De acuerdo al sitio América economía, el próximo año los precios de la celulosa bajarán, ya que se inauguran nuevas plantas en Brasil y Uruguay, lo que hace aumentar la oferta. Sin embargo, las empresas forestales chilenas "cuentan con una ventaja para enfrentar el ciclo de menores precios de celulosa" pues en Latinoamérica los costos de producción por tonelada métrica son 30% o más bajos que en Europa, Canadá y Estados Unidos.  Como no, con prácticamente cero regulación ambiental, sobrexplotación laboral y  subsidios estatales: Chile es el paraíso de los empresarios forestales.

Tal como la pesca en Chile es manejada por 7 familias, el sector forestal ha sido manejado durante 40 años  por 3 grandes empresas cuya materia prima son principalmente los Pinos y Eucaliptos (celulosa, tissue, madera aserrada, papel periódico, cartulina, tableros de fibra etc..). Las empresas son:

1.-  ARAUCO: Controlada por la Familia Angelini, actualmente al mando de Roberto Angelini,  heredero de Anacleto Angelini, fallecido el 2007, mismo año en el que la revista Forbes lo catalogó como el mayor millonario de Chile y Sudamérica, todo gracias a la fabricación de la harina de pescado en los años 60, y a los subsidios estatales aplicados a la actividad forestal en los años 70. La familia Angelini además, hoy es dueña de Copec, Pesquera Orizon y Corpesca, además están relacionados con la industria minera.

2.- CMPC: La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, es actualmente forestal  y papelera. Cerca del 50% de sus ingresos corresponden a la producción de Tissue. Creada en 1920 y dirigida alguna vez por Jorge Alessandri Rodríguez, pertenece a la familia Matte, durante el gobierno de Salvador Allende se planteó su expropiación y estatización (plantas de celulosa y papel en Puente Alto, Laja, San Pedro, Concepción y Nacimiento). Esto alarmó a los accionistas, siendo Eliodoro Matte Ossa el más importante de ellos. El año 2011 se corrobora judicialmente que durante la dictadura militar la CMPC participó de forma activa en el asesinato de 14 de sus trabajadores en Laja el año 1973. En los 90 continúa la instalación de plantas en la Zona Mapuche y se expande a otros países de Sudamérica, en su expansión ha invertido 2.400 millones de dólares (más de un billón de pesos)  solo hasta el año 2008.  Actualmente, los Matte están vinculados a más de 30 empresas del sector financiero, minero, telecomunicaciones, sanitarios, puertos, el Centros de Estudios Públicos (CEP), la Universidad Finis Terrae,  Instituto Libertad y Desarrollo y proyectos energéticos a través de Colbún.

3.-  MASISA: Creada en 1960, actualmente posee 225 mil hás. de monocultivos en Sudamérica, cerca de 83 mil has.  en Chile y 7 complejos industriales. Los principales accionistas son el holding de Inversiones a través de las sociedades chilenas Inversiones Forestales, Los Andes S.A. y GN Inversiones Limitada, dueñas en conjunto del 65,94% del capital accionario de Masisa. Entre otros están también AFP Hábitat S.A., AFP Capital S.A, AFP Provida S.A, AFP Cuprum S.A.

Estas gigantescas forestales tienen el monopolio, es decir, controlan los precios, los procesos productivos y prácticamente la producción total misma, absorbiendo o eliminando la pequeña y mediana empresa. Así, el año 2011 alcanzaron un valor de casi 30 billones de pesos en exportaciones. Estas 3 empresas son representadas en la Corporación de la Madera (CORMA), en el impulso de leyes que las favorecen, de esta forma han invadido con plantaciones de pinos y Eucaliptos gran parte del territorio Chileno, especialmente las regiones de Araucanía y del Bio Bio.

Historia del DL 701

La actividad forestal se consolida y expande gracias al golpe de estado de 1973.  Con el pretexto de recuperar y prevenir la degradación de los suelo la dictadura establece en 1974 el Decreto de Ley 701 que estableció un subsidio de un 75% de lo invertido en plantaciones forestales, se abrieron créditos especiales y liberación de impuestos, además gran cantidad de suelo pasó a ser decretado por ley para uso forestal, Durante los primeros veinte años de su vigencia (1974-1994), se plantaron en Chile 1.7 millones de hás. de las cuales más de 800 mil fueron subsidiadas, de esta forma sobre el 60 % de las bonificaciones fueron a parar en manos de las más grandes empresas forestales, un 50% de este dinero estatal financió plantaciones de pino y un 30% financió plantaciones de eucalipto.

El DL 701 que acabaría en 1995 es renovado y perfeccionado por la concertación: en 1998 la ley 19.561 extiende el Decreto Ley 701 hasta llegar el 2011. Previendo el agotamiento de los grandes paños de tierra forestales y adquiribles por las grandes empresas  los cambios se dirigieron a incluir a los pequeños propietarios de terrenos forestales y a flexibilizar aún más el uso de suelo, tentando con jugosos subsidios y préstamos a pequeños agricultores y mapuches (bonificaciones de hasta un 90% en las primeras 15 has plantadas, bonos por la poda y el raleo). El bono Estatal se extiende a suelos que aun pueden ser agrícolas, ya no solo se bonifica la plantación de pinos y eucaliptos  en suelos declarados de uso preferentemente forestal sino que en todo tipo de suelo degradado, así el ministerio de agricultura contabilizó 160.000 unidades pequeñas de tierras, en total 1,6 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas. En estos 15 años el Estado gastó 504 millones de dólares en bonificaciones forestales. El 60% de las hectáreas forestadas continuaron siendo de grandes empresarios entre 1998 y 2004.

Nuevamente el DL 701 expiraría  al acercarse el 2011, rápidamente, la Cámara del Senado aprueba la ley 20488, la que extiende el DL 701 hasta fines de 2012. Solo entre 1998 y 2012 se subsidió la plantación de 459 mil nuevas hectáreas de especies forestales y bonificaciones asociadas.

De acuerdo a la Corporación nacional forestal (CONAF) entre 1976 y 2010, se bonificó más de 1.400 hectáreas, solo un 14,1% de este dinero fue destinado a la  recuperación de suelos degradados, pero un 65% se destinó a forestación, para la Asociación Nacional de Ingenieros Forestales (ANIFBN) estas cifras desmienten el argumento respecto a que el D.L.Nº 701 ha servido para recuperar suelos degradados y demuestra que la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento como Pino Radiata y Eucalipto se ha realizado en suelos desnudos o donde antes hubo bosque nativo.

Daño ambiental, usurpación y pobreza.

Los primeros en denunciar la invasión forestal fueron las comunidades Mapuche en los años 90, señalando no solo la usurpación de sus tierras, sino que el daño que causan los monocultivos a la economía campesina local. De acuerdo a un estudio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) del 2010, casi un 50% del suelo chileno está erosionado. La ANIFBN, mediante sus estudios ha dejado en claro que la tala rasa que se hace en las cosechas forestales ha provocado la pérdida  y degradación del suelo en gran parte del país, ya que lo deja expuesto a la caída de agua y el viento  se convierte en un sedimento que arrastra los nutrientes y finalmente desemboca en cursos de agua y en el mar.

A la degradación y erosión causadas por las plantaciones forestales se suma el enorme consumo de agua de las  especies de rápido crecimiento como el eucalipto que durante sus primeros diez años de vida puede llegar  a consumir 200 litros de agua diarios. Por otra parte, el uso indiscriminado de plaguicidas provoca contaminación de las tierras y agua, de modo que el monocultivo forestal afecta disminuyendo y contaminando  los cursos de agua como vertientes, napas y esteros que alguna vez sirvieron a los campesinos y comunidades para consumo propio y/o actividad agropecuaria (riego, animales etc..). Otro punto de conflicto es que la expansión de los monocultivos para actividad forestal ha significado sustitución de bosque nativo y de suelos agrícolas, la falta de tierra productiva, y como consecuencia mayor, el empobrecimiento. No es coincidencia que las comunas con los índices más altos de pobreza y desempleo sean aquellas en donde predomina la actividad forestal y que se cuenten al menos 3 mapuches asesinados por enfrentarse al poder de los invasores forestales.

Proyecto

Antes que termine el año 2012 el gobierno debe contar con una nueva  ley que regule toda la actividad forestal  de país y determine  mecanismos y objetivos del subsidio estatal a este rubro. Así el  2 de Octubre el Gobierno, mediante CONAF, ingresó con suma urgencia (discusión en solo 15 días) a la Cámara de Diputados, una ley que extiende por 20 años más el DL 701.  Pese a que la urgencia fue eliminada, la comisión de agricultura, silvicultura y recursos naturales de la cámara de diputados sesiona dos veces a la semana y a fines de noviembre será despachado al senado.

Con algunas modificaciones la normativa mantiene lo esencial, que es la expansión del monocultivo forestal  en el campo chileno, mediante la cual ARAUCO, CMPC Y MASISA, se han propuesto continuar la invasión forestal. Según CONAF en Chile quedan por forestar 2,3 millones de hectáreas, siendo 1,5 millones con fines madereros, manteniendo solo 800 mil hectáreas con fines de conservación y protección de suelos, regulación de los ciclos hidrológicos, captura de carbono y combate contra la desertificación, sobre estas cifras el proyecto espera forestar 590 mil hectáreas en 20 años, principalmente en la Región de Bío Bío, la Araucanía y el Maule.

La lógica  de la nueva ley de fomento forestal continúa siendo intervenir en la actividad de medianos y pequeños campesinos mediante los subsidios estatales concursables para fomentar plantaciones de pino y eucalipto. Los que en su mayoría terminan siendo administrados por las grandes empresas forestales, quienes ofrecen a los propietarios todos los insumos, incluso la cosecha de los árboles y se quedan con la producción imponiendo el precio.

En la presentación del proyecto se alude al efecto que provocó el terremoto del 27F en nuestra región como pretexto para utilizar fondos estatales para aumentar las plantaciones forestales, no obstante, la baja en las exportaciones de celulosa durante el 2010, la bonanza en los precios, benefició a principales compañías, Arauco, CMPC, y Masisa, este año el sector forestal obtuvo ganancias por $ 2.128 millones de dólares, superando en más de 100% a las de 2009.

La ANIFBN ha puesto en evidencia que pese a que el objetivo del 701 es "la recuperación de suelo erosionado", se continúa el fomento de plantaciones forestales de rápido crecimiento,  no existen normas de protección ambiental, mientras en el proyecto tampoco se controla la ubicación de las plantaciones respecto a los cursos de agua, ni siquiera es un criterio para otorgar los incentivos forestales.

Consulta indígena

El año 2011 comunidades mapuches denunciaron que la prórroga de dos años del DL701 no se consultó realmente a las comunidades, por lo que el gobierno se comprometió esta vez consensuar la normativa legal y dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que indica una consulta a los pueblos indígenas ante proyectos que afectan en cualquier sentido la vida de las comunidades. Alrededor de 3.900 hectáreas entregadas por la CONADI a diversas comunidades eran anteriormente explotadas por empresas forestales, por lo que no es de extrañar que el nuevo proyecto considere beneficios especiales para el caso de personas y comunidades indígenas considerados en la categoría de pequeños propietarios que tendrían la posibilidad de optar a nuevas bonificaciones aunque la tierra haya recibido bonificaciones en manos del propietario anterior.

Para dicha consulta la CONAF consideró solo a  Comunidades, Asociaciones y Autoridades Tradicionales, inscritas en la CONADI solo participaron alrededor de un 30 % de las organizaciones inscritas.

En la práctica el proceso impulsado por la CONAF desarrollado entre el 9 de julio y 28 de agosto sólo tuvo un carácter informativo sobre el cual la CONAF ha hecho una campaña comunicacional indicando que se ha consultado a los "pueblos indígenas" nacionalmente. El mismo informe indica que en la Región de Los Lagos no se hizo consulta Indígena, sino difusión del Proyecto de Ley. Cabe señalar que durante el proceso el rol de los funcionarios de CONAF es a lo menos cuestionable ya que  parte de sus funciones fueron "propiciar  que los consultados realizaran propuestas consensuadas y viables".

Comunidades ya han rechazado y denunciado que los resultados de la Consulta Indígena presentada por el gobierno en la sesión del 16 de Octubre de 2012 es incompleta y está viciada, además porque el proyecto de ley que envió el gobierno a consulta no es el mismo que ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de Octubre de 2012.

Entre los puntos expuestos por las comunidades consultadas, un gran número quedó sin resolución, por ejmeplo: no se debe bonificar mas la actividad con especies exóticas y con fines madereros, excluir las espacies exóticas en sectores con cursos de agua, proteger los cursos de agua, obligar  a las forestales a reforestar con especies nativas, mayor control sobre plaguicidas y herbicidas, potenciar la forestación con nativo generando  mayor trabajo comunitario, etc... ante algunos de estos temas la respuesta de la CONAF fue que estos no son materia ni objeto de la ley que ellos crearon. Llama la atención que ante la exigencia indígena de que exista una definición diferenciada para el concepto  de Bosque (árboles Nativos) y plantaciones Exóticas  (pino  y eucaliptus), la respuesta fue "No se entiende el alcance de  la diferenciación".

Soberanía alimentaria una propuesta política

Ante la prolongación por 20 años del DL 701 la AIFBN ha emplazado al gobierno a  que propicie una política forestal clara y participativa que apunte al desarrollo del país, que traiga beneficios económicos, ambientales y sociales para todos y permite la soberanía alimentaria. ¿Cómo? Dando protección a suelos con erosión moderada y severa, prevención y mitigación de la desertificación, asegurar la mantención de  la biodiversidad y el valor estético y cultural del paisaje, cambiar la orientación de la producción incluyendo la actividad agroforestal y silvopastoral, la diversificación forestal y la producción de leña para autosustento, favorecer el ciclo del agua que se da solo en verdaderos bosques de tal forma que se asegure agua para consumo tanto en la ciudad como en el campo. En parte esto se logra fomentando en pequeños y medianos propietarios la producción de bosque nativo, en vez del monocultivo de pino y eucaliptos.

Es necesario detener la expansión forestal, para que las tierras vuelvan ser para los alimentos, fomentar el desarrollo de la agricultura local y campesina, no solo porque representa saberes y valores tradicionales, que pueden resultar folclóricos, sino porque mediante ella se producen alimentos para el autoconsumo y la población local, porque además al ser de producción local podemos controlar que sean alimentos sanos y nutritivos y lo más importante es que la lógica de la soberanía  se opone a la concentración de los recursos alimenticios y económicos en unas pocas manos de pocas empresas, de modo que los precios resultan ser más justos y no sometidos a la especulación financiera y por último la agricultura campesina aumenta el empleo y reactiva la economía local.

En el contexto actual, en el que una nefasta Ley de Pesca entrega a 7 familias lo que queda de recursos marinos y una también nefasta Ley de Fomento Forestal entrega millones de hás. a  3 gigantes forestales,  es un imperativo recuperar el derecho que tenemos todos sobre la tierra y agua (también semillas) para asegurar la alimentación sana y nutritiva que necesitamos y queremos.

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