica la vocación dictatorial de este gobierno y la vocación criminal de las fuerzas policiales de Carabineros.

Al mismo tiempo, este actuar represivo y déspota del Gobierno, es una demostración más de la carencia de comprensión de la realidad de que hace gala esta administración. Las manifestaciones sociales no sólo eran producto de una actividad de homenaje y conmemoración (con su propia carga de exigencias por verdad, justicia y reparación) sino también eran expresión de que las demandas estructurales que expuso el Estallido Social siguen estando en la primera línea de las exigencias ciudadanas. Demandas que, por lo demás, se unen al reclamo de la población por el nefasto y negligente manejo que ha tenido este gobierno respecto de las necesidades populares durante esta penosa pandemia del coronavirus.

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No conforme con las despóticas e inauditas expresiones en que ha incurrido en el último tiempo, no solamente con respecto del Estallido sino también respecto del desastroso manejo de la crisis sanitaria, ahora el señor Piñera se monta en su arrogante vanidad y fatua soberbia para tratar de dictar los contenidos a que debiese ceñirse la nueva constitución de que Chile debe dotarse.

Por una parte, dejando de lado la vulneración del principio de prescindencia que debiese regir el actuar de un presidente de la República en estos casos, la intromisión del mandatario en los contenidos de una nueva constitución, es en sí un reconocimiento de la derrota política que significa para la derecha y los poderosos tener que aceptar la realización del plebiscito y del proceso constituyente. De otra parte, esta intromisión, además de estúpida, es un desesperado intento por salvar los contenidos de la actual podrida constitución pinochetista. El absurdo es que las "Tablas de la Ley" que el mandatario fue a recibir no al Monte Sinaí ni de un Dios sino del escritorio de algún titiritero del segundo piso de La Moneda, es una réplica gatopardista del actual ordenamiento constitucional dictatorial.

Lo cierto es que el pueblo ya no acepta monitoreos ni enjuagues de ninguna naturaleza. La población mayoritaria del país podrá no tener una expresión política organizada según los parámetros de "aceptación" de los poderosos, de la actual clase política institucionalizada, de los miembros del coro del poder, pero eso no significa que el pueblo pueda ser ignorado ni basureado por cualquiera; eso no significa que no tenga expresión política, pues la tiene y se manifiesta de una manera propia y soberana. Si los poderosos y los señores del coro no lo pueden ver, es problema de ellos, pero deben hacerse cargo de su ignorancia y hacerse cargo de los costos de su altanería.

El proceso constituyente que reclama la población chilena es de una nueva constitución elaborada y redactada a partir de la hoja en blanco y por una asamblea constituyente soberana, democrática y representativa. El pueblo chileno ya no está disponible para aceptar dictados de nadie, ni menos está dispuesto a aceptar intromisiones de gobernantes ineptos ni de libretistas delirantes del segundo piso.

¿Cuál es la parte de "Hoja en blanco" que no entiende el mandatario? Si el señor Piñera quiere hacer valer sus opiniones en el proceso constitucional venidero lo que debiese hacer es renunciar ahora a su cargo formal de presidente, abandonar La Moneda y postular en alguna parte como candidato a ser elegido delegado para integrar la próxima Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, según lo decida el pueblo en su conjunto. Déjese de joder.

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