Por Emilio Piedrasanta / resumen.cl

Este domingo 16 de junio se realizaron las elecciones en el país con mayor población indígena y la mayor economía de Centroamérica: Guatemala. De los 17.5 millones de habitantes, el 41% de la población se identifica como pueblo originario y, por tanto, junto con Bolivia y Perú, es uno de los Estados con mayor número de personas con un idioma materno distinto al español.

Algunos antecedentes

Como es de esperarse, su historia como república se construye a partir del racismo y la violencia, que incluyen leyes de vagancia para obligar al trabajo esclavo para latifundistas a principios del Siglo XX y un largo historial de las dictaduras militares más violentas de Latinoamérica que, con sus políticas genocidas, asesinaron a más de 200 mil personas, 82% de las cuales fueron indígenas. Una muestra más actual del racismo sistémico es el hecho que de cada 5 personas indígenas 4 está en situación de pobreza -de hecho, una y media en extrema pobreza-, o que 3 de cada 5 infantes desnutridos son indígenas, con un porcentaje de desnutrición infantil de 49%. Otras referencias, expresadas como fríos y dolorosos números, sirven de antecedente de la apabullante realidad en temas como los embarazos en niñas pre-adolecentes, feminicidios, índice de asesinatos, porcentaje de población emigrada, índice de armas por habitante, etc. Esto lo ubica como uno de los países en situación más alarmante de la región.

En general, no se dice mucho de Guatemala en los grandes medios informativos comerciales de Latinoamérica. Solo algunos hechos muy conspicuos se cubren, como la formación de bloques de migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que hace algunos meses se agrupaban en masa para darse seguridad en el camino y conseguir algún tipo de garantía para los temas migratorios en México y EEUU. La migración, por cierto, tiene décadas de ser constante y masiva, pero en general los grandes grupos de medios logran mantenerla de bajo perfil, porque es solo de acercarse a sus rutas para encontrar la diáspora permanente: un poco más del 10% de guatemaltecos viven en EEUU, quienes envían remesas que representan el 11% del PIB del país. Con las 'caravanas' migrantes los medios hablaron de la violencia, la pobreza o la corrupción en Guatemala como motivos, pero nada sobre el histórico deterioro por la violencia estructural y los problemas sistémicos causado por las élites económicas y políticas, un sistema impuesto desde EEUU tras el Golpe de Estado al gobierno democrático de Jacobo Arbenz.

Además, el país arrastra una crisis institucional desde 2015, a partir de la tensión que se creó por la persecución legal de la entonces Fiscal General Telma Aldana e Iván Velázquez, de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), hacia estructuras de corrupción dentro del Estado vinculadas a los partidos políticos, empresarios y narcotráfico. Esto dio lugar a la visibilización mediática de lo amplio de las dinámicas y relaciones de corrupción, lo que provocó la caída del presidente anterior, Otto Pérez, muy poco antes de las elecciones por su participación en varios casos. Una bruma para mantener cierto nivel de control y el descontento con los partidos facilitó la llegada de Jimmy Morales al ejecutivo, como un supuesto externo a la política tradicional, pero en realidad vinculado a militares con antecedentes al sombrío pasado de violencia política y financiamiento del sector privado y el narcotráfico.

Más tarde, salió a la luz un caso de malversación de fondos durante el gobierno de Pérez donde el hermano e hijo estuvieron involucrados, y un proceso de antejuicio contra él por recibir financiamiento de manera ilícita como secretario general del partido durante la campaña. Otros casos de defraudación con empresarios implicados fueron apareciendo, procesos contra diputados de casi todos los partidos, redes de impunidad en el organismo judicial, y procesos nuevos y anteriores sobre violaciones a Derechos Humanos durante las dictaduras. Ello ponía en entredicho el funcionamiento del Estado, y tensó los ánimos de militares, políticos, sectores burócratas y élites económicas que eran perseguidos o veían limitada su capacidad de control y posición de poder. Esto incrementó la presión por cambiar la forma que se llevaban algunos entes de fiscalización o persecución, no obstante, su capacidad para mantener el dominio es menor ante el grado de visibilidad de las redes de interés. Todo ello desemboca en la presión (a voces) para elegir a una nueva fiscal sobre quien se tenga control, y para la salida de la Cicig. Esta última es hostigada por el gobierno y grupos de choque hasta el punto de impedir que ingrese Iván Velázquez y que la ONU decida retirar a los investigadores extranjeros después de intentos de expulsión. Con todo esto ocurriendo, hay un descrédito de casi todos los partidos presentes en el Congreso y un descontento con la política tradicional. Pero también hay incertidumbre sobre las opciones en una sociedad que fue despolitizada y formada en el miedo y un ideario muy conservador por la violencia de los 25 años de dictaduras y los 33 años de democracia tutelada.

La Cicig es un ente sui generis de la ONU acordado con el Estado que se empezó a organizar hace 18 años por un grupo de actores guatemaltecos y estadounidenses, como estrategia de control de daños para desmantelar las redes de crimen y corrupción que se anidan en los organismos públicos. La misma involucró ceder soberanía para que la Cicig pudiera ejercer como Fiscal e investigador judicial en procesos penales internos y con la capacidad de proponer reformas legales según su mandato, lo que significó tener un actor internacional con mucha capacidad de maniobra. Este ente tuvo un historial con altibajos, pero la llegada de Iván Velázquez significó un cambio definitivo, al ser un Fiscal que venía de la persecución penal cuerpos ilegales y paramilitares dentro en Colombia que incluyó al mismo hermano del expresidente Alvaro Uribe, hoy el partido de gobierno. Europa y EEUU han sido los financistas, y en el caso de este último, un ente fundamental para su política de manejo de control de daños ante el inevitable desarrollo que tuvo su política de apoyo a las dictaduras en el país.

El gobierno estadounidense ha invertido cientos de millones de dólares para crear válvulas de escape a los problemas estructurales acumulados, resultado del mando militar que mantuvo durante la guerra fría y la posterior neoliberización del país a partir de la segunda mitad de los 80. Además, a partir de un juego que hace con la función del MP y la Cicig y, por otro, la negocia con el gobierno de turno, ha buscado recuperar cierto grado de funcionalidad institucional para mantener la gobernabilidad del sistema, más aún, porque la migración hacia el norte ha significado un problema para su política interna o, en el caso de Trump, un tema útil como capital político electoral.

Las elecciones y el tiempo político

El proceso electoral en el país involucró la votación por alcaldes, 160 diputados y la presidencia de la república. 19 candidatos y candidatas se presentaron en esta última, y 26 partidos para la competencia por las diputaciones. Es un sistema político muy degradado y dominado por la derecha, en que los partidos sufren un desgaste electoral muy rápido por el mal papel de los políticos y sus vínculos con la corrupción. Esto resulta en una volatilidad permanente de los partidos pues no perduran, aunque si se reciclan las personas en ellos, transformándose en una mera herramienta desechable, se usan y mueren. De hecho, el más antiguo es la URNG -de la guerrilla desmovilizada con la firma de la paz-, quien junto con los otros partidos de izquierda han mantenido una representación reducida y son quienes han estado fuera de la red de intereses y su maquinaria clientelar.

Si las elecciones en el 2015 tuvieron un desarrollo extraño, estas han tenido más situaciones anómalas. Comicios definidos en una fecha adelantada; un periodo de campaña muy corto; gran cantidad de partidos nuevos; muchos procesos de impugnación hacia candidatos o candidatas para distintos puestos por parte de personas particulares o de otros partidos; la judicialización de 8 de candidaturas de las que 5 son canceladas. En estas se incluyen a Thelma Aldana, ex Fiscal General, quien tiene orden de captura por una persecución penal y sufre amenazas de muerte, por lo que, con ayuda de la DEA, es resguardada y decide ya no regresar a Guatemala hasta tener seguridad para su vuelta. Zury Ríos es otro personaje sobresaliente -es hija de Efraín Ríos Montt, jefe de Estado en el periodo más sangriento de las dictaduras. La cancelación de Ríos se da por solicitud del Tribunal Electoral, según el impedimento legal que existe por ser hija de un dictador. Con Aldana, por una denuncia de un miembro de otro partido en el MP, señalándola de hacer contrataciones ficticias durante su dirección en el partido. Estos sucesos terminan de definirse solo un mes antes de las elecciones, lo que deja poco claro los resultados ya que un porcentaje muy alto de la población no ha decidido o decidió no votar.

Con candidaturas anuladas y un contexto que solo genera más desconfianza a la ya instalada por el descrédito de la mayor parte de partidos, surgen nuevos focos de atención de la población hacia las y los aspirantes a la presidencia. Eso hace crecer los porcentajes de Alejandro Giammattei, de Vamos, Edmud Mulet, del PH, Roberto Arzu, del PAN, y Thelma Cabrera, del MLP, para que aparezcan en los primeros 5 puestos, detrás de Sandra Torres, de la UNE.

4 de las 5 opciones representan la política tradicional. Mulet es un personaje que llegó a ser subsecretario adjunto de Ban Ki Moon en la ONU, y fue encargado de la Minustah durante 10 años con el papel intervencionista y paliativo que ésta ha significado para Haití, y en medio de los casos de tráfico de niños. Mulet tiene de hecho señalamientos por tráfico para adopción de niños con un bufet de abogados que él dirigía durante los años 80 en Guatemala, y en su regreso a la política se vinculó con militares dentro de un partido nuevo, el Partido Humanista.

Roberto Arzú, es hijo del expresidente Álvaro Arzú y parte de la élite criolla del país. No había ingresado en alguna competencia electoral antes, y su vida ha estado más bien vinculada al manejo de uno de los dos clubes de fútbol más adinerados del país. Su posición política es cercana a la de Acción Republicana y el partido, aunque nuevo, tiene personajes y el mismo el logo del Partido de Avanzada Nacional.

Giammattei ha sido candidato 2 veces anteriormente por distintos partidos y tiene una posición política parecida a la UDI. Estuvo de hecho vinculado al Caso Pavoncito, cuando era director del sistema penitenciario, que se refiere a la acción de limpieza social relazada por la policía durante un motín en una cárcel con ese nombre, donde terminaron asesinadas 7 personas.

Sandra Torres viene del socialismo cristiano, que en estos tiempos significa una posición es muy similar a la DC. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en cambio tiene en general un espectro político amplio cercano a la derecha liberal. Torres dirigió el programa principal dentro del gobierno de Álvaro Colom, en ese momento su esposo, y de quien se separó para poder candidatearse -por las limitaciones legales del país- en ese entonces, aunque en aquel momento no lo logró porque las cortes lo consideraron ilegítimo. En su segundo intento, en las elecciones pasadas, logró pasar a la segunda vuelta, donde perdió con el actual presidente.

Thelma Cabrera era una opción de otra fuente y un quiebre en la política. Mujer maya del pueblo mam, ha vivido siempre en el área rural como campesina. Militante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) por 26 años, una de las organizaciones de base más grandes del país, desde donde ha estado vinculada a lucha por derechos de los pueblos originarios, la recuperación de los bienes comunes, temas de agrarios y la defensa de la naturaleza. El partido desde el que se postula es el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), una herramienta política que decidió armar CODECA como una nueva forma de disputa ante la imposibilidad y las barreras que siempre les ha puesto el Estado. El MLP menciona que sus decisiones son asamblearias desde las comunidades, y es de esta forma que fue electa Thelma.

Los resultados de las elecciones concluyen en una repartición dispersa del voto. La confusión se visibiliza en los porcentajes bajos para todas las candidaturas. Al no haber mayoría de la 50+1, las dos personas con mayores porcentajes pasan. Los ganadores son entonces Sandra Torres, con 25.6%, y Giammattei con 13.9%, valores nunca antes vistos como porcentajes de partida para la segunda vuelta. Torres de hecho es la única que mantiene una maquinaria electoral y una red de intereses que se mantiene funcionando como ha sido la política tradicional. Y eso se nota, la UNE logra 54 diputados mientras que Vamos solo 17.

Los resultados son, en lo tangible, el inmovilismo de la política institucional y la continuidad del control por parte de la política tradicional. No obstante, varios datos demuestran un panorama de interés para un país como Guatemala. Thelma Cabrera, una mujer campesina y indígena, logra el cuarto lugar con 10.39%, en un país con un durísimo racismo, muestra que sectores importantes de los pueblos originarios han tomado un protagonismo y se ven reflejados a sí mismos.

Otro indicador, es la votación de la izquierda en conjunto, que logra de manera agregada el 19.6% -a pesar de presentarse en 4 opciones distintas por sus históricas fragmentaciones- lo que supera bastante los porcentajes de votación que ha logrado desde el 1995. Esto muestra un rompimiento de la barrera que creó en el imaginario la tutela conservadora, que de manera maniquea dejaba a las posiciones populares y sociales en lo indeseable, o peor aún, en el peligro y miedo. De hecho, lo más importante, es que señala la disposición de un sector importante de la población a cambiar de lógica. El partido Semilla (socialdemócrata), donde se candidatearía Thelma Aldana, también recibió un apoyo significativo. Así, el conjunto de la votación resulta un mensaje de respuesta al statu quo de una derecha que ha sido una maquinaria que pasa encima de todo.

En otro espectro, hay una incapacidad y dispersión para definir como reorganizarse, y en realidad existe falta de capacidad de reformulación de la derecha para mantener su capacidad de gobernabilidad. Finalmente, se hace visible que la incertidumbre sobre las posibilidades y la desconfianza hacia los partidos de parte de la población está calando, y se están buscando explicaciones y formando una conciencia que fue muy mellada por el tiempo muy largo que duraron las dictaduras militares y la posterior tutela de la élite económica. Estos aspectos son de un tiempo político social que habrá que ver a dónde camina. Mientras, el 11 de agosto, será la segunda vuelta electoral, que aunque mantiene todo igual, es una competencia entre la derecha recalcitrante y una derecha liberal más clásica, que decantarán en niveles distintos de tensión social en los siguientes años.

Foto: https://www.elmundo.es