Estudiantes acusan a universidad de persecución y de intentos de infundir miedo en los estudiantes
"La universidad a establecido dos acciones legales infundadas, cuyo objetivo es instaurar el miedo en los estudiantes y demovilizarnos" asegura Gonzalo Rojas, presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, luego de enterarse de estas acciones emprendidas por la casa de estudios.
Los estudiantes de esta universidad igualmente se mantuvieron movilizados estos últimos meses realizando varias acciones públicas de denuncia y ocupando el recinto universitario, su objetivo era obtener que en los espacios en los cuales se toman las decisiones ellos fuesen parte, mejoras de infraestructura, reducción del costo económico de la matrícula, congelamiento de aranceles, igualdad de condiciones entre las distintas sedes de la universidad en el país y un aumento de fondos para becas administradas por los estudiantes. A lo largo de la movilización los directivos de la institución se negaron a llegar un acuerdo con los estudiantes, nos cuenta Gonzalo que hasta el día de hoy la universidad no dialoga con ellos. No obstante, los estudiantes, gracias a su movilización, consiguieron subir los fondos económicos administrados por los estudiantes, se establecieron mesas de trabajo para solucionar el problema de infraestructura, lograron instaurar un bloque libre; sin embargo, queda pendiente para futuras movilizaciones avances relacionados con el tema de reducción de matrícula y congelamiento de aranceles.
Las movilizaciones concluyeron los primeros días de diciembre ya que los estudiantes decidieron terminar normalmente el semestre, luego de ser amenazados por la casa de estudios de cerrar sí o sí el 8 de diciembre dicho periodo de estudios. Recordemos que el 2009 ya se registra la arbitraria decisión de cerrar el semestre por parte de la universidad mientras los estudiantes se mantenían movilizados, afectando a varios alumnos que perdieron su semestre.
No obstante, hoy los estudiantes denuncian que la universidad para amedrentar y desmovilizar a los universitarios ha decidido establecer dos recursos legales en contra de los estudiantes movilizados, el primero es un recurso de protección en contra de la federación y dos estudiantes particularmente por los desordenes que se causaron al momento en que se tomaron la universidad, acusándolos de secuestro. Los estudiantes nos cuentan que ese día, cuando se estaba realizando la ocupación del recinto educacional un grupo de directivos se encerró en una oficina con el objeto de declararse como secuestrados por los estudiantes. Para los movilizados esto fue una acción planificada porque desde ese mismo momento estos directivos ya estaban hablando de secuestro, por el contrario lo que los estudiantes querían era que estas personas se retiraran del lugar para así hacer efectiva la toma. El funcionario que puso el recurso fue Gonzalo Núñez, encargado de administración y finanzas de la casa de estudio.
Igualmente Gonzalo, nos señala que actualmente se han dado cuenta que hay querellas en curso en contra de 10 compañeros, siete de ellos fueron detenidos en una manifestación que se hizo fuera de la universidad mientras estuvieron en toma y tres que no se explican sus acusaciones, ya que no habían sido detenidos. A este grupo se les está sindicando con cargos como hurto simple, daños simples, robo en lugar no habitado, amenazas contra personas y la propiedad y desordenes públicos.
Los universitarios declaran que estas son acciones desproporcionadas y además que solo buscan asustar y desmovilizar, ya que ni siquiera se acusa con pruebas fehacientes. El objetivo de la universidad al emprender este tipo de acciones es establecer en los estudiantes la lógica de que movilizándose solo se pierde, pierdes el semestre y pierdes la posibilidad de seguir estudiando, por lo tanto su política no es negociar ni consensuar con los estudiantes, sino que no tranzan un ápice en su postura de la mano de la represión avalada por los órganos del Estado.
Actualmente los estudiantes que están siendo acusados no han sido notificados de lo que se les acusa, pero en conjunto con la Defensoría Popular Concepción evalúan acciones legales y pasos a seguir.
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