[resumen.cl] Posterior a la aprobación del primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, la población se veía enfrentada a un alza del desempleo. Cerca de 1,8 millones de personas habían perdido su trabajo. En ese contexto, el acceso a beneficios del Estado terminaron siendo soluciones parche, que no lograron frenar la precarización de la vida de las familias más vulnerables en Chile, por ejemplo, en la línea del derecho a la vivienda que actualmente cuenta con las cifras más altas de campamentos a nivel país.

Ante el latente abandono estatal en contexto de pandemia con las familias más pobres de Chile y su relación con el acceso a la vivienda, estas tuvieron que recurrir a una serie de tomas de terreno como respuesta al difícil acceso a subsidios habitacionales y de arriendo, además del aumento de la especulación arrendataria.

Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) actualmente, se vive la cifra más alta desde 1996 en lo que a campamentos respecta. Existen, en todo el país, cerca de 969 de ellos donde se reparten 81.643 familias.

En nuestro país existen tomas históricas; Peñalolén, Aurora de Chile, El Boro, Nuevo Amanecer, entre otras. En este último, viven entre nueve mil y diez mil personas.

Tal ha sido el asentamiento, que, según comenta la dirigente de la Cooperativa de vecinos de la toma Laguna Verde de Iquique, Mónica González, se han construido casas con buenos materiales, se cuenta con servicios de kioscos, pero en algunos sectores aún no se cuenta con alcantarillado y conexiones eléctricas estables. Es decir, la dignificación de la vivienda sigue siendo un imposible.

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La especulación del mercado inmobiliario v/s el sueño de la casa propia

Diana, es pobladora ecuatoriana y dirigenta de la toma El Boro de Alto Hospicio. Comenta que, muchas de las personas que hoy se congregan en el lugar, han llegado con mayor presencia entre los años de la pandemia. Se trata de familias chilenas y migrantes, no hay distinción.

"El problema es que llevan años postulando a subsidios y se les hace imposible poder acceder a ellos. Además, que los arriendos se encuentran excesivamente caros, no alcanza para vivir y tener vivienda", comenta la pobladora. En Alto Hospicio, según datos del MINVU, existen 3.519 familias viviendo en campamentos ilegales hasta el 2019, cifra que ha aumentado considerablemente en estos últimos dos años de pandemia.

La deficiente política habitacional chilena, ha propiciado un escenario de aumento de las tomas. Frente a ello, se hace imperativo su regulación, o bien crear modificaciones respecto al acceso de subsidios, e incluso hablar sobre el mercado inmobiliario como un tema de políticas públicas que no aumente la desigualdad.

Según datos de Techo para Chile, publicados en 2021, Valparaíso, la Región Metropolitana y Tarapacá serían las con mayores cifras de familias en tomas. Con 23.845, 19.444 y 8458 correlativamente.

En las comunas donde más ha existido aumento, se encuentra Coronel (801 familias) Curanilahue (581), Arauco (519) Rancagua (414), y Salamanca (449)

La dirigenta comenta que, desde las autoridades ante la posible regularización de terrenos, encuentran negativas constantes. Esto ya que se encuentran en terrenos cerca de cerros con suelos poco habitables y esto impide la regularización.

En ese sentido, acceder a una vivienda propia se vuelve una realidad en las tomas. Por un lado, la falta de acceso a subsidios y por otro lado, el alza de arriendos que en Tarapacá bordean los 500 mil pesos en algunos casos, para una sola persona. Considerando que se cobra hasta un mes de garantía.

La exclusión habitacional: el problema de fondo

En ese sentido, los expertos vienen a darle nombre a este fenómeno, llamado exclusión habitacional. Esto habla que el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más exclusivo y que se hace casi imposible costear considerando el sueldo mínimo e ingresos de la mayoría de la población.

Según datos del catastro de Techo, gran parte de las familias que se encuentran viviendo en campamentos, anteriormente fueron víctimas de exclusión habitacional: viviendo de allegados o con arriendos informales.

Por un lado, los subsidios otorgados no alcanzan o bien, no contemplan a la gran población que vive en tomas; migrantes y pobres. Y por otro lado, se encuentran personas que trabajan en empleos informales y sin contrato, los que los hace vivir en una exclusión laboral constante.

También se debe considerar a los migrantes que llegaron hace unos meses a nuestro país y no pueden acceder al Registro Social de Hogares, lo que hace aún más complejo el acceso a una viviendas.

Allí, se concentran gran parte de las dificultades. En efecto, el entrar al mercado subsidiario o habitacional, se hace una tarea sumamente difícil e imposible, arrastrando a grandes grupos de familias a encontrar refugios en estas tomas de terreno.

Las soluciones desde las instituciones y el Estado

Según consignó al elmostrador el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, Chile se encuentra en "una verdadera emergencia habitacional" y que se necesita un plan con urgencia. Asimismo, emplazó a todo el organismo que contempla al MINVU, para crear un plan de emergencia que no pase de este semestre. La meta es cumplir 260 mil viviendas nuevas en lo que dure el gobierno, contemplando cerca de 65 mil viviendas anuales.

Sin embargo, según cifras de Techo, para permear la crisis se estarían necesitando cerca de 600 mil nuevas viviendas y además, una inversión de cerca de US$60.000 millones que serían sacados del PIB. Para ello se buscaría ahondar en la inversión privada y mecanismos de deuda pública.

En 2020 se aprobó un proyecto de ley sobre integración social buscar permear la crisis: "el objetivo del proyecto es mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país"

Según lo que se estima, se aumentará la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano y modernizará la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Lo anterior en lo que respecta a la expectativa del proyecto que aún se encuentra en el Senado. Sin embargo, este se sigue pendiente mientras se tramita su aprobación y se discuten los fondos mínimos necesarios para ponerlo en marcha.

Cabe mencionar que el próximo 5 de abril se inicia el llamado a Regular el Subsidio de Arriendo 2022. Mientras tanto, miles de familias seguirán esperando en la precariedad que la situación habitacional mejore, con todas las vulneraciones que aquello puede generar.

Foto prinicipal: CiperChile