La industria forestal constituye uno de los negocios extractivos de mayor impacto en el paisaje y las vida de las comunidades de la zona centro y sur del país. Las plantaciones de pino y eucalipto suman más de tres millones de hectáreas y sus centros de fabricación de pulpa de celulosa ocasionan múltiples trastornos en el territorio con una escasez hídrica y erosión del suelo progresiva, la facilitación de la ocurrencia y propagación de incendios de grandes magnitudes, así como una contaminación que es especialmente visible en los espacios donde son expulsados los residuos de las plantas de celulosa, como el fondo marino o ríos.

Aniceto Hevia

La entrega de dinero público al empresariado forestal se encuentra en los orígenes de este rubro en el país, y son hechos simbólicos de ello la promulgación del Decreto 701 en 1974, la privatización de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, así como la entrega de terrenos habían sido asignados a campesinos/as a través de la Ley de Reforma Agraria a particulares afines a la Dictadura, siendo estas superficies luego plantadas con monocultivos forestales subvencionados por el Decreto mencionado, precisamente dispuesto solventar los costos de la forestación y manejo.

El soporte financiero estatal al negocio forestal ha sufrido diversos cambios en los años recientes y pareciera ser más diversificado que antes a través múltiples vías, como fondos entregados a universidades que laboran en iniciativas orientadas a optimizar su rentabilización, exenciones tributarias a través de la Ley de Donaciones y del incentivo a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D), además de subsidios en apoyo a la Innovación de CORFO.

Este soporte económico ha persistido y, en su devenir, ha tenido cambios que obedecen a los contextos económicos y políticos del país. Se puede constatar que desde el año 2012 el empresariado forestal, concentrado en ARAUCO, CMPC Y MASISA, recibió $75.540.212.708 a través de subsidios de apoyo a la Innovación de CORFO y exenciones tributarias por medio de la Ley I+D. Con la información provista por el sitio Data Innovación, Resumen pudo elaborar la síntesis que se presenta a continuación.

MASISA ha obtenido $198.513.667 en subvenciones a través de proyectos de innovación tecnológica en los años 2015 y 2017. CMPC se ha beneficiado de un total de $20.650.421.730 sobre todo en exenciones tributarias a través la Ley I+D. Por su parte, ARAUCO es la empresa que ha obtenido mayores ventajas con un total de 54.691.277.311 sobre todo a través de rebajas impositivas, como su par CMPC.

Llama la atención que múltiples proyectos finalmente financiados con beneficios tributarios para estas empresas tienen títulos, pero carecen de datos referidos a su objetivo, señalando que es «información no pública», sin que la entrega de recursos públicos para ellos implique transparentar el propósito de tales gastos.

El monto involucrado en las iniciativas financiadas con exenciones tributarias o con subsidios de apoyo a la Innovación de CORFO comenzaron se ha abultado notoriamente los últimos cinco años. Si bien, CORFO celebra el aumento de estos recursos, bien vale someter a discusión el beneficio que estas iniciativas tienen en el marco de un negocio como el forestal, considerando que sus operaciones han provocado la pérdida de fuentes de subsistencia de múltiples comunidades, generando diversas afectaciones en el ámbito alimentario, económico, cultural, entre otras dimensiones.

En la imagen, el presidente de Corma, Juan José Ugarte; el ministro de economía, fomento y turismo, Nicolás Grau; el ministro de agricultura, Esteban Valenzuela, y el exgobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz participando en la inauguración de la Expocorma de 2024. Extraída de la cuenta de Facebook del Ministerio de Economía.