[Resumen.cl] El pasado 7 Mayo, vecinas y vecinos agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna (MSVD) irrumpieron en Santiago, denunciando que la iniciativa legal de "Integración Social" pretende concesionar las reservas públicas de suelo y regular el territorio de acuerdo a las demandas del mercado inmobiliario. Las pobladoras y pobladores afirman que esta iniciativa de ley del gobierno de Sebastián Piñera y su Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg -antecedida por los decretos DS19 – DS 116 del segundo gobierno de Michelle Bachelet- entregará a concesión los suelos públicos a empresas privadas. Todo lo anterior profundizaría la exclusión y el endeudamiento de las familias. Resumen entrevistó al Movimiento Solidario Vida Digna (MSVD), quienes nos contaron su historia, perspectivas y proyecciones.

¿De qué manera se constituyó el MSVD y cuáles son sus formas de entender la lucha por la vivienda?

El movimiento se constituye el año 2016 en la periferia sur de Santiago, tras una serie de reflexiones en torno al trabajo territorial que se venía realizando en la Población La Bandera, el cual estaba principalmente ligado a Educación Popular y Cultura. En ese marco, es que se identifican una serie de limitantes al momento de desarrollar únicamente experiencias de autoconstrucción en los territorios, sin acompañamiento de otras acciones de lucha. Surge así, la decisión de impulsar conflictos reivindicativos, que pudiesen desarrollarse desde los territorios que habitamos, para entrar en confrontación con la institucionalidad y la clase política, en pos de conseguir conquistas concretas para nuestras vidas y comunidades.

En este contexto es que surge la oportunidad de levantar los primeros comités de vivienda, que a su vez responden a una de las necesidades más apremiantes que existe en las poblaciones, conquistar un hábitat digno. No obstante, comprendíamos que no podíamos repetir los errores de las luchas gremiales, por lo que no establecimos a la vivienda como nuestro foco central en la lucha, sino como un medio que nos permitiera proyectar la construcción de Comunidades Organizadas, que incluyeran una propuesta ecológica, de clase y despatriarcalizadora.

¿Qué tipo de iniciativas, trabajos grupales e instancias comunitarias se han levantado desde el MSVD?

Actualmente en el Movimiento se federan iniciativas territoriales de Lo Espejo, Huechuraba y La Bandera, que intentan trabajar de manera integral, la construcción de Comunidades Organizadas. Por lo tanto, si bien la mayoría de los contenidos se trabajan desde las asambleas de Allegadas/os, estos no se refieren únicamente a vivienda. De esta manera, se han desarrollado trabajos educativos en torno a Escuelas Comunitarias resignificando el proceso educativo, y vinculándose con diferentes comunidades, tales como niñas/niños, jóvenes y migrantes de la comunidad haitiana, desde la metodología de la educación popular; reconstrucción identitaria, cultura popular y recuperación de espacios públicos; también a través de carnavales, donde la experiencia más significativa ha sido el Carnaval de la Población La Bandera, que este año celebra su 9na edición; Trabajo Feminista, impulsado por las Asambleas de Mujeres para hacer frente a la violencia patriarcal presente en nuestros territorios, organizaciones y hogares; y ahora últimamente, explorando la gestión cooperativa, tanto en torno a un nuevo modelo de gestión de hábitat, como economía barrial en términos de constituir experiencias de trabajo en torno al oficio de encuadernación.

¿Cuál es su postura frente al proyecto de Ley de Integración Social? ¿Consideran que será integradora y social?

El proyecto de "Integración Social" que por título suena bien, esconde en su contenido una serie de regresiones para el movimiento de pobladores/as que nos preocupan, considerando que es una clara avanzada neoliberal en cuanto al hábitat. En este sentido, mientras el Gobierno de Sebastián Piñera habla sobre la llegada de viviendas sociales a áreas consolidadas de las grandes ciudades, en verdad lo que va a pasar, es la entrega en bandeja de suelos urbanos a las empresas inmobiliarias. ¿Cómo lo piensa hacer este gobierno? Para nosotros, a través de dos claros mecanismos. Por un lado, la concesión de suelo público por un tiempo prolongado a empresas privadas, y por otro, la configuración de Zonas de Integración Urbana, que le permitirá a las inmobiliarias construir con mayor densidad, a cambio de incluir un porcentaje mínimo de viviendas sociales (nadie sabe cuánto), ampliando así su margen de ganancia. Esto último, pasando incluso por encima de los instrumentos de planificación territorial existentes, tales como los Planes Reguladores Comunales y Metropolitanos.

Además, dicha ley vendrá a profundizar los decretos de Integración Social, los cuales impiden la postulación colectiva a través de comités de Allegad@s, desincentivando cualquier forma de participación al movimiento de pobladores, entregando todas las decisiones de diseño a las Entidades Desarrolladoras, lo que generará que 7 de cada 10 familias que desean conseguir la vivienda, tengan que endeudarse.

Por lo mismo, para nosotras y nosotros es incomprensible que una ley y un cuerpo de decretos construidos a la espalda del movimiento de pobladores, y con un claro objetivo económico, pueda ser inclusivo. Somos enfáticos al decir que es imposible construir una legislación de Integración Social, sin la participación del movimiento de pobladores/as, porque confiamos en el rol activo que podemos cumplir.

¿Cuáles son las trabas que enfrentan las comunidades organizadas para incidir en la planificación y concreción de los proyectos habitacionales?

Hay un sin número de trabas en el actual modelo de gestión habitacional, caracterizado, principalmente, por su estructura subsidiaria que viene perfeccionándose desde finales de los años 70'. Es decir, la externalización del problema desde el Estado hacia las empresas inmobiliarias, específicamente, a la Cámara Chilena de la Construcción, utilizado por éstas como un nuevo nicho de negocio. Esta preponderancia de los actores privados en el diseño, planificación y ejecución de los proyectos habitacionales, reemplazando el rol del Estado, deja completamente fuera de la ecuación a las y los pobladores, quienes actualmente no tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir. Somos vistos como beneficiarios que no sabemos del tema, y que debemos aceptar únicamente las propuestas realizadas por los equipos técnicos del Estado y de las empresas inmobiliarias, ajustándonos a lo que alcanza con el exiguo subsidio y con los márgenes intransables de ganancia de los privados. De esta manera, las trabas vienen sujetas a que en Chile no está consagrado el derecho a la vivienda en ninguna de sus aristas.

En este sentido, las propuestas autogestivas que diferentes movimientos de pobladores hemos conquistado en nuestros proyectos habitacionales, surgen a raíz de la presión y la lucha que hemos desempeñado, pero jamás por la voluntad política del Estado, sin importar el Gobierno de turno. El modelo de gestión del Ministerio de Vivienda es claro, no cree ni comprende el rol de productor del hábitat de las y los pobladores, sólo se interesa en trabajar en pos de generar un monopolio inmobiliario de los privados.

¿Cuáles son sus proyecciones y en qué se encuentran trabajando en este momento?

Actualmente, estamos disputando cuatro proyectos habitacionales en la Región Metropolitana, distribuidos en las comunas de La Pintana, San Ramón, Huechuraba y Lo Espejo. Si bien cada uno de éstos tiene matices dependiendo de las necesidades e intereses de las asambleas, apostamos por generar el mayor protagonismo posible en la planificación, diseño y ejecución de los proyectos habitacionales. Esto, con el fin de tensionar el actual modelo habitacional, y producir un modelo autogestionado y participativo en los diferentes ámbitos que involucra éste. Por lo mismo, también hemos explorado el modelo cooperativo como medio para alcanzar dicho objetivo.

Por otro lado, apostamos por fortalecer el desarrollo integral de estos futuros barrios, más allá del enfoque viviendista, en perspectiva de lograr construir Comunidades Organizadas que puedan tener control y decisión en sus territorios. Creemos que éste es uno de los desafíos y proyecciones más complejas, dado que normalmente los comités y asambleas de vecinas y vecinos sin techo terminan desarticuladas tras conseguir el objetivo de la casa propia. Para nosotras y nosotros, ahí la lucha recién comienza, puesto que en términos prácticos se inicia la conformación de Comunidades Organizadas, que deben velar por erradicar la violencia patriarcal de sus territorios y habitantes, desplegar nodos productivos comunitarios para hacer frente a la cesantía y el trabajo precario, generar instancias educativas y culturales que tensionen el proceso educativo formal, además de mantener y profundizar los niveles de organización y lucha ya desarrollados.