[resumen.cl] Hoy partió un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia de España, que tiene una fuerte repercusión política tanto dentro como fuera de esta monarquía constitucional, y es que tras más de un año de encarcelamiento preventivo, el Estado español lleva a juicio a quienes fueron las máximas autoridades del gobierno, el Parlamento y la sociedad civil catalana hasta octubre del año 2017, luego que tras un referéndum esta región autónoma votara su independencia de España. Independencia, cabe agregar, que nunca llegó a materializarse.

El juicio se efectúa contra 12 de los líderes del llamado «proceso independentista», pues los restantes se encuentran en un exilio. El proceso ha causado una enorme expectación, puesto que la situación en Cataluña ha dominado la escena política en el Estado español estos últimos años y ha generado un bloqueo tal que incluso fue parte importante de la destitución del gobierno de Mariano Rajoy y tiene en las cuerdas al de Pedro Sanchez.

Más de 600 periodistas han sido acreditados por la justicia española, decenas de observadores y una transmisión en directo del juicio. En términos políticos y comunicacionales, hoy no son sólo los presos catalanes los juzgados, las determinaciones de la justicia española también está bajo observación, a partir de los cuestionamientos de su actuar político en este caso, que le han valido sendos reveses en otros países de Europa al demandar extradición de los dirigentes catalanes, los que han sido amparados por tribunales en Bélgica, Suiza, Alemania y Escocia, en contra de orden de extradición de tribunales españoles.

De hecho, el juicio ha comenzado con un claro mensaje de las defensas de los detenidos, quienes han tildado el juicio de político, con la claridad que España no impartirá justicia y apelando claramente al tribunal europeo de Estrasburgo hasta donde llegarán una vez se agoten las vías judiciales dentro del Estado español.

Hay que recordar que los acusados de en este juicio, considerados líderes del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 son: el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a quien la Fiscalía pide 25 años de prisión, los líderes de la sociedad civil catalana, Jordi Cuixart ('mnium Cultural) y Jordi Sànchez (ANC), para quienes la Fiscalía española pide 17  y la expresidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, para quien la Fiscalía pide otros 17 años, el grupo de exconsellers (ministros del gobierno catalán) encarcelados: Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Quim Forn, para quienes el ente persecutor pide 16 años por rebelión. Todos estos por el delito de rebelión.

A estos ha que agregar tres exconsellers que al renunciar a seguir en la política activa, por coerción de la justicia española: Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para quienes la Fiscalía pide siete años por malversación y desobediencia grave.

Protestas en Madrid y Cataluña

Familiares de los prisioneros políticos catalanes fueron impedidos de entrar al tribunal español, lo mismo le ocurrió Gabriel Rufián, diputado catalán del parlamento español.

Una marcha en apoyo a los presos catalanes fue impedida de acercarse a las inmediaciones del tribunal en Madrid. Mientras en Barcelona manifestantes ocuparon la calle frente al Fiscalía española en la capital catalana, la policía detuvo a varios manifestantes entre ellos el líder de la CUP en el parlamento catalán Carles Riera.

En horas de la tarde en Cataluña se han registrados concentraciones unitarias frente a cada ayuntamiento (municipios) en apoyo a los presos.