Hace un tiempo convocaron al OLCA a una reunión para discutir las apuestas programáticas de una de las candidaturas presidenciales, agradecimos el gesto, pero no fuimos... optamos por restarnos, fundamentalmente porque nuestro caminar al lado de comunidades víctimas del extractivismo nos ha enseñado que administrar un sistema de muerte no puede generar vida, y la vida es nuestra fuerza motriz, desde ella partimos y hacia ella vamos. Por lo tanto, estamos más empeñados en articular las experiencias de vida que creativamente se vienen desplegando, que en enfrascarnos en discusiones poco fértiles, no porque no sean honestas las semillas, sino porque la tierra político partidaria de este país, está demasiado reseca y estéril. 

Entendemos eso sí que no nos hemos comprado la verdad, no tenemos aspiración a que nuestro modo de ver las cosas se transforme en EL modo correcto de mirar, estamos convencidos y convencidas de que las respuestas únicas, sean de la naturaleza que sean, son siempre un modo de truncar la diversidad, y no queremos colaborar a ello. 

En ese espíritu construimos este texto, que a nosotros nos sirvió para afinar posiciones al interior de nuestro equipo. Pensamos puede colaborar también a instalar otras miradas, provocar nuevas preguntas y nuevas múltiples respuestas. 

Hoy Chile es un país extractivista, 89 de 100 dólares que exportamos son materias primas. Nos hemos convertido en una bodega de materias primas y en estas elecciones, como en las anteriores, elegiremos al bodeguero, lo que determinará que nuestros bienes comunes se saquen con más o menos cuidado, que haya más o menos orden, pero no que dejemos de ser una bodega y empecemos a ser un territorio donde la creatividad, la felicidad, la construcción comunitaria, la alimentación sana, el desarrollo integral, sean posibles. Y es extraño, porque aunque probablemente todos y todas queremos ser felices, gran parte de la sociedad pareciera resignarse a la no concreción de este deseo. 

Chile es uno de los países del mundo más vulnerables a lo que internacionalmente se denomina «cambio climático» (nosotros preferimos hablar como propone el geógrafo Jorge Quezada, de «trastorno climático», para dejar de eludir la responsabilidad antrópica en su generación) y sin embargo, somos el segundo país del mundo, después de China, que más ha incrementado sus emisiones de gases de efecto invernadero, y ningún programa de gobierno siquiera menciona esta situación. Es necesario parar, mirar lo que estamos haciendo, es interesante esa imagen del caracol del decrecimiento europeo, que habla de que en el frenesí de construir su concha de pronto el caracol se detiene abruptamente, pues sabe que otra espiral más haría insoportable el peso de la casa. 

Es en torno a estas cuestiones de fondo, que cuestionan el modelo de raíz, y por lo tanto vuelven absurdo el deseo de querer administrarlo, que nos proponemos problematizar en estas líneas, pensando un Chile donde quepamos todos y todas, hoy y mañana: 

1. Modelo minero: es urgente decretar una moratoria a la megaminería química para evaluar colectivamente cuáles han sido los costos y beneficios de esta actividad en el país. Más aún ahora cuando se proyecta sextuplicar, en menos de 10 años, la inversión de los últimos 20 años, los más desoladores y contaminantes de la historia nacional. Necesitamos un espacio para debatir de manera amplia y democrática el modelo minero, con una mirada estratégica, desde nuestras soberanías, con respeto a los territorios y a sus culturas, pueblos y comunidades, discutir los límites, la intensidad, la escala, las zonas intangibles, es decir, diseñar una política de largo plazo, que considere los ecosistemas y a quienes los habitan. 

La migración forzada de comunidades campesinas, indígenas y urbanas que son desplazadas y empobrecidas en zonas antes agrícolas, fundamentalmente en el centro y norte del país; la voracidad energética y la profunda crisis hídrica que está generando la minería, proponiendo para superarla soluciones de ingeniería que no buscan enfrentar el problema sino posibilitar la continuidad de la extracción, debe terminarse. 

Del mismo modo, hay que concretar un instrumento que proteja los glaciares y promueva la intocabilidad de las fuentes de agua dulce en lo alto de las cuencas nivales de nuestro territorio, lo que implica necesariamente derogar el Tratado Binacional Minero y cursar las sanciones correspondientes a quienes han promovido su aprobación.

2. Modelo Forestal: La plantación desproporcionada de pinos y eucaliptus y la producción de celulosa asociada, están aniquilando la sustentabilidad de muchos territorios, sobre todo desde la Región de O’Higgins al sur. Las tasas de desplazamiento de la población y de empobrecimiento son cada vez mayores, el avance de la desertificación es alarmante, la pérdida de fuentes de agua, el impacto social y ambiental desborda lo imaginable, sin embargo el decreto ley 701 pretende duplicar la mancha de cultivos exóticos en nuestro territorio, lo que inevitablemente se traduciría en el aniquilamiento de todas las culturas locales de aquí al 2050. La justificación social para este genocidio suele ser el empleo, igual que en la minería, pero solo se habla de la cifra de empleos que se crean, no de los que se ven obligados a desaparecer, y menos se menciona la precariedad y temporalidad de los trabajos creados. O peor aún, se ha incorporado la categoría de «microempresario forestal», con un plan de subsidios que serían canalizados a través de decreto 701, para intentar dignificar un actividad indigna, y buscar de paso seguir subsidiando a las grandes forestales, ya que serán ellas las que tendrán el poder de compra y de fijación precios. El pueblo mapuche, el más afectado por este modelo de monocultivo intensivo, ha insistido en invocar el derecho a la Consulta indígena, ratificado en el Convenio 169 de la OIT, pero los gobiernos se han empeñado en falsear mecanismos, buscar resquicios legales, reprimir, y evitar escuchar a las y los originarios de nuestro suelo. 

En este sentido, nos parece crucial desestimular la expansión del modelo forestal, promover la bioremediación de los suelos, dejar descansar la tierra para que pueda recuperarse, y sobre todo, estimular la actividad agrícola campesina que es la base para volver a tener soberanía alimentaria, y promover la diversidad agroecológica, fundamental para tener suelos sanos y fértiles. En el mismo sentido, es prioritario dar solución a la demanda territorial y política del pueblo mapuche, antes de que pinos y eucaliptus aniquilen completamente su cultura. 

3. Modelo agroalimentario-exportador: Otro crimen socioambiental en Chile lo constituye la imposición de la agricultura química intensiva en los campos, con escalas productivas exorbitantes que están agotando los suelos y el agua de los territorios. A esto hay que agregar los problemas de salud derivados del uso de pesticidas y plaguicidas, la toxicidad de los alimentos que estamos ingiriendo, la inviabilidad de la agricultura orgánica en vastos sectores, la concentración de la producción en muy pocas manos con el consiguiente control de precios para lucro personal y perjuicio colectivo, y como si fuera poco, se incorporan ahora los esfuerzos promovidos por las químicas Monsanto y otras, de patentar las semillas, de modo de controlar nuestra alimentación en todo su ciclo, inviabilizando la necesaria autonomía de la existencia, esto es abrir las puertas del país a la transgenia, desconociendo de manera brutal las consecuencias que los transgénicos u OGM han generado en suelos hermanos como Paraguay, Brasil y Argentina, y sin atender el principio preventivo y precautorio, suscrito por Chile a nivel internacional, pero desconocido en las prácticas concretas. 

Esto va de la mano con la pretensión inconsulta y demente de transformar a Chile en una potencia alimentaria, siguiendo una tendencia globalizadora que hace que ya no comamos las naranjas del vecino, sino que las importemos de Estados Unidos, desvitalizando a las localidades, pero sobre todo, contribuyendo a la dependencia, al control global de los grupos económicos, y a la imposibilidad de saber lo que comemos y cómo nos aseguraremos de tenerlo mañana. Casos emblemáticos en este sentido son los planteles de animales de Agrosuper, que están exprimiendo los territorios, condenando al hacinamiento y a la crueldad a millones de animales mensualmente, arrasando con las formas ancestrales de criancería, y claramente atentando contra el derecho a una alimentación saludable; dicho sea de paso, al cabo de 20 años de puesta en marcha de esta producción intensiva, podemos ver los trastornos graves a la salud de las personas y de los ecosistemas. Es esto lo que ha motivado el movimiento comunitario en Freirina, San Pedro de Melipilla, La Estrella, Litueche, y en un sinnúmero de localidades que comprendieron que tienen derechos y no están más dispuestas a soportar el hedor y la sequía que trae consigo este negocio.

Comprendemos que el actual modelo acuícola y pesquero, con ley de pesca incluida, es también una dimensión ineludible del extractivismo: privatización del mar, colapso de la biomasa pesquera (en la actualidad casi un 70 % de las principales pesquerías comerciales del país se encuentran colapsadas , o en franco proceso de sobreexplotación), disputa y usurpación de los espacios tradicionales costeros a pescadores artesanales y pueblos indígenas; salmonicultura intensiva; degradación acelerada de los ecosistemas, por invasión y uso intensivo, tanto en ríos, lagos, aguas costeras, fiordos y canales; creación de una cultura asalariada con empleos precarios e insustentables... y todo esto para que un puñado de empresarios surtan de peces «al mejor precio», al mercado internacional, inviabilizando la actividad pesquera local de otros territorios. 

4. Modelo Energético: Aquello del «black out», de «la crisis energética», y demás consignas aterradoras que siembran los grupos económicos, políticos y autoridades de turno, son una falacia, que oculta la insustentabilidad de la escala productiva de la que están profitando. La matriz energética existente, aunque mala, sucia y cara, permite satisfacer con creces la demanda de energía de las y los ciudadanos y de la industria nacional, para lo que no alcanzará la energía es para la escala extractivista patológica que nos quieren seguir imponiendo y expandiendo. El pueblo hoy no está dispuesto a seguir aguantando la externalización de los costos de los megaproyectos, ni mineros, ni forestales, ni agroalimentarios, y por lo tanto, con sabiduría estratégica, tampoco los energéticos, que están a la base de la posibilidad de funcionamiento de la mega escala de todo lo demás. 

Es imperioso que se generen proyectos energéticos no contaminantes, a escala humana, para el desarrollo local, y solo en caso de que los territorios los necesiten, con un sistema de generación distribuida y no centralizada como el que hasta ahora nos rige. A la vez se debe suprimir cualquier acción tendiente a incorporar la Energía Nuclear en la política energética nacional, ya sean, estudios, experimentaciones, análisis u otros, pues es altamente perjudicial mantener abierta esta posibilidad en un país sísmico, la gente razonable en este planeta viene de vuelta, luego de Fukushima con más razón. En este sentido, nos parece básico que se recupere al menos el compromiso 20/20 en la apuesta por las energías renovables no convencionales para aprovechar la creatividad y los insumos disponibles en los territorios de manera armónica con los ecosistemas de los cuales son parte.

5. Crecimiento de las ciudades: Los patrones culturales imperantes en el país endiosan la vida urbana y desprecian o convierten en una postal la vida rural, como si fuera una cuestión folclórica y del pasado. Esto, en absoluta consonancia con todos los puntos precedentes, ha generado un crecimiento enfermo de las ciudades, de hecho, desde 1980 no se ha discutido en torno al desarrollo planificado de las urbes, y las regulaciones se han determinado en función de las necesidades del mercado, fundamentalmente inmobiliario. Las enfermedades urbano ambientales proliferan, varias ciudades están consumiendo agua contaminada con arsénico, aumentan las ciudades decretadas zonas saturadas por tener aire poco saludable para sus habitantes, las grandes urbes externalizan sus impactos de manera injusta a poblaciones rurales, más pobres o desprotegidas, instalando basurales, vertederos, plantas de tratamiento de agua servidas, etc. 

Con ello, muchas unidades campesinas se han visto forzadas a abandonar sus tradiciones y formas de subsistencia, viéndose tragadas por la expansión de la ciudad, y dejando valiosos suelos agrícolas, que habían mantenido generación tras generación; misma suerte que se le está otorgando a otros ecosistemas estratégicos como los bosques esclerófilos de la precordillera que han sido arrasados para encementar. 

De este modo, los espacios de la ciudad se han construido en base a la matriz valórica neoliberal, individualista, pragmática y competitiva, arrasando con los principios culturales de asociatividad y sentido común, pero además, como es en las ciudades donde se encuentran los centros de decisión, imponiendo esta neomatriz a todo el país y a las relaciones internacionales. 

Es urgente entonces, realizar un ordenamiento territorial en escucha activa de las comunidades, no normado por criterios extractivistas y de mercado, y en el mismo sentido, promover procesos de descentralización geográfica pero también cultural, económica, y política, para que las ciudades puedan respirar y sus entornos dejen de ser fagocitados. 

6. Agua: Qué más de la mitad de las comunas de Chile entre el 2011 y el 2013 hayan experimentado problemas graves de abastecimiento hídrico, en términos de cantidad y calidad de aguas, no es un problema de sequía o de calentamiento global, sino que obedece a leyes criminales, que siguen vigentes, y que deben ser modificadas. 

En este sentido, junto con los cientos de organizaciones y miles de personas que marchamos el 22 de abril del 2013 por las calles de Santiago, reivindicamos al agua como un bien común, un derecho esencial, y no una mercancía como decreta actualmente nuestra constitución. El agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad bajo ninguna modalidad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, y recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población. Pero al mismo tiempo, se debe avanzar hacia una gestión comunitaria que empodere a los territorios y les permita ejercer el necesario derecho a la autodeterminación.

Entendemos que los brutales cambios experimentados en el país en estos últimos 40 años, solo han sido posibles por una voluntad política de promover el Estado «subsidiario», que en términos prácticos ha demostrado ser «suicidario», pues ha ido retrocediendo progresivamente en su rol de satisfacer las necesidades básicas de quienes forman la sociedad, estimulando que sea el mercado, y las mismas megaempresas que traen la muerte a los territorios, las que se transformen en proveedoras de salud, educación, trabajo, a través de mecanismos solapados como la Responsabilidad Social Empresarial, de modo de crear una dependencia perversa. 

Esto debe ser radicalmente modificado, las comunidades somos capaces de forjar nuestro destino y el Estado debe garantizar que esto sea posible. Claramente no decidirá el país sobre esto en las próximas votaciones, porque mientras no nos atrevamos a cambiar el molde extractivista en el que nos han puesto, y no recuperemos el sentido común que evidencia que mientras más nos sacan menos queda, independiente de los cuentos que nos cuenten mientras nos depredan, poco se jugará en las elecciones, y mucho se seguirá jugando en el cotidiano invisibilizado que despierta, y mañosamente se empeña en recuperar la capacidad de dar vida, para ser parte de los ciclos que permiten que el agua siga saltando de nube en nube. 

Las preguntas que inevitablemente surgen ante esto son ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo se recupera el agua y los bienes comunes?… Y nuestra respuesta es que ésta debemos construirla colectivamente... para recuperar los bienes comunes hay que recuperar el sentido común. Por eso acompañamos los procesos de articulación socioambiental, empoderamiento y organización territorial. ¿Creemos en la Asamblea constituyente? Sí, en la medida que se aleje del pragmatismo y se acerque a la multiplicación de espacios de debate y de diálogo activo sobre estas temáticas en los territorios. ¿Creemos en la nacionalización? Sí, pero si nos animamos a problematizar sobre lo que entendemos por nación, y avanzamos en la comprensión de que nuestro suelo alberga muchas naciones, y que por lo tanto, nacionalizar implica necesariamente descentralizar, plurinacionalizar, fomentar la autodeterminación de los pueblos, reconstruir el país desde las capacidades y cosmovisiones que lo habitan, sin hegemonías, deconstruyendo la imposición de las mayorías, ya tuvimos suficiente de binominales y doctrinas semejantes. ¿Creemos que hay que restarse de los espacios institucionales porque son más de lo mismo? No, porque creemos en las personas y en la autodeterminación, si a alguna comunidad le parece que la manera de resolver sus problemas es el parlamento, la alcaldía, o lo que sea, que trabaje en pos de eso, siempre y cuando el proceso de construcción no se desentienda del colectivo que lo vio nacer, que se deba a la gente, que posicione el sentido común y no individual en su gestión, creativa y vivazmente. ¿Creemos en las recetas? No, por eso no las damos, creemos sí en los valores conjuntos, en el aprendizaje colectivo, en la necesidad de desaprender para aprender, y tejer de ese modo propuestas que puedan ajustarse a las demandas coyunturales y locales, pero también a las problemáticas globales y atemporales. 

Desde este esbozo de certezas seguiremos como OLCA, contribuyendo humildemente a la emergencia de un paradigma distinto, que ponga a la vida en el centro de las decisiones territoriales, que fortalezca los procesos de intercambio y articulación comunitaria, que potencie la necesaria reconexión con la naturaleza para volver a sentirnos partes de un todo y no dueños de una parte, y actuemos en consecuencia, que, en definitiva, nos ayude a detenernos a tiempo como enseña el caracol. Confiamos en que la siembra cotidiana que desarrollamos ayude a que cuando sea el tiempo, no nos disputemos la administración de la bodega, y podamos sentirnos sujetos activos y activas en la construcción de miles de otros mundos posibles.