El viernes 27 de febrero se deroga definitivamente la jurisdicción penal militar y la entrada en vigor de una nueva ley, según la cual los militares que cometan delitos en tiempo de paz no serán juzgados por otros militares sino que se someterán, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales civiles ordinarios.
«La nueva ley, impulsada por el Gobierno de Néstor Kirchner y aprobada por 59 votos contra dos en el Congreso, supone una novedad absoluta en América Latina, donde los militares se han reservado tradicionalmente, de una manera u otra, la jurisdicción penal, para no someterse en ningún caso a jueces civiles», asegura Ileana Arduino, abogada, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del ministerio de Defensa, y una de las responsables de la elaboración de las nuevas normas.