Por Facundo Valderrama

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo todos los grandes medios de comunicación se han llenado de funcionarios de Carabineros de Chile yendo a quejarse en un tono lastimero y sensiblero. Una policía profesional de un país va a medios de comunicación nacionales a llorar. Algo impensado para uno de los pocos cuerpos policiales militarizados que existen en países democráticos.

No hago referencia al recuerdo de funcionarios y funcionarias que han sido víctimas fatales de acciones delictuales, sino a cómo se ha instalado el discurso mediante lacrimógenas reflexiones respecto a las labores policiales realizadas por la oficialidad y funcionarios en cuánto a lo complejo que es hacerle frente a la criminalidad.

Es un trabajo muy difícil, es cierto, pero como lo es ser policía en cualquier parte del mundo (de hecho, menos complejo que ser policía en la mayoría de países). No hay lugar donde las fuerzas del orden no deban enfrentar una criminalidad que encuentra siempre nuevos métodos para cometer delitos y en muchos casos, aumenta la violencia con que los realizan.

No obstante, resultan altamente insólitas las semanas que llevamos en esta situación. Carabineros de Chile, literalmente, yendo a llorar a la televisión por tener que hacer su trabajo.

Esto es un síntoma de que nuestro cuerpo policial, entonces, está totalmente superado y no es capaz de hacer frente al escenario actual, no sabe qué hacer. Esto tiene como una de sus principales explicaciones el hecho que Carabineros de Chile está formada de manera ideologizada para combatir, principalmente, a las protestas y manifestaciones sociales y no a los tipos de delincuencia que padecemos en la actualidad.

Así quedó demostrado durante la revelación del llamado «paco leaks»  que mostró que tras el Estallido Social de octubre de 2019, las policías gastaron enormes recursos para la vigilancia de la protesta social. Cientos de expedientes policiales de inteligencia evidenciaban la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles e incluso, de agrupaciones de personas enfermas de cáncer, esfuerzos que bien podrían ocuparse en el combate del crimen organizado y el narcotráfico. La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito, sino en ser una policía política.

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Como el objetivo principal de Carabineros no es hacer frente a la delincuencia, provoca que funcionarios y funcionarias expongan su vida al enfrentar el crimen. Se enfocan en perseguir manifestaciones sociales dejando actuar y crecer a las bandas criminales.

La policía uniformada presenta una estructura que permite que esto pase. Es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales o de pueblos originarios. Incluso a quiénes los critican públicamente, como periodistas que han destapado episodios de corrupción. Por eso es que fallan una y otra vez en el control de la delincuencia y son uno de los principales responsables en el aumento de ésta durante los últimos años. Por eso también es que cometen errores tan graves en procedimientos, a veces exponiendo a la población civil o entregando material insuficiente y de mala calidad a las fiscalías, una queja constante del Ministerio Público. En resumen, no saben hacer bien su trabajo.

Por esto es que la preocupación respecto a mayores libertades para el uso de armas de fuego no es un tema baladí. Hay que recordar las más de 400 víctimas de trauma ocular producto del accionar policial durante la represión a las manifestaciones del Estallido Social, así como las decenas de funcionarios policiales condenados, y otros tantos más imputados, por «violencia injustificada» u homicidio frustrado por disparar a personas que asistían a las marchas y también graves crímenes como lo fue el asesinato de Camilo Catrillanca.

Mucho se habla de que la policía uniformada está de manos atadas, que no puede defenderse, pero día a día se conoce de procedimientos en donde repelen a balazos portonazos o intentos de robo de otro tipo. Sumado a esto, la falta de preparación y los posibles vínculos de los mismos efectivos policiales con el crimen organizado, dan cuenta que más allá de una legislación que les entregue mayores facultades, existe una innegable descomposición al interior de dicha institución policial.

Por ejemplo, en diciembre pasado, funcionarios de la 23° Comisaría de Carabineros de Talagante, fueron condenados por haber vendido al crimen organizado, al menos 100 armas. Durante el mismo 2022, fueron sorprendidos, dos uniformados, enviándose municiones por Chileexpress y otros, como los carabineros pertenecientes a la Comisaría de Control de Orden Público de Santiago, reportaron la «pérdida» de cinco pistolas y 75 balas. La pregunta es: ¿Dónde va a parar este armamento?.

Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en Chile.

Por el bien del pueblo chileno, necesitamos de manera urgente una policía que sea profesional y cumpla de una vez por todas su función principal: combatir la delincuencia y no ponerse a llorar en la tele cuando les tocó hacerlo.