Fidel Lajara Erices, coordinador de CODEPU, sobre suicidio de preso del Estallido: "El Estado de Chile lo dejó morir"
La semana pasada se informó de la lamentable decisión del preso político del Estallido Social, David Gómez, de terminar con su vida. En el siguiente escrito, Fidel Lajara, coordinador del equipo psicosocial de CODEPU, aborda cómo el Estado abandonó a Gómez.
Por Fidel Lajara Erices | Coordinador Equipo Psicosocial, CODEPU
La Corporación por la Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, lamenta con profundo pesar la muerte de David Isaías Gómez Valenzuela, víctima de discriminación clasista en un injusto proceso judicial y de torturas tras su detención en el contexto de las manifestaciones durante el Estallido Social.
A mediados de septiembre de 2020 David fue detenido por Carabineros de Chile tras participar en las manifestaciones en el contexto del Estallido Social. Condenado a tres años, la mayor parte del tiempo fue encerrado en módulos con privados de libertad de alta peligrosidad. Ahí fue víctima de amenazas contra su vida y violencia frecuente de parte de la población penal, además del personal de Gendarmería.
¿Qué hizo el Estado de Chile para reparar en esto?, a la fecha, no existieron medidas concretas de reparación.
A inicios de julio del año siguiente, tras el sensible fallecimiento de su madre, Gendarmería lo traslada a sus funerales y entierro. David se entera mediante acciones informales y sin acompañamiento psicológico, en total perplejidad.
¿Qué hizo el Estado de Chile para reparar en esto?, a la fecha, siguen sin existir medidas concretas de reparación.
Luego de la muerte de Sebastián Méndez, en octubre de 2024, el caso de David es el octavo a nivel nacional por la misma causa. Y así somos testigos de cómo jóvenes víctimas de mutilaciones, tortura y privación de libertad, no han tenido un proceso judicial justo y son víctimas de la ausencia de toda posibilidad de reintegración social.
Como CODEPU insistimos en la urgente necesidad de un compromiso político real para la construcción de una política pública de Reparación que no se limite en el modelo médico, psicológico y tutelar, sino que integre elementos concretos de reconocimientos institucionales y culturales para una reparación íntegra de las víctimas. Y en esta línea, no debe quedar fuera el reconocimiento y acompañamiento a las personas que se vieron en la obligación de modificar su forma de vida, tal como ocurre, sin ir más lejos, con las víctimas de trauma ocular.
Peor aún, la ciudadanía es testigo de parlamentarios y dirigentes políticos que se autorizan, sin saber desde cuál autoridad ética, moral y política, a tratar a quienes participaron de las manifestaciones del Estallido Social como "delincuentes". Sin argumentos ni pruebas judiciales concretas. Es por esto que no debe dejar de ser urgente la sanción ante acciones de criminalización, agravios e injurias públicas contra las personas, ya sean manifestantes o dirigentes sociales.
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La prisión no puede ser una herramienta de persecución y tortura contra la sociedad civil a partir de sus ideas políticas. Catalizar y fortalecer acciones de connotación pública que promuevan el reconocimiento de las víctimas de violaciones de DDHH en el contexto de la dictadura civil-militar y el llamado Estallido Social, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, es una urgencia. La memoria de los pueblos no puede ser monopolizada por la racionalidad archivística de las instituciones formales.
David Gómez Valenzuela fue un joven poblador que creció en condiciones de desigualdad, torturado en la cárcel de Santiago 1, objeto de propaganda política por parte del Ejecutivo y finalmente abandonado a su suerte. El Estado de Chile lo dejó morir. A él y a otros 7 compatriotas.
¿La sociedad civil chilena en democracia debe vivir bajo la amenaza de las mutilaciones, desapariciones, tortura en las cárceles y la muerte, si se manifiesta contra la injusticia y el abuso de poder?
