En Chile, los sindicatos han sido empujados a una progresiva irrelevancia en la distribución de la riqueza del país y también en la discusión de las decisiones que afectan directamente la vida de las y los trabajadores, mientras un 0,07 de la población concentraría un 34% de la riqueza nacional en el año 2018. Esta cantidad ínfima de personas son las denominadas ricas y súper ricas, con un patrimonio acumulado de 5 a 100 millones de dólares y de 100 o más, respectivamente, de acuerdo a un estudio de los economistas Ramón López y Gino Sturla, citados por Ignacio Flores y Pablo Gutiérrez en su trabajo Riqueza en Chile: medición y tributación*.

Por Aniceto Hevia

Esta situación ya había sido avizorada en un estudio de 2013, que identificaba al 1% más adinerado del país como controlador de un tercio del ingreso total, en tanto que el decil más rico concentraba el 60%. O sea, el 90% de la población del país se disputaba ya en ese año sólo el 40% del ingreso nacional, según los economistas Pablo Gutiérrez, Ramón López y Eugenio Figueroa, citados por Ignacio Flores en Desigualdad y distribución del crecimiento económico en Chile*.

En su informe de 2024, Los Verdaderos Sueldos de Chile, Fundación Sol consignó que «el 50% de los trabajadores/as en Chile gana menos de $583 mil. Sólo el 22,4% gana más de $1 millón líquidos. El 71,4% de las trabajadoras gana menos de $780 mil líquidos«.

En este contexto, Chile es una de las naciones más desiguales del mundo, mucho más que países europeos, asiáticos (como China, Japón o Corea del Sur), Estados Unidos, Canadá o de América Latina, como Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Colombia, entre muchos otros. (Introducción de Impuestos justos para el Chile que viene, de Jorge Atria y Cristóbal Otero como compiladores)

Los salarios de cada país responden a la existencia y potencia de sus sindicatos, pues de su organización y masividad depende la consecución de mayores remuneraciones. A pesar de lo archiconocida de esta noción, los sindicatos nacionales conforman un archipiélago en un gran océano: pequeños y fragmentados, y así es como negocian con sus empleadores, o lo intentan. De acuerdo a la última Encuesta Laboral de 2023, las y los trabajadores afiliados a sindicatos representan un 19,9% del total (formal), en empresas de 5 o más trabajadores, mientras las empresas donde existen estas agrupaciones suman un exiguo 3,9%. Las razones: el desinterés de sindicalizarse y las "prácticas antisindicales y actitudes hostiles" de los empleadores. Si menos de un quinto de las y los trabajadores del país están sindicalizados, más reducido es aún la proporción de quienes logran negociar garantías contractuales. De hecho, "el porcentaje efectivo de cobertura de los instrumentos colectivos en relación con el potencial de personas que pueden negociar llega a menos del 13%", de acuerdo al investigador Gonzalo Durán.

La centralización de la negociación colectiva a nivel de rama como forma de desprecarizar el trabajo y cambiar las relaciones de poder en Chile, es un informe elaborado por Gonzalo Durán y Karina Narbona de reciente publicación. Como su título lo señala, aborda uno de los flancos determinantes en la reproducción de la desigualdad nacional y entrega antecedentes para considerar este modelo negociador, también llamado negociación ramal, como garante de condiciones más ventajosas para la clase trabajadora.

De acuerdo al último boletín de Empleo Trimestral, la fuerza de trabajo total del país es de 10.267.025 personas, de las cuales el 25,8% está ocupada informalmente y unos siete millones trabaja en un empleo formal. Si bien se tiende a creer que esta condición entrega garantías efectivas a quienes laboran, la realidad dista de ello. Para explicarlo, el y la autora de esta investigación utilizan el concepto de Formalidad Precaria, postulando que frecuentemente quienes tienen contratos laborales igual son perjudicados en diversas dimensiones, como: «inestabilidad laboral (por ejemplo, contratos permanentes, expuestos al despido por "necesidades de la empresa"), inseguridad social (cotización para un sistema de seguridad social ineficaz), inconsistencia salarial (salarios bajos y/o inciertos), falta de transparencia del empleador (por trucos jurídicos o formas triangulares de trabajo), alto riesgo ocupacional (por exposición a riesgos físicos y psicosociales) y falta de poder (escasa autonomía y debilidad organizacional)".

Todas estas situaciones podrían ser progresivamente corregidas con un poder de negociación más eficaz de parte los y las trabajadoras, sin embargo el actual modelo de negociación colectiva por empresa se caracteriza por ser marginal y ultra fragmentada. Más aún, señalan que tiene un efecto mínimo sobre la distribución de ingresos. "Por ejemplo, al revisarse uno de los indicadores de impacto económico como son los reajustes reales iniciales obtenidos, su promedio durante 2002-2013 fue inferior al 1% real".

Esto no siempre fue así. Durante el periodo previo a la Dictadura, las y los trabajadores erigieron a sus sindicatos como ejes del mejoramiento de sus condiciones de vida, estableciendo negociaciones por sector o rama productiva, adjudicándose un mayor poder de presión. El Plan Laboral diseñado por José Piñera e impuesto en Dictadura a través de sucesivos decretos que fueron sistematizados en el Código del Trabajo promulgado en 1987, y del cual la actual normativa le es totalmente tributaria, estableció la negociación por empresa, sin importar que muchas operan para otras más grandes y dejó "fuera del ámbito de la negociación colectiva cualquier política o cuestión que sea ajena a la empresa, e incluso para el radio de la empresa, excluye de la negociación colectiva las cuestiones relativas a la organización de la producción y el trabajo, como la contratación, la asignación de funciones o la reestructuración, ya que se consideran competencia exclusiva del empleador", señalan los integrantes de Fundación SOL.

En el documento se analizan múltiples estudios indagatorios respecto a las repercusiones de la existencia de regímenes de negociación ramal o por empresa, llegando a la conclusión de que la negociación ramal o por sector productivo, al ser más inclusiva, tiene efectos distributivos en la economía. Por otra parte, los países con este tipo de negociación, también llamada "centralizada", tienen la ventaja de proteger a las y los trabajadores masivamente de los efectos de la inflación y se muestran más resilientes a las crisis que afectan el empleo. En el caso de Uruguay, llama la atención que su restablecimiento contribuyó a la disminución de la informalidad laboral del 40% al 22% en 10 años.

Por otra parte, el y la autora señalan que "la capacidad de fiscalización de los grandes sindicatos puede ayudar a controlar las tasas de accidentabilidad y morbilidad profesional".

A pesar de la evidencia, los vociferantes de los gremios patronales continúan negándose a reconocerla y, más aún, llegan a afirmar que "la evidencia" apunta a todo lo contrario. En el documento se puede encontrar una colección de aseveraciones del amplio espectro político y se pueden reconocer argumentos a los que se recurre frecuentemente para su rechazo, por ejemplo:

– "Chile no está preparado para la negociación por rama..."
– "(…) se da la situación de que hay empresas muy distintas en un momento del tiempo, y una misma talla de ropa para todos no es buena".
Rodrigo Valdés, exministro de hacienda de Michelle Bachelet.

– "La negociación/colusión ramal es tan dañina como la colusión de las empresas, y dado el daño que ello genera a los consumidores, todos los ciudadanos, en especial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, deberían velar porque esta práctica este prohibida en Chile".
Michèle Labbé, académica USS. La Tercera (5/6/24)

– "Si se quiere destrozar el empleo formal y crear más informalidad uno de los instrumentos para hacerlo es proponer la negociación por ramas de actividad (...) acá negocian simultáneamente empresas grandes con alta productividad, con altos salarios, con empresas muy pequeñas, con PYMES, con empresas medianas, que ciertamente ofrecen condiciones laborales no tan buenas, con bajos salarios. Y eso significa que las condiciones que negocian en promedio van a dejar fuera de las posibilidades de supervivencia a las empresas pequeñas".
Klaus Schmidt-Hebbel, docente CIES-UDD. Mirada Económica, TVN (30/8/24).

El artículo también añade observaciones de distintos representantes sindicales respecto a las condiciones que imperan en el mundo sindical, incluidas las asociadas a vicios como la disputa por intereses particulares y la burocratización de las dirigencias. En su conclusión, previenen también del riesgo de "idealizar los sistemas de negociación colectiva centralizados", instando a discutir "de qué forma se debería avanzar hacia un sistema centralizado cuando la realidad es tan opuesta, extremadamente fragmentada, y la clase trabajadora se enfrenta a resistencias por parte del empresariado".

Los salarios, así como los impuestos, constituyen herramientas que todo estado democrático utiliza para contrarrestar las eventuales iniquidades que pudieran incrementarse en el marco de las relaciones económicas, tienen una función distributiva y pueden evitar oportunamente la concentración de riqueza y poder en escasos agentes.

Hasta ahora el gobierno aún no envía al poder legislativo el proyecto de ley de negociación ramal comprometido en su programa. Así también está pendiente conocer si la clase trabajadora chilena podrá hacer frente y sobreponerse a la ofensiva comunicacional que una iniciativa como esta provocará en los gremios patronales y su corte de vocingleros.

* Aparece en Impuestos justos para el Chile que viene.

Fotografía extraída de Sintec Chile