Esta semana, Nicolás Grau, ex ministro de Economía y hoy ministro de Hacienda, volvió a respaldar el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de la comuna de Penco.

Sistemáticamente, el señor Grau ha omitido el legítimo posicionamiento de las comunidades locales y organizaciones sociales frente a diversos proyectos extractivistas que buscan instalarse en distintos puntos del país, y la Región del Biobío no es la excepción.

Mediante una amplia alianza público-privada, la clase política y empresarial de este país busca acelerar la tramitación de proyectos que tributan a una transición energética de carácter corporativa, la cual mercantiliza la crisis climática, profundiza los impactos en los territorios y omite las decisiones de las comunidades y organizaciones.

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En este sentido, Nicolás Grau, siguiendo la pauta entregada comunicacionalmente por minera Aclara, apela a la histórica vocación productiva del Biobío para respaldar el proyecto de tierras raras. Sin embargo, ningún actor público o privado -que se ha inclinado a favor de la explotación de los cerros pencones- ha señalado que esa misma vocación productiva e industrial ha sido desmantelada por sus propias políticas públicas y empresariales.

A modo de ejemplo, el cierre de la siderúrgica de Huachipato ha sido utilizado como excusa para la creación de un Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío lanzado en septiembre de 2024, pero que en concreto significa materializar la permisividad ambiental, flexibilizar las tramitaciones y presionar políticamente a los territorios para aceptar proyectos que, bajo un falso discurso de empleabilidad y desarrollo, son ampliamente cuestionados.

Así, Grau y compañía han optado por hacer oídos sordos sobre legítimas expresiones de resistencia por parte de organizaciones sociales y la comunidad local. Manifestaciones, encuentros, investigaciones independientes y una histórica consulta comunitaria dan cuenta del amplio rechazo que el proyecto minero arrastra ante una década de conflictividad socioambiental.

Por esto, y más, recalcamos nuestro rechazo a las declaraciones del ministro de Hacienda, como también a las políticas públicas impulsadas sobre la Región del Biobío que buscan empujarlo hacia un territorio de sacrificio a merced del mercado de la transición energética, como también rechazamos aquella alianza que se ha orquestado entre la clase política y el empresariado para promover la destrucción de los ecosistemas y el legítimo poder de decisión de las comunidades.

A defender, la tierra y el mar del saqueo transnacional

Nuestra Bahía sin GNL y nuestros cerros sin mineras

Organizaciones que adhieren:

Red de Humedales del Biobío

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA

Fundación Pongo

Red de Humedales de Coronel

Coordinadora Chorera

Andalikan Humedales

Comité de Defensa Ambiental, Social y Cultural Andalikan

Biobío sin Minera

Corporación Parque para Penco

Keule Resiste

Red Iglesias y Minería - Nodo Chile

Red por la Superación del Modelo Forestal