Docentes, especialistas y organizaciones advierten que el aumento de los episodios de violencia en los colegios chilenos refleja no solo una crisis educativa, sino también una fractura social más amplia. La falta de recursos, políticas públicas ineficaces y un discurso mediático punitivo estarían agravando el problema.

Violencia escolar en el aula: más que un problema educativo

La violencia en los establecimientos escolares de Chile ya no es un hecho aislado, sino parte de una realidad que se ha vuelto cotidiana. Hace unas semanas, el Colegio de Profesores se manifestó exigiendo poner fin al maltrato hacia los trabajadores de la educación. Sin embargo, las soluciones aún parecen centrarse más en proteger a los funcionarios que en abordar las causas estructurales de la violencia.

Francisco Castillo, profesor de historia en Talcahuano y dirigente del Colegio de Profesores del Biobío, plantea que el aumento de la violencia en las escuelas no puede entenderse sin su contexto social:

"Es imposible descontextualizar la violencia escolar de la violencia que vivimos como sociedad. El narcotráfico, el resolver los conflictos con agresión, todo eso ha permeado las escuelas".

Castillo sostiene que los docentes, asistentes y estudiantes están expuestos a dinámicas de agresión constantes. Cita casos como el de una colega en Trehuaco y un docente apuñalado en Talcahuano por intervenir en una pelea entre estudiantes, para graficar cómo la violencia se ha normalizado incluso entre adultos dentro de la comunidad educativa.

Según el Colegio de Profesores (2022), el 32% de los docentes ha sufrido agresiones, mientras la Supereduc registró denuncias en el 28% de los colegios del país.

Falta de recursos y políticas insuficientes

La ley de convivencia escolar ha sido una de las principales herramientas del Ministerio de Educación para enfrentar este fenómeno, pero su implementación es deficiente. Castillo denuncia que muchos establecimientos no cuentan con recursos ni profesionales capacitados para hacerla efectiva:

"Hay una desconexión entre el discurso y la práctica. Si no hay recursos, las políticas quedan en letra muerta".

El problema se extiende también a la inclusión educativa. Las subvenciones como el PIE, señala el dirigente, son insuficientes para responder a las complejidades de las escuelas más vulnerables. Según un Informe del Colegio de Psicólogos de Chile (2022), se reveló que el 68% de las escuelas públicas no cumple con la ratio recomendada (1 psicólogo/a cada 500 estudiantes). Otro informe del Colegio de Psicólogos del 2023, señala que Chile tiene en promedio 1 psicólogo cada 1,200 estudiantes.

Finlandia, un caso tan citado en las investigaciones chilenas sobre el sistema educativo, cuentan con 1 psicólogo cada 250 estudiantes.

Mientras Finlandia invierte USD 1,000-1,500 anuales por alumno en un sistema de bienestar escolar integral, Chile destina solo USD 6-50 mediante programas focalizados, sin cubrir necesidades básicas como psicólogos permanentes.

Por otra parte, un informe de la Cámara de Diputados detalló que el 45% de los colegios vulnerables gasta más en seguridad que en programas de convivencia. Según la Defensoría de la Niñez (2023), el 70% de los colegios vulnerables prioriza gastos en seguridad sobre salud mental. Esto coincide con datos del CIAE que muestran una brecha de financiamiento del 67% en municipios como Renca.

Violencia como síntoma de exclusión

Juan González, Doctor en Filosofía Moral y Política y miembro del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), sostiene que el fenómeno debe analizarse en profundidad:

"La violencia es una respuesta -a veces ciega- ante la desigualdad, la exclusión, la frustración. No podemos quedarnos en el síntoma".

Critica duramente cómo los medios de comunicación y ciertos sectores políticos reducen el fenómeno a meros actos de indisciplina, lo que lleva a respuestas autoritarias que agravan el problema:

"Las medidas como detectores de metales, revisión de mochilas o más seguridad no solo no funcionan, sino que afectan la convivencia. Generan temor y desconfianza".

González también llama la atención sobre cómo se criminaliza la protesta y se castiga a estudiantes de liceos emblemáticos, muchos de ellos provenientes de sectores populares. Las expulsiones han aumentado, especialmente en estos establecimientos, donde se reproduce una cultura punitiva que no ofrece alternativas reales.

«Estas escuelas [Liceos emblemáticos] están en el centro de la crisis de la educación pública. Escuelas a las cuales llegan  niños y niñas con sueños de un mundo mejor que no son de la comuna, pero que quieren ir a estos liceos por su historia, por su prestigio, por su proyecto históricamente reconocido. Hoy estas escuelas no seleccionan y reciben cada vez a más jóvenes de familias populares , que viajan de comunas periféricas para estudiar ahí y que se encuentran para su decepción con los problemas de siempre: baños en mal estado, salas frías, falta de equipamiento e infraestructura en general. Pero sobretodo, falta de un proyecto educativo que los acoja y que no solo los haga solo competir. Ese es otro problema, que puede a veces mezclarse con el anterior, pero que en muchas otras no!!. Y que algunas escuelas tratan de la misma forma, criminalizando toda protesta, oposición e indisciplina y esto por cierto genera mayor descontento y la protesta se vuelve más violenta.»

Políticas públicas sin ejecución efectiva

Desde el Colegio de Profesores se valora la reciente aprobación de la Ley Karin, que obliga a los sostenedores a denunciar agresiones contra funcionarios. Sin embargo, Castillo advierte que su aplicación ha sido débil:

"No todos los sostenedores están cumpliendo con la ley. Hay amenazas, hostigamientos y agresiones que quedan sin denuncia".

El dirigente insiste en que además de políticas educativas profundas, se deben enviar señales claras de protección hacia los trabajadores de la educación, especialmente frente a la violencia ejercida por adultos.

«Yo creo que ahí es donde es importante mandar una señal, especialmente a los adultos que ejercen como violencia hacia los funcionarios, yo creo que eso no puede tener ningún margen como de tolerancia, y ahí es donde creo que falta, o sea, está la ley, pero no está su ejecución por parte de los responsables de llevarlo a cabo» afirma.

Propuestas desde las comunidades

Tanto González como Castillo coinciden en que cualquier solución debe ser colectiva y participativa. Desde el OPECH se han realizado encuentros con estudiantes, docentes y apoderados donde surgen propuestas orientadas a la transformación cultural de las escuelas. Pero para que estas propuestas prosperen, se necesita voluntad política, financiamiento y un enfoque que no criminalice, sino que escuche y transforme.

"Hace un tiempo dimos una discusión sobre este tema con estudiantes, profesores apoderados» señala González. «Salieron varias  propuestas, todas orientadas a una dimensión de este complejo puzzle, complementarias entre sí, pero que requieren recursos, constancia, apoyo y sobre todo, participación de la comunidad. Participación auténtica."

Agrega que "Hay que preguntarse porque se promueve esta forma de abordaje, es necesario revisar críticamente el discurso punitivo que comienza circular por círculos académicos, autoridades y profesores en las escuelas." pues detrás de esto «hay un discurso anti pedagógico, de ethos autoritario, que podría legitimarse a través de esto en la escuela pública." fustiga.