Este domingo se realizarán las elecciones primarias presidenciales en que compiten internamente los cuatro candidatos el pacto de Chile Vamos y los dos del pacto Apruebo Dignidad. De cada uno de estos grupos resultará un nominado para las próximas elecciones presidenciales. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte tales pactos electorales.

Aniceto Hevia / resumen.cl 

Si bien la realización de este tipo de actos ha sido normalizada, bien vale remontarse al establecimiento de las normas por las cuales el Estado los financia y ejecuta.

La Ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a la presidencia, al parlamento, gobernaciones regionales y alcaldías, fue el resultado de un proyecto legislativo presentado por Sebastían Piñera el año 2011. En él, argumentó que era necesario "profundizar y perfeccionar" el sistema político vigente y que estas elecciones permitirían "que la selección de candidatos se haga de un modo más trasparente, competitivo y participativo". Junto con ello, indicó que esta iniciativa era parte de una agenda de reformas políticas que incluía medidas como la inscripción automática y el voto voluntario (que hoy se busca retrotraer por un amplio espectro de la clase política, imponiendo la obligación de votar), además de "la elección directa de los Consejeros Regionales, la iniciativa ciudadana de ley y el incentivo a la realización de plebiscitos comunales".

Luego de la promulgación de esta ley, nunca más se mencionó la incorporación de la iniciativa popular de ley, ni tampoco la creación de normas que faciliten la realización de plebiscitos comunales vinculantes. Más aún, la clase política se ha mantenido silente respecto a la necesidad de que el ordenamiento jurídico contemple mecanismos adecuados para la revocación de cargos de representación popular, en caso que un sector representativo de la población lo exija, así como del establecimiento de referendos nacionales y regionales vinculantes para la resolución de diversas cuestiones.

Resultados de elecciones primarias presidenciales de 2017. Fuente: SERVEL

En las últimas elecciones primarias presidenciales, el año 2017, cuando la entonces Alianza por Chile y el Frente Amplio definieron sus candidaturas, votaron 1.813.688 personas habilitadas para ello. De acuerdo al SERVEL, el Padrón Electoral en Chile entonces era de 14.308.151, por cuanto el total de votantes en tal oportunidad fue 12,6% del padrón electoral, una cantidad ínfima si se considera que quienes figuran como afiliados/as en los partidos políticos excluidos de tal votación (DC: 33.953, PPD: 32.708, PS: 43.670, PR: 29.112, PC: 46.977) no suman más de 186.420 personas, con cifras actualizadas al 2021.

En este contexto, tentativamente, surge la pregunta acerca de qué representa para el país la realización de elecciones primarias: un acto que posibilita "una democracia de mejor calidad", como afirmaba Piñera en su mensaje presidencial, o un trámite que le compete realizar a cada entidad partidaria con sus propios medios, pero actualmente su costo se lo endosa al Estado.

Como dijimos anteriormente, Piñera presentó el proyecto de ley de elecciones primarias en 2011, específicamente en el mes septiembre. En él expresa que "las recientes manifestaciones masivas que hemos visto en nuestro país, aunque son ciertamente un signo saludable de una democracia madura, con una ciudadanía exigente y empoderada, también han mostrado un preocupante deterioro de la función de intermediación entre las demandas e inquietudes de individuos y grupos y el Estado, que tradicionalmente han cumplido los partidos políticos y que es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia". Ante esta supuesta preocupación por la creciente deslegitimidad hacia los partidos, él y la clase política en general, acabaron por establecer un acto que elude el debate acerca de mecanismos democráticos para que la sociedad dirima directamente acerca de los problemas que le atañen. Al contrario, se establece un acto (o espectáculo) que gira en torno a tales instituciones, presentándolas como el eje de la política, cuestión puesta en entredicho por recientes acontecimientos, como las elecciones para integrar la Convención Constituyente.