[resumen.cl] Estos días, en que se la población toma resguardos para evitar contagios de Covid-19, han sido de profunda angustia para familiares de quienes cumplen la medida de prisión preventiva luego de imputársele delitos en el contexto de protestas intensificadas desde el 18 de octubre del año pasado.

Las condiciones carcelarias impuestas por el Estado chileno exponen a quienes deben permanecer en ellas a la vulneración de diversos derechos humanos, como "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr… sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social". El hacinamiento, la infraestructura deficitaria son algunos de los factores que determinan esta situación y hacen de las cárceles chilenas recintos propicios para la transmisión de múltiples enfermedades. Y es esto lo que preocupa a familiares.

Berty Lara, madre de Ignacio Caamaño Lara, una de las personas que permanece en prisión preventiva, indica que esta preocupación aumenta porque se han suspendido audiencias destinadas a revisar la medida cautelar de prisión preventiva que les pesa, sin que tengan ninguna posibilidad de atenuarla y acceder a una menos gravosa. Ante esta situación, Berty Lara plantea que es necesario que el poder judicial reconozca la desproporcionalidad y lo injustificado de la medida, y así esta cambie a una que no deba cumplirse en la cárcel.  También les preocupa la disminución de la periodicidad de visitas y cantidad de visitantes. Hasta este domingo eran dos veces a la semana y podían entrar hasta cinco personas por encarcelado, sin embargo desde este lunes se redujeron a una por semana con solo dos personas.

De acuerdo al colectivo No más presxs por luchar, entre la provincia de Concepción y Arauco han catastrado a 16 personas imputadas en el contexto de las protestas sociales, de las cuales 11 están encarceladas bajo la medida de prisión preventiva. De ellas, 9 están en la cárcel El Manzano, una en Coronel y otra en Lebu.

Desde hace tiempo, la medida cautelar de prisión preventiva se ha utilizado como un mecanismo de castigo contra personas de las cuales no se tienen indicios y menos pruebas de los delitos que se le imputan. Así lo han experimentado integrantes de comunidades mapuche desde que se comenzó a implementar la reforma procesal y que han recibido la absolución luego de realizar extensas huelgas de hambre, consiguiendo que el poder judicial reconociera lo que hasta entonces negara: la inexistencia de pruebas condenatorias. Ahora, el Estado está aplicando la misma treta contra la población chilena movilizada, exponiendo a una cantidad de creciente de personas a la vulneración constante de derechos propia del sistema penal chileno.

Foto extraída de instagram.com/nomaspresxsporluchar/