El jueves 6 de marzo el Alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra (PS), alertó de una millonaria deuda del municipio con la Universidad San Sebastián por el arriendo de las dependencias de las que hace uso el Liceo A-21, que hacía peligrar el inicio del año escolar del establecimiento.

La polémica, al parecer, fue zanjada cuando el Seremi de educación atribuyó la responsabilidad al Municipio de Talcahuano, por no haber realizado un trámite administrativo, pues los recursos estaban.

Poco se ha conversado acerca del papel que juega la Universidad San Sebastián en el arriendo de dependencias al recinto educacional de Talcahuano. La pregunta, en su momento, no debió ser por qué no se han entregado los dineros correspondientes al arriendo de las dependencias, sino al contrario, por qué una Universidad privada está generando dinero a través del arriendo de dependencias.

El liceo A-21 quedó completamente destruido el 27 de febrero del 2010. El terremoto y tsunami destruyó la infraestructura, dejando incluso una lancha atravesada en el primer piso. La solución transitoria para los 1500 estudiantes de la comuna chorera fue el traslado de las actividades al recinto que era ocupado por la Universidad San Sebastián con sede en Talcahuano, ubicada en Avenida Cristóbal Colón con Zenteno.

El acuerdo con del Municipio con la Universidad San Sebastián, fue por la suma de $13 millones de pesos mensuales. Shockeada por el 27/F, la población chorera no parece haberse percatado del traspaso de dineros públicos a una institución privada. Muchos alertaron eso sí, de un derroche. Hugo Stevens, Director de la época del Liceo Comercial, señaló su molestia sobre el asunto en una carta entregada al municipio indicando que había infraestructura suficiente en los liceos B-22 y B-26 para recibir a los estudiantes del A-21, comentando que los recursos de la reconstrucción debían ser destinados exclusivamente a ello.

Esa, de hecho- la fusión de establecimientos por un tiempo- fue una fórmula aplicada por muchos municipios durante la tragedia.

Es probable que el cuestionamiento a un posible lucro de una institución de educación superior con recursos públicos, haya adquirido notoriedad por el movimiento estudiantil del 2011. Lo cierto es que en Talcahuano el hecho ha pasado tras bambalinas, mientras que el fisco ha desembolsado varios millones en un arriendo que, además de parecer un «derroche», es también un muy buen negocio para la Universidad.

La universidad San Sebastián no es dueña de los terrenos donde se instaló la infraestructura del recinto educativo que hoy ocupa el Liceo A-21. Los dueños de los terrenos son los trabajadores de Huachipato, a través de su sindicato, quienes arriendan las dependencias a la Universidad Privada.

El trato, según confirma el Sindicato nº1 de Huachipato, era un contrato por 20 años -este año se cumplen 11- de concesión donde las partes se establecían un pago de arriendo, y la construcción de la parte de adelante del recinto, donde hoy está instalado el A-21.

Lo que es sumamente llamativo, es que el arriendo le cuesta a la Universidad alrededor de 30 millones de pesos anuales. De esos 30 millones, el sindicato devuelve a la Universidad $12 millones, por concepto de becas que se  entregarían a socios cuyos hijos estudiaran en la Universidad. Es decir, el arriendo les cuesta finalmente $18 millones de pesos anuales.

Eso significa que en la práctica la Universidad San Sebastián paga de arriendo $1,5 millón al mes al Sindicato de Huachipato y le cobra $13 millones de pesos mensuales al Municipio. O sea, que con 2 meses de arriendo al Municipio tienen dinero de sobra para cancelar lo que a ellos les cobran anualmente.

¿Dónde van los $144 millones de pesos restantes?

A ello cabe agregar, según revelan fuentes de Resumen, que el sindicato estableció en el contrato de arriendo, que el recinto si es que se subarrendaba, debía ser a actividades académicas universitarias o anexas. Lo que significa que hay un incumplimiento flagrante del contrato, pues las dependencias son arrendadas a una institución de educación secundaria.

Mayores explicaciones por parte del Alcalde de Talcahuano no han existido. De hecho, la denuncia a los medios de comunicación de una deuda de 500 millones de pesos del municipio con la Universidad, más que un cuestionamiento a la situación, se interpretó como una medida de presión para que el gobierno desembolsara, prontamente, la no despreciable suma de 500 millones de pesos. Lo que se suma a lo entregado desde abril del 2010 a la Universidad San Sebastián.

El entramado de protección de esta Universidad privada es difícil de desentrañar, pues a pesar de haber declarado donaciones a campañas políticas, se declararon bajo la modalidad de «aportes reservados», lo que hace imposible su rastreo.

Ello podría ser la razón del nulo cuestionamiento de traspaso de dineros públicos a la institución privada.

Foto: Pato Segismundo. Desalojo Liceo A-21, 2012.