El retorno del "caso bombas" y la criminalización del anarquismo en Chile

Por Vicente Lagos Isla

La reciente detención de Francisco Solar y Mónica Caballero trae a la memoria toda una historia de persecución a las ideas anarquistas. En este proceso han tenido un rol fundamental los aparatos represivos del Estado, pero también los medios de comunicación dominantes que han criminalizado estas ideas y prácticas, sin siquiera tratar de entender su trasfondo y sentido.

El anarquismo es una filosofía política y un movimiento cultural que busca el fin del modelo capitalista, así como el fin del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Se opone en general a toda autoridad impuesta por medio de la fuerza y al gobierno político entendido como forma de dominio sobre la población. Busca, en última instancia abolir el Estado y el sistema económico capitalista.

Esta filosofía política tiene una larga historia de siglos de pensamiento y acción social, que incluyen un rol destacado en los primeros movimientos sociales obreros de Chile y el mundo. Incluso en la actualidad, una cantidad no despreciable de personas, en su mayoría jóvenes, se ven identificados con las ideas anarquistas. Ellos y ellas son parte de toda una generación que está en extremo decepcionada por los partidos políticos tras el gobierno, así como por las grandes empresas detrás del modelo económico.

El anarquismo ha planteado entre sus valores la autonomía, la horizontalidad, la autogestion y el apoyo mutuo entre seres humanos. Durante el estallido social el símbolo de la A en un circulo, propio del anarquismo, se pudo ver en infinitud de paredes por las calles.

Pese ha ser un fenómeno político y cultural, como se ha expuesto anteriormente, los medios de comunicación dominantes solo lo recuerdan cuando hay bombas de por medio. Esta tradición de los medios en Chile tiene más de 100 años. Un ejemplo de esto fue la feroz persecución represiva contra los anarquistas en 1911 tras la explosión de una bomba en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos en la calle Independencia de Santiago. En aquella ocasión, y sin pruebas el gobierno desató represión contra los grupos anarquistas, por otro lado periódicos como El Mercurio jamas pusieron en duda su culpabilidad.

Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez durante su formalización la semana pasada

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En los últimos 10 años han existido 4 «casos bombas» en Chile, tal y como los han denominado los medios de comunicación. El primero de ellos el año 2010, en donde los 14 detenidos fueron dejados en libertad por falta de pruebas. El caso en el primer gobierno de Piñera que tuvo a Rodrigo Hinzpeter y el cuestionado fiscal Alejandro Peña a la cabeza llegó a tal grado de ridiculez que tuvo como pruebas incluso un póster de la banda musical Guns N’ Roses. Este suceso fue finalmente conocido como el «Montaje Caso Bombas».

El segundo caso bombas fue en 2013 y se trasladó a Temuco, en donde 12 personas fueron detenidas, quedando en prisión preventiva 3 personas, todas mujeres, que finalmente obtuvieron una pena remitida, es decir no cumplieron su pena en la cárcel, por no representar un peligro para la sociedad. Al igual que el «caso bombas 1», fueron allanadas casas okupa que según el Estado eran centros del crimen, pero que en la realidad solo se pudo comprobar que eran centros sociales y culturales habitados por jóvenes.

El 3er caso bombas fue en 2017, en donde fueron detenidas 3 personas, quedando solamente una en la cárcel hasta la actualidad. En los 3 casos en donde fueron detenidas decenas de personas, solamente quedó 1 en la cárcel, demostrando hasta qué punto la justicia chilena ha sido incapaz de demostrar los «crímenes» de los anarquistas. Pese a que el Estado y los medios han enfatizado en el carácter terrorista y violento de los y las detenidas, de las decenas de bombazos vinculados a estos casos, solamente 1 afecto a civiles, en el lamentable suceso de Escuela Militar en 2014.  El resto ha afectado principalmente a entidades bancarias y edificios de gendarmería o carabineros.

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De hecho las personas más dañadas por las bombas han sido los propios anarquistas. Por ejemplo con la muerte de Mauricio Morales, anarquista fallecido cuando le explotó la bomba que trasladaba en 2009. O las graves heridas que en 2011 terminaron con la amputación de  brazo y ceguera parcial, así como quemaduras graves del anarquista Luciano Pitronello.

En general los anarquistas no parecen ser un gran peligro para la sociedad chilena como afirman gobiernos y medios de comunicación, o al menos no son una que se compare al sistema que hoy existe en Chile. Ese que mantiene a las mayorías bajo condiciones de opresión política y económica, condiciones que hicieron explotar el estallido social.

En estos 10 últimos años decenas de jóvenes anarquistas han sufrido algunas de las prisiones preventivas más largas del sistema judicial chileno quedando, casi todos, finalmente en libertad por falta de pruebas, sin embargo cabe preguntarse ¿cuántos empresarios y políticos que efectivamente han sido condenados por delitos de corrupción y colusión han sufrido estos extensos periodos de prisión preventiva?. La respuesta nos recuerda un modelo que protege a los ricos y poderosos, mientras que suele vincular la delincuencia a manifestaciones de protesta y descontento social.

En Chile hoy se discute la necesidad de cambios profundos al sistema, incluyendo cambios radicales de instituciones como carabineros. Sin embargo, el gobierno tercamente se ha negado, e incluso ha buscado perfeccionar el sistema de inteligencia para poder desplegar de manera desproporcionada a las policías e incluso a las Fuerzas Armadas, en el caso del proyecto de infraestructura crítica. Los partidos políticos no se han quedado atrás, aprobando polémicas leyes represivas como la ley anti-barricadas. El gobierno va en la lógica de politizar la seguridad y la inteligencia en Chile, forzando incluso a las Fuerzas Armadas a jugar un rol en la seguridad interna, tal como se ha visto en el estallido social y en la pandemia. Todo lo que se puede entender como una forma de detener un eventual estallido social 2.0.

La reciente detención de Mónica y Francisco en lo que ha sido denominado por los medios como el «caso bombas 4», no parece ser algo que llegue de improviso o que sea una casualidad. El gobierno desata la detención de los anarquistas en un momento en que se encuentra  acorralado y debilitado, con una necesidad vital de construir un enemigo interno y legitimarse en base a la represión. Como ha demostrado Piñera, no pierde la oportunidad de inventar guerras y batallas, en este caso contra un «enemigo» que sabe será criminalizado rapidamente por los medios de comunicación chilenos, tan acostumbrados a repetir lo que dicen las autoridades, antes de investigar las causas profundas de los sucesos sociales.

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