El discutido cierre de Huachipato marca el fin del ciclo industrial en nuestra región, herido de muerte desde hace ya más de 3 décadas, era que data desde el siglo XIX en la Provincia de Concepción, con la primera explotación de mantos carboníferos por parte de Roberto Mc Kay e Ignacio Domeyko en las vegas de Andalién.

El nuevo modelo económico social impuesto por la dictadura, preservado y mejorado por cada uno de los gobiernos que transitaron por la postdictadura, contribuyeron a destruir la industria, los empleos estables, con salarios dignos y derechos sociales, favoreciendo la transformación de nuestra región en un territorio para el saqueo de empresas extractivistas, tanto de nuestro territorio como de la población que la habita.

Empresas altamente contaminantes y con condiciones laborales miserables, basadas en la tercerización, subcontrato, empleo precario, bajos salarios, son las causantes de la demolición de todo lo construido en esta región, levantado por el modelo industrializador propio del siglo XX. Esto ha llegado a tal punto, que el empresariado nacional y transnacional ha barrido con el patrimonio, la identidad y la historia de las y los habitantes de la costa de la región del Biobío.

Nuestra región fue transformada en zona de sacrificio, la calidad de vida de sus habitantes destruida por forestales, pesqueras, termoeléctricas y cuanta empresa contaminante pudieron traer. Hasta la conciencia y la dignidad se fue perdiendo, mientras aumentaban las fortunas de los grandes grupos económicos y los políticos corruptos, útiles para sostener este absurdo sistema, que beneficia a una ínfima minoría en detrimento de la población y fragilizando el medio ambiente.

Sin embargo, cuando uno cree que nada puede ser peor, los políticos corruptos que actualmente dirigen la región, al servicio siempre del poder económico pretenden, a partir de la crisis de Huachipato, obtener beneficios para las industrias que han destruido nuestro territorio y ciudades, exigiendo al Estado más subvenciones para continuar con el saqueo extractivista.

El modelo -y sus agentes empresariales- basado en la depredación y vulneraciones de derechos sociales, es el mismo que hoy se aprovecha de una crisis que está afectando a cientos de familias, pero que ha protagonizado una férrea defensa a los privilegios empresariales y sus ganancias por sobre el bienestar de la población.

Estos mismos empresarios, a través de asociaciones empresariales, muy ligados a las denuncias que hoy existen sobre los manejos de los fondos en el Gobierno regional del Biobío, pretenden mantener los privilegios de la Ley de Pesca, nacida de la corrupción más vulgar que hemos podido presenciar, durante los más de 30 años de gobierno postdictadura.

Esos mismos empresarios, con sus cómplices de la clase política buscan, a partir de la miseria y la cesantía que han generado en la región, atropellar aún más la dignidad de quienes habitamos en el Biobío, utilizando las necesidades de empleo y condiciones de vida digna que existen en nuestras ciudades, solo para validar las demandas que benefician al empresariado y destruyen y precarizan a la región.

RESUMEN