La carencia de garantías sociales de parte del Estado para con la población mayoritaria del país ha quedado dramáticamente de manifiesto desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. A esta deficiencia de fondo, se suma la existencia de un gobierno que ha privilegiado la protección de los intereses patronales y empresariales por sobre la salud y la vida de la población. La confluencia de ambos factores ha colocado al pueblo chileno en una situación de indefensión y fragilidad frente a los estragos físicos, económicos y sociales que ha traído consigo la pandemia. Esta magra realidad ha obligado a la clase trabajadora a presionar para echar mano a sus propios fondos previsionales intentando paliar en alguna medida los daños sufridos producto de la indolencia y arrogancia de un gobierno perverso.

La condición de vulnerabilidad de la población no es producto del Covid-19, sino de las falencias estructurales de un aparato del Estado semi destruido, empequeñecido, y reorganizado por el neoliberalismo imperante con la única finalidad de esquilmar sin reparos a la población y depredar sin límites al país.

La dictadura trajo consigo la pérdida de derechos sociales y de condiciones de protección estatal que la clase trabajadora y el pueblo en general habían logrado conquistar durante décadas de lucha y organización social. Este despojo logrado con la fuerza de las armas y del terror fue convertido en figura legal y permanente mediante la fraudulenta y poluta Constitución instaurada en 1980 y que permanece hasta hoy.

La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la previsión, los servicios, todo lo esencial de la vida nacional fue convertido en bienes de mercado y mercadeo por la tiranía para beneficio de una reducida casta empresarial. A las imposiciones dictatoriales siguieron la colaboración servil de los sucesivos gobiernos postdictadura que han perfeccionado los instrumentos privados de dominación y han profundizado el despojo de los instrumentos estatales orientados a servir a la comunidad. La privatización de los recursos, empresas y servicios fiscales forma parte de este robo en descampado que ha significado el empobrecimiento y limitación de la capacidad económica del Estado, al tiempo que ha servido de base para reducir la tuición y posibilidad de gestión del fisco.

El disminuido Estado ha sido convertido en un aparato dispuesto sólo para auxiliar y proteger al empresariado, contando con la complicidad de la descompuesta clase política. Para el pueblo mayoritario nada, o en el común de los casos, solo bonos que son el instrumento de cooptación y subordinación sobre la masa que utilizan a su antojo los administradores del poder imperante. Por otra parte, la población despojada de sus derechos ve al Estado como una entelequia burocrática a la que debe acudir para suplicar ayudas. Cuando esa misma población lleva sus demandas a la calle, este Estado le responde con represión y muerte, la única finalidad de contenido social que cumple bajo la dirección de estos administradores.

El Estallido Social de octubre pasado, primero, y la pandemia del corona virus, después, desvistieron por completo a este sistema abusador de sus ropajes festivos y triunfalistas con que le presentan, pero son solo propios de la burbuja de los poderosos. Quedó al descubierto la ausencia de una política de seguridad social, de apoyo estatal a la ciudadanía, de resguardo de la población; no tenemos nada que esté realmente orientado a la protección social, pues este sistema eliminó todo.

La inexistencia de leyes laborales en beneficio de la clase trabajadora, la precariedad laboral, la cesantía descarada, la pobreza, la mercantilización de la salud, la segregación social, la segmentación urbana, el hacinamiento, la carencia de servicios básicos, la absoluta imposición del mercado como mecanismo regulador de lo irregulable y manipulador de pobreza. Es el reino de la desigualdad y del abuso.

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Todos estos flagelos fueron desenmascarados en el curso del último año. Siempre estuvieron allí, pero bien camuflados por la publicidad mercantil y la manipulación mediática de los medios empresariales. El Estallido y la pandemia mostraron la brutal realidad tal y como es. La perversidad de los gobernantes quedó también expuesta no sólo por la desastrosa gestión de la crisis sanitaria en tanto problema de salud pública, sino sobre todo por la reticencia a brindar ayudas y la negación de auxilio a los sectores sociales más vulnerados.

Acciones que grafican la insensibilidad social gobernante son la absurda ley de protección del empleo, que en la práctica significó una pantalla para brindar protección al empresariado y una descarada maniobra para enviar a la cesantía a millones de personas; la negativa permanente a establecer un salario básico universal para asistir en la emergencia a los sectores más necesitados; la negativa a congelar el cobro de los servicios básicos al menos por tres meses; la negativa permanente a fijar límites al alza de tarifas de los servicios básicos; la negativa permanente a fijar límites al alza de los artículos alimenticios y de primera necesidad del consumo familiar; incluso el hecho de que las cajas con ayuda en alimentos hayan sido surtidas por poderosas cadenas comerciales ligadas al gran empresariado, en lugar de entregar un salario digno o ayuda económica directa a la población para que resuelva sus necesidades básicas por compra directa en el barrio, forma parte de esta indiferencia gobernante. A ello hay que sumar la negativa al retiro del 10% de los fondos previsionales que, tempranamente, la población comenzó a plantear y finalmente a exigir.

Estas condiciones de abandono es lo que llevó a la masa trabajadora a exigir la entrega de parte de sus ahorros previsionales desde las AFP para hacer frente a las necesidades más apremiantes. Si bien a fines de julio pasado se aprobó finalmente la ley que posibilitó el retiro del 10% de los fondos, lo cierto es que estos ingresos económicos han sido solo un paliativo para los sectores más afectados por la crisis. Paliativo que ha servido puntual y circunstancialmente para hacer frente a una situación económica y social agobiante pero que no resuelve en lo inmediato -y menos en el mediano plazo- los efectos nocivos que la población está padeciendo producto de la deplorable gestión gubernamental ante la pandemia.

El gobierno, por su parte, sigue ocupado en velar por los intereses y requerimientos del empresariado, haciendo vista gorda de la situación sanitaria del mundo laboral y haciendo caso omiso de las necesidades y problemas de las trabajadoras y los trabajadores. De allí que, de manera inevitable, han surgido las demandas de la población por recurrir de nuevo a sus ahorros previsionales. Demandas que poco a poco se han ido generalizando y transformando en una lucha de los sectores que viven situaciones apremiantes.

Ante un Estado ausente y un gobierno inepto, a la población no le queda más opción que seguir valiéndose de sus ahorros. Aunque esos ahorros estén secuestrados por los empresarios dueños del sistema previsional que les regaló la dictadura, los propietarios exclusivos de esos dineros es la masa trabajadora cotizante. Esa es la única verdad que importa, le guste o no le guste a los empresarios o a los gobernantes.

Continuando con su lógica empresarial, el gobierno se niega rotundamente a un nuevo retiro y de modo simultáneo intenta imponer restricciones adicionales a la movilidad de carteras, en lo que se ha llamado el "corralito de Piñera", coartando la libre disposición de los fondos dentro del propio sistema. Estas parecen ser maniobras diversionistas del empresariado que controla el negocio de las AFP para distraer la atención ciudadana y legislativa del asunto central: el retiro inmediato de otro 10% de los fondos previsionales.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones con el primer retiro de fondos, casi 2 millones de personas (16% del total de cotizantes) se quedó sin nada, sacó todo lo poco que tenía. Con un segundo retiro la cifra subiría a más de 4 millones de personas (34%). Es una consecuencia lógica que así haya sido, particularmente entre los sectores de cotizantes cuyos salarios son bajos y por tanto su posibilidad de ahorro previsional es menor; esto afecta a las mujeres y jóvenes -producto de la segregación salarial y del abuso contractual de que son objeto-.

Aunque en algunos casos el retiro implique sacar gran parte o todos los ahorros previsionales, más vale eso que dejarlos en las AFP para la rapiña empresarial. La legitimidad y necesidad del derecho a retiro de esos fondos no puede ser puesta en cuestión. Finalmente lo que les augura este sistema es que recibirán pensiones de miseria y de corta duración; tiene más sentido ciudadano que la población utilice ahora esos ahorros para paliar sus necesidades básicas a que esos fondos sigan siendo esquilmados por empresarios inescrupulosos, que acumulan sus cuantiosas riquezas a costa de los cotizantes.

Pero esta urgencia de recurrir nuevamente a los fondos de jubilación deja en evidencia la necesidad de poner término, de una buena vez, a este nefasto sistema de AFP y proponerse como país la construcción de un nuevo sistema previsional público, solidario, tripartito, que tenga como base la dignidad de las y los cotizantes, la vida y la vejez de las trabajadoras y trabajadores, y no se oriente al beneficio de intereses empresariales que se enriquecen a costa de los fondos.

Pero eso no basta. Se requiere contar con una seguridad social para el presente, para el ahora, para todos y todas. No es suficiente con proponerse resolver de buena manera la cuestión previsional. Es una necesidad prioritaria para el país organizar y disponer de un sistema de seguridad social que no solo se sustente en un modelo justo de previsión, de jubilaciones decentes y pensiones dignas, sino en un conjunto de políticas que apunten a cubrir las necesidades y la protección de las condiciones y calidad de vida de las grandes mayorías de la población.

El Estallido Social y la crisis del coronavirus han desnudado hasta la médula la incapacidad del Estado para hacerse cargo de las urgencias y problemas de la población. Se torna de primordial importancia reconstruir un Estado solidario que tenga capacidad y genere condiciones para auxiliar, apoyar y proteger a sus habitantes, a las masas populares, a la ciudadanía en su conjunto, a todos y todas. Estas son preocupaciones y ocupaciones esenciales que también deben ser asumidas en lo inmediato por el pueblo en el proceso constituyente que se avecina.

RESUMEN.