Familia de José Tralcal acusa displicencia desde Defensoría Penal Pública y nulo avance en abono de días a su condena

Descoordinación y nula comunicación por parte de la Defensoría Penal Pública con José Tralcal Coche -uno de los condenados por el caso Luchsinger Mackay- acusó su familia, refiriéndose a la lentitud del servicio en cuanto a los trámites que buscan conseguir un nuevo abono de días en la condena de 18 años que pesa en su contra.

Por Juan Contreras Jara

Para el 26 de febrero recién pasado el Juzgado de Garantía de Temuco revisaría la posibilidad de abonar 123 días a la condena del comunero perteneciente al Lof Lleupeko, pero su abogada no contaba con el certificado de firma emanado desde Carabineros, con el que se acredita el efectivo cumplimiento de la medida cautelar por parte de José Tralcal, y que debía estar en manos de Gendarmería. El documento fue exigido por una de las partes querellantes y por no contar con él, la audiencia debió ser suspendida y reprogramada.

Juan Carlos Tralcal, hijo del comunero condenado, explicó a RESUMEN que "solo tenía una constancia, pero no el certificado de Carabineros. Es como lógico que la Defensoría Pública tenga ese documento. Supuestamente esta era una diligencia que habían hecho".

Lo cierto es que la falta de dicho documento aplazará en un mes más la revisión del abono correspondiente a los días que el comunero pasó con arresto domiciliario durante el proceso de revisión de su condena en la Corte Suprema entre junio y octubre de 2018.

En abril de 2020 la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó el primer abono de 1.297 días, correspondiente a los casi cuatro años que estuvo procesado por el llamado caso Turbus y del que fue absuelto.

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Previo a este veredicto, en noviembre de 2019 mientras se solicitaba la revisión del primer abono de días por el caso Turbus, José Tralcal encareció a su defensor penal público, Juan Pablo Alday, que pidiera al tribunal considerar en dicho abono el arresto domiciliario que cumplió esperando el veredicto de la Corte Suprema, pero su abogado aconsejó ir por parte. El problema es que meses más tarde la Defensoría Penal Pública cambió de defensor sin previo aviso y la tramitación se estancó.

Luego, a principios de 2020 asumió como nueva abogada Catalina Salvo, quien en octubre del mismo año y por mandato de la defensoría fue también removida de la representación del comunero, sin dar información de quien asumiría dicha labor. Luego de presiones efectuadas desde la familia, Salvo respondió en febrero de este año que seguía a cargo del caso pero que estaba de vacaciones, por lo que fue otra defensora quien representó en la audiencia del 26 de febrero pasado a José Tralcal, nuevamente sin previo aviso y como ya se sabe, con falta de documentación.

Desde la familia Tralcal fustigaron que estas situaciones habrían dilatado el proceso que busca abonar los cuatro meses que pasó Tralcal con arresto domiciliario total, extendiéndolo por casi un año.

Actualmente José Tralcal, su familia y comunidad están a la espera de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el informe enviado en abril de 2019 y que da cuenta de los vicios del proceso judicial contra el comunero, que terminó condenándolo en base a un testimonio obtenido bajo tortura.

Cabe destacar que fue el mismo José Peralino, tercer condenado por el Caso Luchsinger Mackay, quien señalo en el estrado haber sido coercionado por personal de la PDI mediante tortura para firmar la declaración que terminó con  los primos Tralcal condenados, en primera instancia a cadena perpetua, y luego rebajada a 18 años de cárcel por la Corte Suprema.

Dicha Corte no ha respondido al emplazamiento, y el hecho de obtener los beneficios de abono de días a su condena es la única instancia revisoría que le queda a José y su familia en suelo chileno.

Por lo pronto, deberán esperar hasta el próximo 5 de abril para que el Juzgado de Garantía de Temuco vuelva a revisar la posibilidad de abonar los días que estuvo con arresto domiciliario durante 2018.

"Esperamos poder visibilizar la persecución que aún persiste, incluso después de la injusta condena. La cárcel y los juzgados de garantía siguen criminalizando y actuando con racismo político", concluyó Juan Carlos Tralcal.

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