[resumen.cl] El informe elaborado por el área de Investigaciones del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP) presenta una sistematización de registros sobre la violencia policial, el despliegue de los movimientos sociales e hitos institucionales que han marcado a las policías durante la postdictadura chilena, recopilando un total de 740 casos entre 1993 y 2020.

A fines de 2020, el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP) hizo público su primer informe sobre el «Mapa de Violencia Policial, Movimientos Sociales e Hitos Institucionales», proyecto que ha sido sostenido desde el año 2018, y que recorre una temporalidad desde el conocido "Caso Apoquindo" o "Masacre de Apoquindo" de 1993.

En conversación con RESUMEN, Yaiza Lorenzo Chamorro, Coordinadora del proyecto, y Valeria Torreblanca López, Directora del área de Investigaciones de OPIP, dieron a conocer que el Mapa consiste en un «registro sobre hechos de violencia policial, movimientos sociales e hitos institucionales desde 1993 a la actualidad«, cuya necesidad «radica en poder conocer cuáles son las prácticas de las policías, ver si estas son sistemáticas y cómo se relacionan con los movimientos sociales que han ocurrido en Chile postdictatorial«.

Sobre la violencia policial, enfatizan en la importancia de crear una sistematización ante la poca o nula trascendencia de las denuncias realizadas por la sociedad, lo cual provoca «que ni las policías ni las autoridades competentes se hagan cargo de las acciones y ofrezcan una reparación integral a las víctimas«.

El informe, con una extensión de 41 páginas, da cuenta de 740 casos entre 1993 y 2020, entre los que la violencia policial ha sido dirigida hacia «estudiantes, disidencias sexuales, comunidades mapuche, recientemente el movimiento feminista y les niñes y jóvenes del país«. A nivel territorial, este negligente actuar se dirige a los movimientos socioambientales, donde casos como Freirina o Puerto Montt han sido reflejo de aquello.

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Respecto a la llamada «modernización» de las policías, Lorenzo y Torreblanca señalan que «no han generado cambios profundos en las instituciones policiales, de hecho el mayor cambio registrado es la Ley 20.050, la reforma constitucional con la que Carabineros de Chile pasa de depender del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública«. En la misma línea, indican que «ni siquiera con la implementación del Plan Cuadrante, que comenzó su plan piloto en 2006, se realizaron reformas relevantes a la estructura de Carabineros, y eso explica en parte el fracaso de este programa, que ha sido criticado por no responder a su objetivo principal: mejorar la seguridad de los barrios, teniendo una estrecha relación con los vecinos y vecinas«.

En este sentido, en los 30 años de postdictadura «no se ha planteado el realizar una reforma o modernización estructural que realmente cambie la lógica en la que funcionan las policías«, por lo que, afirman, es fundamental que la temática sea tratada en el proceso constituyente, partiendo de la base de la refundación de las policías «con un piso mínimo de: participación social vinculante, respeto irrestricto a los DDHH y con perspectiva de género, pero por sobre todo, teniendo como foco la reparación y justicia a las víctimas de violencia policial«.

A modo de cierre, señalan que «algunas de las cosas que hay que cambiar son: una subordinación real a las autoridades civiles, reducir la autonomía con la que toman decisiones, revisar las materias de secreto y cómo este recurso es utilizado para ocultar información, formación integral para un respeto irrestricto de los derechos humanos, y generar instancias en que la sociedad civil participe de la toma de decisiones y rendición de cuentas«, como también dar paso a la judicialización de los responsables de la sistemática violencia policial.

Así, invitan a participar en una Escuela Constituyente donde se debatirá sobre las policías en Chile «construyendo un espacio de autoformación y pensamiento crítico respecto a las refundación de las instituciones policiales, a partir del cual elaboraremos el primer informe nacional sobre la actividad policial de cara al proceso constituyente«.

El espacio se realizará en cuatro sesiones y se desarrollará entre el 4 de enero y 14 de febrero. Para participar solo se debe enviar un correo a  [email protected].

Puedes descargar el informe completo haciendo clic acá.

Fotografía principal: AFP | DW