Una batalla muy importante se está viviendo en las sombras del actual debate constituyente, la batalla por intentar controlar y cambiar la nueva Constitución en el Congreso, haciendo que probablemente los actuales ejemplares que han sido masivamente comprados y repartidos gratuitamente pudieran ser más que un recuerdo de lo que pudo haber sido una buena idea.

Por Alejandro Baeza

Cuando hay una victoria electoral, todos los sectores intentan atribuírsela. Eso es lo que sucederá desde la misma noche del 4 de septiembre ante el -cada vez más evidente- triunfo que tendrá el Apruebo en el plebiscito constitucional.

Diferentes sectores de la vetusta clase política intentarán, bajo diversas premisas, asegurar que aquella victoria se debió a que la población quiere lo que ellos piensan, atribuyéndose un rol de traductores de la soberanía popular que nadie les asignó.

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Y en esto debemos tener cuidado, pues una parte de la clase política, principalmente de la ex Concertación, consientes que el cuadrarse con el Rechazo muy probablemente significará una mancha oscura difícil de ocultar para sus eventuales aspiraciones futuras, así como también sectores del oficialismo como el mismo presidente Boric, se ha subido al tren del Apruebo con la intención de poder posteriormente realizar reformas con el actual Congreso (¡electo con la Constitución de Pinochet!) para dejarla lo más parecida posible a la carta magna de 1980 en una serie de aspectos.

Que un poder saliente de una Constitución ilegítima, impuesta en dictadura en base al atropello a los derechos humanos, que fue defenestrada abrumadoramente por la población en las calles y luego por un 80% de la votación en un plebiscito, tenga atribuciones para realizar reformas a un nuevo pacto social, el primero legítimo y democrático en 200 años, en un hecho a todas raro en la historia del constitucionalismo mundial, se debe en gran medida a que la misma Convención Constitucional no fue capaz de defender su trabajo, pues en uno de sus artículos transitorios estableció que «hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado», siendo en algunos ámbitos necesario además un plebiscito.

Estas normas transitorias además establecen que la actual legislatura terminará el 11 de marzo de 2026, tal y como estaba calendarizado bajo el régimen en retirada, cuando generalmente en los procesos constituyentes, las transitorias convocan a elecciones anticipadas para todas las autoridades, incluida la presidencial, para que se adecúen al nuevo régimen político.

Es decir, lograron que el actual Congreso no sólo tenga que crear el marco regulatorio y legal para la entrada en vigencia y aplicación de la nueva carta magna, sino que también pueda realizar reformas a ésta.

Es decir, quieren utilizar instituciones de la Constitución de Pinochet -el poder constituido- para imponerse por sobre el poder constituyente. He ahí el carácter antidemocrático de esta intentona, no porque el actual Congreso no tenga legitimidad, sino porque, por una parte, corresponde precisamente a la institucionalidad que quiere ser cambiada de raíz como expresaron las contundentes manifestaciones sociales a partir del 18 de octubre de 2019, y, por otro lado, impone de manera fáctica una «Convención Mixta» entre constituyentes y legisladores en ejercicio para construir la nueva Constitución, una alternativa que fue aplastantemente derrotada por el 80% que votó en contra de esta opción el plebiscito de entrada el 25 de octubre de 2020.

Por eso es importante que los pueblos de Chile, que tan masivamente han manifestado su interés por leer la propuesta de nueva Constitución sorprendiendo a esa elite que históricamente han menospreciado a las clases populares, no cometa el error de 1990 de «irse para la casa» y dejar todo en manos de los políticos profesionales, sino que debe defender a toda costa que se respete la soberanía popular, volviendo a las calles de ser necesario.

¿Quiere decir esto que no se deben hacer cambios a la Constitución? Por supuesto que no, hay reformas que no sólo son necesarias hacerlas, sino que urgentes, eso sí, en el sentido contrario a lo que plantea la avinagrada clase política y hacer modificaciones para acercar la carta magna -la primera democrática y legítima de toda la historia de Chile- a las demandas exigidas con tanta fuerza por la población en las calles durante el Estallido Social y en los álgidos debates de los cabildos populares autoconvocados que abrieron paso a esta etapa del proceso constituyente.

El Congreso electo con la Constitución de Pinochet, pese a que legalmente «pueda», no debe ni tiene la legitimidad para tocar la nueva Constitución. Todo cambio debe hacerse con la institucionalidad del nuevo pacto social. No podemos permitir que nuevamente la elite pase por encima de la soberanía popular.