En España, a estadísticas del 2022, había un 76% de familias que eran propietarias de sus viviendas, frente al 79,5% que lo era el 2010, es decir, en 12 años, un 3,9% dejó de ser propietario, creciendo así el grupo de arrendatarios o inquilinos, como les denominan en el Estado español. Estos se han organizado en sindicatos en las principales ciudades del país y han promovido masivas movilizaciones, exigiendo control al costo de los arriendos, así como la existencia de un mayor número de viviendas de carácter social. En el último congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el jefe de Estado, Pedro Sánchez, prometió la creación de una empresa estatal de construcción de viviendas, que baje sus costos y las garantice como derecho social a la población.

Por Joaquín Pérez

España, como todos los países del mundo, se ha visto afectado por el incremento del precio de la vivienda, que, en el caso del Estado español, se agrava en algunas zonas producto del alquiler de departamentos para uso turístico, lo que acrecienta el alza de los arriendos, que hoy afecta principalmente a la población más joven, que es también la que goza de menor ingresos por sus trabajos.

Desde hace unos años, se han venido desarrollando manifestaciones, que, en el último periodo, han cobrado una importante masividad por parte de sindicatos de inquilinos o arrendatarios, los que han logrado arrebatar al gobierno algunas leyes, como la denominada "ley de vivienda", que fija los precios máximos de arriendos en áreas que define como "tensionadas».

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Este fin de semana se desarrolló en Sevilla, la capital de Andalucía, la región autónoma más poblada del país, el 41 Congreso Federal del PSOE, en cuyo discurso central, el secretario general del partido y presidente español, Pedro Sánchez, confrontó a la derecha española, en busca de voto juvenil: "¿La derecha critica la ley de vivienda? Pues tengo un anuncio importante que hacer a los españoles: vamos a crear una empresa estatal de vivienda". Entre aplausos, vítores y puños en alto, la propuesta se convertía en el principal anuncio del Congreso del PSOE, que finalizó el domingo 1 de diciembre.

Esta nueva empresa pública, según Sánchez, debería ser "capaz de construir y administrar viviendas desde la administración del Estado", palabras complementadas este lunes por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que precisaba que esta agencia estatal serviría para "combatir" a las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda. En clara alusión a las regiones gobernadas por el Partido Popular y VOX, derecha y extrema derecha española.

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Cabe esperar que, para el bien de la ciudadanía del Estado español, el anuncio vaya más allá del marketing político y los cálculos electoralistas, y se materialice de verdad una empresa estatal que construya viviendas y garantice ese derecho social.

Como alguna vez lo tuvo Chile, con la CORVI (Corporación de Vivienda) creada en 1953 por el gobierno de Ibáñez y que perduró hasta 1976, cuando la dictadura de Pinochet termino con ella.

En aquellos años el Estado en Chile no solo estaba involucrado directamente en la construcción de viviendas, también en la construcción de establecimientos educacionales (Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales), hospitales (Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios), estadios o gimnasios (Corporación de Construcciones Deportivas), Obras Sanitarias, Obras Portuarias, CORMU (corporación de Mejoramientos Urbanos), etc.

En Chile actualmente la situación es aún más dramática que en España. En 2010, solo el 65,5% era propietario de su vivienda y en 2022, apenas lo era un 57%. En los últimos años, más de un 1,5% deja de ser propietario anualmente, por lo que, de seguir este ritmo, en menos de 5 años, más de la mitad de la población chilena no tendrá casa propia.