[resumen.cl] De las 17 personas detenidas, cuatro quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva durante los 120 días que dure la investigación. Tras la realización de los allanamientos, la población ha cuestionado las evidencias difundidas por los medios de comunicación, los cuales tuvieron acceso a las carpetas y partes policiales pese a ser una investigación aún en curso.

Luego de un amplio allanamiento ocurrido el viernes 19 de marzo en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, 17 personas fueron detenidas por orden de la Fiscalía de Tarapacá por cargos de asociación ilícita, fabricación de artefactos incendiarios y daños a la propiedad pública y privada en el marco de las protestas iniciadas con el Estallido Social.

Pese a que durante la misma jornada solo una persona quedó en prisión preventiva, mientras el resto con otras medidas cautelares como arresto domiciliario o arraigo nacional, el sábado 20 de marzo la Corte de Apelaciones de Iquique decretó la prisión preventiva de otras tres personas luego que el fiscal Maximiliano Mariangel apelara.

Ante esto, de parte de familiares y organizaciones se ha acusado públicamente la elaboración de un montaje contra las personas actualmente procesadas, cuya investigación se realizará en un plazo de 120 días.

El abogado Enzo Morales describió la situación como parte del cúmulo de «operaciones mediáticas junto a los grandes medios de comunicación de masas con la Fiscalía y la policía, que después quedan en nada». En esta línea, con una categoría de «operación política», el abogado criticó el hecho de que se vincule a las y los manifestantes del Estallido Social con la realización de delitos comunes.

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En la misma línea, duras críticas han recibido las pruebas que han difundido diversos medios de comunicación. No solamente las incautadas en los allanamientos, las cuales cuentan de computadores, mascarillas y botellas vacías, sino también las que La Tercera difundió, conceptualizando el caso como «Operación Cavancha».

Y es que el acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía ha sido uno de los tantos cuestionamientos que ha recibido la investigación en ciernes, donde el medio tuvo acceso a los antecedentes que se han recopilado, mediante la coordinación con el OS-7 de Carabineros, para realizar las formalizaciones y establecer las medidas cautelares.

Desde una descripción de una supuesta «estructura organizacional criminal» hasta la conformación de grupos de coordinación es lo que contemplarían los informes policiales. Asimismo, la carpeta contaría con solo 20 interceptaciones telefónicas y la sistematización de seguimientos contra las personas imputadas.