A Chile se le ha empujado como un motor de una cuestionada transición energética corporativa, donde la crisis climática es mercantilizada en beneficio de bolsillos empresariales mientras los impactos ambientales se profundizan en territorios y hacia comunidades.

Por Javier Arroyo Olea y María Paz López Ponce | Equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA*

"Chile puede salvar el planeta", decía frente a empresarios y académicos el exsenador y presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi en junio de 2024(1). Su declaración no era diferente a lo planteado años antes en su calidad de senador de la República: "Chile puede jugar un rol central para salvar a la humanidad"(2).

Esa posición -de salvador del mundo- ha pesado sobre Chile en el discurso empresarial como también desde la clase política. Históricamente, el país ha pasado por presiones internacionales respecto a la explotación de los bienes comunes naturales con el único objeto de tributar a las cadenas productivas que decantan principalmente en los altos niveles de consumo del norte global.

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La fórmula es conocida: extraer la mayor cantidad de recursos, procesarlos lo menos posible y exportarlos rápidamente al mercado internacional; alta ganancia para el empresariado, un margen para el Estado y profundos impactos en los ecosistemas y la vida de la población en amplias esferas de sus vidas y derechos.

En esta línea, durante los últimos años, se ha sumado la presión sobre el fantasma del "valor agregado", representado en proyectos de inversión que apuntarían a correr el cerco de "lo extractivo" y avanzar en procesos que potenciarían áreas de investigación y procesos de bienes comunes naturales. Sin embargo, mayormente dichas inversiones se han mantenido en promesas sin ninguna materialización que, posteriormente, son parte del maletín para presionar política y económicamente para favorecer los intereses de las empresas nacionales y transnacionales(3).

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Así las cosas, el escenario de la transición energética corporativa -que tributa a los intereses empresariales a disposición del norte global- posee inherentemente presiones sustentadas bajo no solo las amenazas que progresivamente levantan las empresas -y que hoy ha permitido el avance de una agenda política abierta para apresurar tramitaciones ambientales(4)-, sino que también se suma una especie de entreguismo de los recursos del país a disposición de ser profundamente explotados. Todo, cual titán Atlas mitológico, para echarse el mundo a los hombros.

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*Este documento es un extracto del capítulo «Chile al bolsillo empresarial: Tensiones y transgresiones de una transición energética impuesta», parte de trabajo «Conflictos y debates minero-energéticos en tiempos de transición en América Latina y el Caribe», compilado por Censat Agua Viva, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA (2025). Puedes descargar el texto completo haciendo clic acá.

Notas de referencia

(1) Disponible en: https://www.diariousach.cl/programas-radio-usach/sin-pretexto/presidente-deencuentros-del-futuro-y-reservas-naturales-del-pais-chile

(2) Declaraciones disponibles en: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/senador-guido-girardichile-puede-jugar-un-rol-central-para-salvar-la

(3) En el caso del litio este discurso es ampliamente abordado por el empresariado y recogido por el gobierno en su Estrategia Nacional del Litio (ENL). Si bien se han anunciado proyectos de inversión en la elaboración de componentes para baterías de aquel mineral, no se han materializado ni en su tramitación material ni en la discusión política-pública respecto a su rol. Para profundizar, recomendamos ver el caso de la "Convocatoria Corfo a Productores Especializados de Litio para Impulsar Iniciativas de Valor Agregado en Chile".

(4) En Chile se ha impulsado un emplazamiento político-empresarial, lo que se ha (mal)conceptualizado como "permisología", queriendo hacer referencia a la extensión de las tramitaciones ambientales a 61 partir de la solicitud de permisos sectoriales para el desarrollo de proyectos.