El estado de excepción permanente sobre territorio mapuche, específicamente sobre las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, decretado por el gobierno de Gabriel Boric y renovado sistemáticamente en el Congreso, ha permitido la implantación ya no solo de controles, sino de bases o enclaves militares en las proximidades de territorio en conflicto y cercanía de comunidades mapuche en resistencia.

Por Joaquín Pérez

Esto como una medida militar de carácter más estratégico y de largo plazo en el intento por parte de los Estados chileno y argentino por controlar el último de los levantamiento del pueblo mapuche iniciado en 1997.

En el caso de Chile, además de la abierta y descarada militarización del territorio que hace un gobierno que se presentó a la ciudadanía como de izquierda, viene aparejada una abierta utilización de los órganos judiciales como armas represivas. Esto ya no de forma encubierta, sino pública y abierta, como lo demuestran las reuniones de coordinación entre los órganos represivos del Estado chileno, incluidas instituciones de inteligencia, donde participan también autoridades políticas y judiciales.

Te puede interesar| Historiador Martín Correa y militarización del Wallmapu: «Poca diferencia tiene con la ocupación militar de los días posteriores al Golpe de Estado»

Estas reuniones de coordinación del estado de Excepción, se inscriben dentro de la lógica de la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno, impuesta desde la Escuela de las Américas, que tiene un reguero de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro continente, especialmente de pueblos originarios. No es de extrañar que volvamos a ver todos los abusos judiciales por los que ya ha sido condenado Chile en instancias internacionales, como los excesivos tiempos de las prisiones preventivas de comuneros o las sentencias en base a presunciones y no pruebas fidedignas, la aplicación de las pinochetistas leyes de seguridad interior del Estado u organización ilícita, o la utilización de testigos sin rostros a la usanza de la dictadura fujimorista en Perú.

Un ejemplo de ellos son las detenciones de personas públicas que han efectuado vocerías o representan una opinión crítica al actuar del Estado chileno y las empresas forestales en el Wallmapu. Específicamente la detención del ex sacerdote Luis García Huidobro o la doble detención del vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), Rafael Pichun.

El primero, una persona avecindada en la provincia de Arauco, reconocida por su actividad a favor de la causa mapuche y que desarrolla trabajos de restauración ecológica sobre terrenos degradados por la industria forestal.

El segundo, Rafael Pichun, proveniente de una familia de larga tradición política en el pueblo mapuche que se adentra en la época colonial y los parlamentos. Pichun incluso fue detenido dos veces, en forma torpe y ridícula, la primera de ellas declarada ilegal por los propios tribunales de Temuco.

Esta política de golpear a caras públicas y reconocidas del conflicto, no es casualidad y obedece a una estrategia, diseñada desde el Ministerio del Interior y los organismos de inteligencia del Estado chileno, obedece a un plan que pretende ir más allá de la contención de las acciones reivindicadas o atentados como los denominan las autoridades políticas, sino más bien pretende un salto delante de las políticas colonialistas y antimapuche que va más allá del plano militar y pasa al escenario político.

El Estado chileno hoy dinamita todo posible puente de diálogo para dar solución política a un problema político e histórico y pretende a través de la fuerza militar imponer sus términos incluso sobre aquellos que reivindican vías políticas para superación del actual conflicto entre pueblo mapuche y Estado chileno.

Sin duda es una osadía mayor, por parte de quienes detentan el poder político, económico y militar en Chile, elevar a tal nivel sus objetivos estratégicos y no cumplirlos. Les puede garantizar una victoria táctica en este periodo, pero una derrota estratégica a largo plazo.