[resumen.cl] La empresa China International Water and Electric Corporation ha sido apuntada como la responsable de fallas estructurales en el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón ubicado en Ecuador. La misma empresa lidera en Rucalhue un proyecto que sería la cuarta hidroeléctrica en el río Biobío.
China International Water and Electric Corporation (CWE) es el nombre de la empresa subsidiaria del gigante hidroeléctrico China Three Gorges Corporation, quienes entre sus proyectos han levantado la hidroeléctrica más grande del mundo: Las Tres Gargantas.
Es a través de este brazo empresarial -el cual responde a propiedad estatal de China- que se han desarrollado diversos proyectos energéticos en el mundo, siendo uno de estos el que se pretende instalar en la localidad de Rucalhue, ubicada entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco a nombre de la empresa Rucalhue Energía SpA, anteriormente ligada a capitales brasileños.
Diversas han sido las denuncias que comunidades en la provincia del Biobío -y a escala internacional– han levantado ante el proyecto de Central Rucalhue, las cuales han estado cruzadas por la criminalización liderada por la empresa contra jóvenes que se han opuesto de diversas formas al avance de la iniciativa.
Sin embargo, no es el único lugar en donde la transnacional china ha arrastrado conflictos.
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Toachi Pilatón: El proyecto inconcluso
Fue en 2008 cuando las obras del proyecto Toachi Pilatón fueron iniciadas, ubicándose entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Cotopaxi bajo el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El proyecto, en términos generales, se encuentra compuesto de dos centrales de generación (Sarapullo y Alluriquín) y una minicentral que se instalaría al pie de la presa del río, lo cual permitiría tener una capacidad instalada de poco más de 250 MW.
El medio Periodismo de Investigación indicó que fue el propio Correa quien señaló que la obra estaría lista en 2012, pero ya entrado el 2022 las instalaciones aún no funcionan y superan con creces el presupuesto de US$452 millones con el que contaba, llegando a más de US$900 millones.
Acorde a los antecedentes, la CWE fue contratada para elaborar la construcción de la obra civil luego de la salida de la cuestionada empresa brasileña Odebrecth, elaborando instalaciones donde, en 2020, la Contraloría General del hermano país ecuatoriano «detectó una serie de fallas estructurales, fisuras y desprendimientos, además de incumplimientos en el plan de manejo ambiental», a lo cual la empresa china ha respondido con un «intercambio de oficios, impugnaciones y recursos de apelación para no subsanar los defectos de construcción y evadir el pago de multas», reporta PI.
A modo de ejemplo, la propia Contraloría de Ecuador ha elaborado un informe público, donde se indica que el «túnel de carga Toachi Alluriquín, por el que se pagó USD 63'757.254, presenta fracturas que impiden poner en marcha el proyecto en ese tramo del río».
Acorde a antecedentes recopilados por el medio PI, el contrato «de Toachi Pilatón con CWE costó $247.6 millones y fue financiado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess)», misma empresa que en 2018 «realizó las reparaciones en la parte superior de la sección de revestimiento de hormigón, pero no intervino la mitad inferior ni los sitios por los cuales se filtraba agua».
Y es que son ya 13 años de espera que han empujado a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) a intentar forzar el inicio de operaciones del proyecto hidroeléctrico, el mismo que cuenta con retrasos que no han sido considerados para el cobro de millonarias multas por incumplimientos de la empresa china.
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En este sentido, los severos problemas dejados en la estructura del proyecto han conllevado el aumento en los tiempos de retraso. Entre estos, el medio PI los sistematiza de la siguiente forma: «Defectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, tanto en la presa, como en los estribos; Desprendimientos en el túnel de presión Toachi Alluriquín. Se detectaron defectos de diseño y en la metodología aplicada por la firma china; Drenajes defectuosos en la zona de chimenea de equilibrio superior de Alluriquín, en donde ya se han registrado desplazamientos del terreno».
Dicha situación se suma a la falta de la contratista CWE en el proceso de remediación ambiental, donde «está pendiente el retiro y clausura de pozos, fosas sépticas y trampas de grasas, manejo de escombros, retiro y transporte de equipos y máquinas», además del cierre de piscinas de sedimentación, gestión de materiales, entre otras.
Pese a estas irregularidades, a mediados de diciembre de 2021 la Corporación Eléctrica del Ecuador inició las pruebas de sincronización de una unidad de la Central Sarapullo.
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La polémica Central Rucalhue
Una amenaza latente es la que existe en Rucalhue, territorio ubicado entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ante las intenciones de una empresa china de instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico que vendría a alterar el ya sobreintervenido Río Biobío. La comunidad local se opone a la empresa por los impactos socioambientales negativos a los ecosistemas y la población.
El proyecto de Central Rucalhue, que cuenta con su RCA aprobada desde 2016, pretende «una central hidroeléctrica de pasada con embalse, sin capacidad de regulación ‘donde el caudal entrante es igual al saliente de la central’», siendo liderada por la empresa China International Water and Electric Corporation, filial del gigante China Three Gorges Corporation, misma empresa que construyó la hidroeléctrica más grande del mundo.
En este sentido, «considera la materialización de una presa aguas abajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme, generándose un embalse que tendrá 6,5 km aproximados de extensión por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme y su superficie total será de 139 hectáreas que incluyen 72 hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos».
Asimismo, sumado a las consecuencias ecosistémicas del proyecto, la población ha apuntado a diversas irregularidades de la iniciativa china en el territorio en términos de participación vinculante de las y los habitantes.
Actualmente, el proyecto no cuenta con la documentación necesaria para realizar obras en áreas específicas y en consecuencia para la intervención del Río Biobío, por lo que cualquier trabajo que se genere en estos lugares estaría en una fase de incumplimiento con la normativa legal.