Asistimos a semanas de larga creatividad para la confección de iniciativas de norma para la nueva constitución. Muchas de ellas cuentan con amplia difusión, pero también hay otras con menos debate público que igualmente son de suma importancia para el futuro del país. Una de ellas tiene que ver con el Ordenamiento Territorial.

Ignacio Celis Marín*

Bajo el sello neoliberal, el Ordenamiento Territorial ha sido un marco normativo que autoriza equipar los espacios urbanos y rurales según las necesidades de los grandes capitales. El resto de las actividades, menos valorizadas por el orden económico imperante, sobreviven por medio de la adaptación a estas grandes reglas que organizan el territorio para unos pocos.

La constitución de zonas de sacrificio, las asimetrías en la red urbana, las problemáticas en los espacios rurales como en las áreas naturales, y en general, la desigualdad a lo largo del país, son en parte consecuencia de las directrices que tiene el Estado a la hora de organizar el territorio para la producción y la vida social.

Frente a esto, desde organizaciones sociales y colectividades hemos señalado que un nuevo ordenamiento del territorio debe tener por objetivo organizar espacialmente las actividades humanas y hacerlas compatibles entre sí y con la protección de los ecosistemas. Debe ser un aporte para rehacer, como mínimo, una superación del neoliberalismo.

Como principios debe recoger la multiplicidad de formas de hacer el territorio, la función social y ecológica de la propiedad, la dignidad humana y el buen vivir, en convivencia con la naturaleza.

La formulación de toda política de Ordenamiento Territorial no puede restringirse a estamentos técnicos o científicos. Es un imperativo que las comunidades locales sean las protagonistas de la política pública, con la convicción de invertir la forma de construcción del Estado.

Para lograr esto, el papel del Estado en todos sus niveles debe ser activo, abandonando la tercerización y privatización de tareas, asumiéndolas en forma íntegra. Y por supuesto, será necesario apuntalar la participación vinculante y permanente en el tiempo de los pueblos que construyen el territorio que llamaremos Estado Plurinacional.

La Convención Constitucional

En la Convención Constitucional vemos que los arcos ideológicos que disputan políticamente tienen distintas propuestas de normativa. Desde los sectores populares, sin embargo, me parece que es más interesante entrar en el debate en torno a las propuestas de la izquierda.

Una discusión que ha cruzado diversas instancias públicas es el papel de la cuenca hidrográfica en la ordenación del territorio. Frente a esto, quisiera señalar claramente: una cuenca hidrográfica tiene que estar en todo instrumento de ordenamiento y planificación. Sin embargo, no debe delimitar técnicamente un territorio, ni mucho menos transformarla en una regla general para el país. Una cuenca hidrográfica no es "el territorio", ni tampoco una región.

De la misma forma, el Ordenamiento Territorial no es sinónimo de la necesaria gestión integrada de cuencas, para el cuidado de los bienes comunes, y especialmente el agua. Es así que se ha propuesto incluso una norma exclusiva para el cuidado de las cuencas.

Y es que el territorio se define por el uso que las sociedades le dan a cada momento de la historia. Considerar la cuenca como sinónimo de territorio es naturalizar una relación social en permanente transformación, omitiendo muchas veces relaciones culturales centenarias.

Que diversos aspectos de la producción del espacio rural y urbano se localicen en una cuenca no significa que la cuenca sea necesariamente la unidad explicativa. Coelemu, de la cuenca del río Itata, tiene tanto o más relaciones con Concepción que con Chillán. La sociedad chilota se identifica en torno a la isla grande y su archipiélago. Entonces, ¿cómo pensamos este tipo de relaciones sociales cuando la circunscribimos a un recorte natural?

Creo que debemos tener el coraje para confiar en las comunidades locales, en la articulación inter comunal y regional, para que, mediante instrumentos flexibles se puedan generar una serie de piezas de Ordenamiento Territorial que confluyan en una estrategia general para el país. Una relación biunívoca entre los niveles normativos del Estado y las comunidades locales, más concretas en el territorio. Donde construyamos "desde abajo" mientras "desde arriba" se acompañe con reglamentos generales que permitan una nueva forma de pensar y organizar el territorio.

Este y otros matices son solucionables porque las diferentes posiciones comparten el objetivo general. Más bien viene de las trayectorias de quienes estamos involucrados en pensar el territorio y el de las organizaciones sociales de base territorial. Viene de nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo conceptual y tácticamente, de no haber construido con tiempo un programa que haya tomado en cuenta el Ordenamiento Territorial desde una política de izquierda.

Frente a la sana popularización del concepto de territorio, no hemos sabido dotarla de significado y contenido político estratégico que esté en línea con un horizonte político emancipador. Hemos hecho mucho, pero es necesario profundizar la conversación y afinar la puntería.

*Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo Zuñiga