Este jueves, el Congreso de diputados y diputadas del Estado español aprobó definitivamente la ley de Memoria Democrática, con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. La nueva legislación viene a mejorar la ley de Memoria Histórica, de 2007, pasando ahora al trámite en el Senado. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) espera que el texto esté zanjado en septiembre.

Adrián Ríos Pincheira

Como era de esperar, la nueva ley ha tenido el férreo rechazo del PP y Vox, principales referentes de la derecha y ultraderecha respectivamente, quienes han amenazado con derogar el actual proyecto si ganan las próximas elecciones. Por otra parte, la socialdemocracia soberanista de ERC se abstuvo y grupos de izquierda catalana como la CUP han votado en contra por considerarlo totalmente insuficiente, en el contexto en que el gobierno no se allanó en traspasar el edificio de la Policía Nacional en Barcelona a la Generalitat para convertirlo en museo de la memoria, recordando que este lugar fue centro de torturas durante la dictadura franquista.

El diputado de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) lamentó el hecho de que las víctimas seguirán sin encontrar justicia en el Estado español, esto porque la ley tiene faltas graves en materia de indemnizaciones para las víctimas, entre ellas el retorno del patrimonio a agrupaciones sociales y cooperativas, "no se mantienen abiertas estas reivindicaciones, no hay que cerrar nada", ha dicho al respecto.

En el actual debate destaca la utilización de las derechas de las denominadas víctimas de ETA en función del empate moral respecto a las víctimas del franquismo, ello refrendado por la creación de una comisión técnica destinada a la identificación de las víctimas de la Transición (entre 1978 y 1983). A su vez, los grupos de republicanos y las organizaciones de víctimas han manifestado que el contenido de la ley es «insuficiente», ello porque la ley deja sin posibilidad de investigación judicial los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Los grupos soberanistas e independentistas como ERC, Junts, CUP, EH Bildu o Más País han acusado este asunto en la ley.

El forense Paco Etxeberria, asesor de la Secretaría de Memoria Democrática, en entrevista con Radio Euskadi, señaló que esta ley ayudará al reconocimiento y vulneraciones contra los derechos humanos, fortaleciendo la democracia y reconociendo cuestiones pendientes y no investigadas por nadie, gracias a una nueva conciencia social. Agrega que es un avance que se reconozcan tipologías de perseguidos como por el uso de idiomas distintos al castellano o por su orientación sexual.

Etxeberría señala que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, provincias del País Vasco, se estima un censo de entre 5.000 y 6.000 personas ejecutadas, en otras zonas se calculan cifras mucho mayores, en Andalucía serían 55.000 y, solo en Córdoba capital, 3.000. Un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja en Sevilla, recuperando 1.200 cadáveres con tiros en la cabeza.

Por otra parte, el centro de la discusión parlamentaria ha sido la Ley de Amnistía de 1977, aun en vigor, y que no se modificará, arguyendo «la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada», como sentencia el texto. Para el Gobierno se establece que «todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Para los colectivos memorialistas la incorporación de este cambio no erradica la anomalía histórica que obliga a las víctimas de la dictadura a buscar justicia fuera del Estado español. «La herida seguirá sangrando, porque sigue en vigor la ley de amnistía», dijo la parlamentaria republicana Carolina Telechea.

Ahora bien, entre los cambios introducidos, se establece expresamente la búsqueda de las cerca de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, tarea encomendada a la Administración General del Estado, lo que no impide hacerlo a otras administraciones públicas. Entre las acciones se contará con la creación de un banco estatal de ADN y un censo de víctimas de personas fallecidas y sobrevivientes, con su consentimiento.
Asimismo, se contará con un Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, destinado a la investigación de violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, esta Fiscalía tendrá atribuciones en los procesos de búsqueda de las víctimas.

La nueva ley «declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar», periodo que se inició con el golpe de Estado y que, «como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática» señala el texto.

Un aspecto importante es el reconocimiento de la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, actuantes desde el 18 de julio de 1936, declarando nulas sus resoluciones y condenas. Así, «se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo».

El texto plantea la extinción, aunque no declara ilegales, las fundaciones como la dedicada al dictador Francisco Franco, y que hagan apología del franquismo o enaltezcan a sus principales dirigentes menospreciando a las víctimas o incitando al odio. Entre las extintas está la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, pasando a llamarse Valle de Cuelgamuros para reconocer las circunstancias de su construcción «con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».

Por último, la nueva ley suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España promulgados entre 1948 y 1978, entre los que figuran los Ducados de Primo de Rivera, de Calvo Sotelo y de Mola. No menos importante es la garantía del derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados relativos a los hechos ocurridos entre 1936 y hasta 1978.

Imagen extraída de heraldo.es