[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la apelación de la empresa Inversiones Intercorp Limitada -vinculada a Julio Ponce Lerou- y confirmó la sentencia pronunciada por el Juzgado de Policía Local de Río Bueno, que condenó a la empresa a pagar al Estado de Chile una indemnización por 91.734.900 pesos por infracción a la ley de bosque nativo.
La denuncia fue presentada por CONAF ante el juzgado de Policía local de Río Bueno y señala que la empresa cortó 11,9 hectáreas de bosque nativo y 0.3 de plantaciones de pinos, sin contar con un plan de manejo autorizado por la entidad estatal, en el Fundo Puyehue.
La Corte de Apelaciones dio la razón a CONAF y fijó una multa por 91.734.900 pesos por infracción a la ley de bosque nativo, además de obligar a la empresa a reforestar las superficie talada.
El fallo sostiene que «(...) teniendo presente que el régimen de preservación del bosque nativo constituye el desarrollo del deber constitucional del Estado de preservar la naturaleza, y conteniendo el artículo 51 de la Ley N° 20.283 una sanción que busca desincentivar el corte ilegal de árboles, ha de interpretarse la expresión «valor comercial» referida al valor de transacción de los productos. Concurre a favor de esta conclusión que el Tribunal Constitucional ha sostenido que la multa fijada en el artículo 51 de la Ley N° 20.283 resulta idónea, necesaria y proporcional para proteger el bosque nativo, en tanto se calcula bajo un parámetro de estimación asociado al valor comercial de los productos, y cuyo objetivo es desincentivar el corte ilegal de árboles haciendo más costosas las sanciones que el efecto de la actividad ilícita (Rol 2884-15-INA, 26 de julio de 2016)».
Miles de hectáreas de esta región están en manos de Ponce Lerou. Este sujeto se adueño de varios fundos a través de oscuras prácticas cuando se encontraba a cargo de la CONAF entre los años 1974-1979.
Recientemente, tras recurrir a la Corte Suprema, Inversiones Intercorp Limitada ganó una demanda al Ministerio de Bienes Nacionales. La entidad pretendía que la empresa del ex yerno del tirano devolviera 2.428 hectáreas de un fundo que colinda con el Parque Nacional Puyehue. Dichos terrenos son calificados por la empresa como valiosos por sus recursos forestales y la capacidad para alojar hidroeléctricas.