En esta Semana Santa, cuando millones de personas reflexionan sobre el sufrimiento, la traición y la esperanza, nos preguntamos: ¿cuántas veces más deberán los familiares de las víctimas de la dictadura poner la otra mejilla ante el abandono, la negación y la indiferencia del poder?

Por Ana Albornoz

Recientemente, Evelyn Matthei, candidata presidencial e hija de un miembro de la Junta Militar, afirmó que el golpe de Estado de 1973 fue "inevitable" y que los muertos de la dictadura fueron un "costo necesario". Estas palabras, pronunciadas en plena democracia, no solo ofenden la memoria de quienes sufrieron tortura, desaparición forzada y muerte, sino que vulneran los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado de Chile.

Como mujeres comprometidas con la Verdad, la Justicia y la Democracia, rechazamos estas declaraciones y denunciamos su carácter profundamente negacionista. No existen los "muertos inevitables" cuando el Estado asesina a su propio pueblo. No hay orden ni progreso que justifique el exterminio de quienes piensan distinto.

Pero los ataques a la memoria no terminan ahí.

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Hoy, en la Región del Biobío, el gobernador Sergio Giacaman ha decidido oponerse a la construcción del Museo Regional de la Memoria y los Derechos Humanos, ignorando décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares y sobrevivientes, y de la sociedad civil. No se trata de una pugna de prioridades entre cultura, seguridad o infraestructura: se trata de voluntad política, de responsabilidad institucional y de respeto a las víctimas.

No olvidamos que esta misma iniciativa ya fue postergada durante el gobierno anterior, cuando el entonces intendente Rodrigo Díaz--lejos de impulsar el proyecto--dilató su ejecución hasta provocar la caducidad del financiamiento entregado por MIDESO. Tampoco olvidamos que durante el actual gobierno, conmemorando los 50 años del golpe, se prometió la colocación de la primera piedra. Esa piedra nunca llegó.

Hoy el proyecto vuelve a estar en peligro. Bajo el disfraz de decisiones "técnicas", se posterga nuevamente una política pública clave para el país. Como si la Memoria estorbara. Como si los familiares pudieran seguir esperando. Como si sus últimos años de vida pudieran agotarse en reuniones vacías y promesas incumplidas.

Este abandono institucional no es neutro. Es una forma contemporánea de violencia. Es revictimización. Es el triunfo del cálculo electoral por sobre los derechos humanos. Y es una negación profunda de lo que significa gobernar con empatía, responsabilidad y compromiso democrático.

La Memoria no es un lujo. Es una obligación del Estado.

Porque sin verdad, no hay justicia.

Sin justicia, no hay reparación.

Y sin reparación, no hay garantías de no repetición.

Y en esta Semana Santa, cuando se recuerda a un hombre asesinado por el poder por predicar amor y justicia, nos duele profundamente que hoy, en democracia, haya autoridades que aún justifican la muerte como camino.

Por eso volvemos a preguntarnos:

¿Cuántas veces más deberán los familiares poner la otra mejilla?

Chile necesita liderazgos que no relativicen el terror de Estado. Que no silencien la memoria. Que construyan desde los principios éticos y democráticos que deben guiar cada acto del servicio público.

La Memoria es el cimiento de un futuro verdaderamente democrático. Y no aceptaremos que ese cimiento sea una vez más abandonado.