En el 4to EPU de China, Estados latinoamericanos piden mayor responsabilidad de empresas y financistas chinos con el medio ambiente y los DD.HH. en sus territorios

El 23 de enero se desarrolló la sesión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos de China. El EPU es el principal mecanismo de evaluación de los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los convenios y tratados de derechos humanos y el ambiente.

Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA

"Este EPU se llevó a cabo en un momento en que China ha fortalecido su influencia internacional, especialmente porque se cumplieron 10 años de implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Esto podría hacer que los Estados que se benefician de la relación con China duden en hacer recomendaciones sobre derechos humanos y cuidado del ambiente", afirmó Maia Seeger, directora de Sustentarse (Chile).

La abundancia de recursos naturales de Sudamérica la ha convertido en una región clave para China en el marco de la IFR. Las empresas y bancos chinos se han convertido en importantes actores regionales en sectores extractivos y de gran escala como hidrocarburos, minería, energía (generación, distribución y comercialización) e infraestructura de transporte. Hoy en día, estos sectores enfrentan grandes desafíos por sus impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades locales y sobre ecosistemas frágiles como la Amazonía, los humedales altoandinos y los glaciares patagónicos.

 

La sociedad civil también le habla a China en el EPU

Desde América Latina, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) ha consolidado su trabajo de incidencia sobre actores chinos en escenarios como el EPU debido a la falta de espacios de interlocución con actores empresariales, financieros y gubernamentales chinos. "Desde el 2018, en el CICDHA hemos venido trabajando con organizaciones sociales de varios países latinoamericanos para documentar y denunciar los incumplimientos reiterados de los convenios y pactos de derechos humanos y la afectación a los ecosistemas que se está dando en muchos proyectos donde participan actores chinos", mencionó Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción (Perú).

En este cuarto EPU de China, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo presentaron informes. El CICDHA lideró una contribución de más de treinta organizaciones de nueve países latinoamericanos. Las recomendaciones hechas por el CICDHA recibieron atención de los organismos de la ONU y fueron transmitidas a China en el "Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas". Estas mismas recomendaciones también recibieron el respaldo de más de once coaliciones de organizaciones de la sociedad civil de Asia, África y otras regiones (párr. 37-39). "Esto muestra que existe un movimiento global desde la sociedad civil que le habla a China, y que le pide rendir cuentas y hacerse cargo de los impactos sociales y ambientales de lo que hacen sus bancos y empresas en el extranjero", dijo Maria Elena Rodriguez del Brics Policy Center (Brasil).

 

¿Qué recomendaciones le hicieron los demás Estados a China?

En la sesión del EPU de China intervinieron 161 Estados y por lo menos cincuenta presentaron un total de 428 recomendaciones al Estado chino para mejorar su desempeño en derechos humanos (en el tercer EPU China recibió 346 recomendaciones). Al menos una docena de recomendaciones de nueve países distintos, cinco de ellos latinoamericanos, se refieren específicamente a las actividades de empresas y financistas chinos en el exterior.

Tres recomendaciones fueron de alcance general: Costa Rica y Portugal recomendaron incorporar legal y constitucionalmente el derecho humano al ambiente limpio, saludable y sostenible; Chile y España recomendaron garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos; y, Ecuador y las Islas Marshall le pidieron a China incorporar un enfoque basado en los derechos humanos en sus planes y políticas de desarrollo y cooperación.

Otras recomendaciones fueron más específicas, como la que hizo México reiterándole a China que implemente las recomendaciones sobre Empresas y Derechos Humanos que le hizo el Comité DESC en 2023; y, Ecuador, Perú y Camerún que le pidieron a China específicamente implementar medidas para asegurar que las empresas e instituciones financieras chinas que operan en el extranjero respeten los derechos humanos en todas sus actividades. "Es importante que los países del Sur Global puedan presentar sus denuncias sobre afectaciones a los derechos humanos y al ambiente por parte de empresas y financistas chinos que operan en su territorio, y no se queden atados de manos por la importancia de las relaciones económicas con China", afirmó Oscar Campanini, director del CEDIB (Bolivia).

 

¿Qué sigue ahora en el EPU?

China tiene plazo hasta junio de este año para aceptar las recomendaciones que considere pertinentes para trabajar en ellas hasta el siguiente EPU. Los Estados que presentaron recomendaciones deben gestionar que China las incluya en su agenda de trabajo. También es importante que las organizaciones de la sociedad civil se mantengan vigilantes sobre el desenlace de este proceso y continúen haciendo seguimiento a China.

Fue valiosa la actitud de los Estados latinoamericanos que propusieron recomendaciones a China en este EPU. Otro grupo de Estados de la región, en cambio, se quedó a medio camino entre sus importantes relaciones económicas y políticas con China y las promesas de viejos modelos de desarrollo. "El reto actual de nuestros países en América Latina es construir un posicionamiento que no renuncie al deber de defender los derechos humanos y el ambiente a cambio de los beneficios económicos de las relaciones con China. Por el contrario, debemos proponerle a China una cooperación ganar-ganar que defienda un verdadero compromiso con el desarrollo sostenible e incluyente de Latinoamérica, que garantice el ejercicio de los derechos humanos de nuestra población y que aporte a alcanzar una transición socioecológica más justa", manifestó Ariel Slipak de FARN (Argentina).

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